Así fue el "narconegocio trucho" del abogado argentino vinculado a la familia de Pablo Escobar

La página 118 del procesamiento firmado a mediados de este mes por el doctor Néstor Barral, titular del Juzgado Federal N° 3, contiene una reproducción de un pequeño documento, apenas una carilla. El texto data del 15 de febrero de 2011, indica una suerte de acuerdo, una cancelación de deuda entre "la señora María Isabel Santos y Sebastián Marroquín" y el abogado bonaerense Mateo Corvo Dolcet para "dar por cumplidas las promesas recíprocas de la presentación de José Piedrahita, inversor del proyecto inmobiliario que Corvo Dolcet lleva adelante". El texto continúa, habla de "distintas inversiones" hechas por Piedrahita en efectivo y mediante "la entrega de dos propiedades".

Santos y Marroquín, a raíz de esta presentación, pidieron a Corvo Dolcet una comisión "del 4,5% del total de la inversión realizada, suscribiendo documentos que así lo acreditan". Al final de la página, Santos, Marroquín y Corvo Dolcet firmaron en conformidad. Ya no había deuda entre ellos, todo estaba saldado.

El papel fue encontrado recientemente en un allanamiento hecho por la PFA en la casa de Corvo Dolcet en el country Ayres de Pilar, en una causa bajo la firma del juez Barral, motorizada por Sebastián Basso, fiscal federal de Morón, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Diego Iglesias, la PROCELAC y la Unidad de Información Financiera a cargo de Mariano Federici. Un dato de la DEA estadounidense, de acuerdo a la imputación formulada por la PROCUNAR, fue lo que disparó la investigación. La sospecha: un masivo lavado de dinero narco de origen colombiano en territorio porteño y bonaerense.

Los nombres de los firmantes tienen peso obvio: María Isabel Santos es la viuda de Pablo Escobar Gaviria, y Sebastián Marroquín su hijo. José Bayron Piedrahita, ganadero según él mismo, con su propia hacienda La Contadora, es considerado por la Justicia a lo largo del continente como un capo consagrado, incluido en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act del Departamento del Tesoro estadounidense, asociado a comienzos de los 90 al temido Miguel Rodríguez Orejuela y presunto financista de La Oficina de Envigado, una fuerte organización narco-paramilitar.

Piedrahita llegó a estar vinculado a un ex senador, Otto Bula, involucrado en la trama colombiana del caso Odebrecht. El ganadero fue capturado recientemente en Colombia a la espera de una extradición. A lo largo de los años extendió sus operaciones a Panamá y, eventualmente, Argentina, donde tiene su propio DNI y un domicilio fiscal en un country en Moreno.

Corvo Dolcet tiene su propia historia: había sido acusado como parte de las extorsiones al Sanatorio Güemes en la década del 90, como empleado del Juzgado de Instrucción N° 18 a cargo de Remigio González Moreno.

Hoy, Corvo Dolcet se sienta en el penal de Marcos Paz, procesado con prisión preventiva por el juez Barral con un embargo de $200 millones. Para la PROCUNAR, el juez y el fiscal Basso, el abogado (cabeza de múltiples sociedades anónimas en Argentina como MCD Inversiones e Insula Urbana, dedicadas al negocio de la gastronomía y la construcción al menos en sus fines declarados en el Boletín Oficial, todas hoy frenadas por orden de la Justicia) sería el testaferro local del ganadero, el lavador de su plata narco, en un escándalo que ya manchó al histórico Café de los Angelitos y a Mauricio "Chicho" Serna, ex ídolo de Boca Juniors.

De todas estas sociedades, hay una que se destaca en particular, Pilar Bicentenario SA, que Corvo Dolcet conformó en 2012 junto a la contadora María Gabriela Sánchez, procesada y embargada por $100 millones aunque libre, dedicada al rubro de "construcción, reforma y reparación de edificios" de acuerdo a registros de la AFIP.

Pilar Bicentenario tiene una peculiaridad muy llamativa que la separa del resto del entramado. El 27 de diciembre de 2012, de acuerdo a la imputación de la PROCUNAR, Corvo Dolcet suscribió un acuerdo con el Ministerio de Interior y Transporte en donde se acordaron "los lineamientos de la construcción de un centro de transferencia de pasajeros con acceso directo desde Autopista Panamericana kilómetro 46,3 para facilitar el acceso al servicio público ferroviario". Es decir, una nueva estación de tren en Pilar, que nunca se hizo.

El negocio era redondo. Piedrahita y Corvo Dolcet ya eran socios en Insula Urbana, que era titular de "una cantidad significativa de lotes de terreno" en el kilómetro 46,5 "destinado a un emprendimiento urbanístico". El núcleo de ese negocio: vender cocheras en un emprendimiento llamado Pilar Parking, a $245 mil cada una, 400 plazas en total, $98 millones en facturación bruta potencial. 

Esas cocheras eventualmente fueron vendidas, pero el emprendimiento jamás se completó. La ironía es fuerte para Pilar Parking: es la intersección entre uno de los mayores casos de narcolavado de la historia reciente, con el ultra célebre nombre de Pablo Escobar en el horizonte, y una presunta estafa con un proyecto firmado por un ministerio kirchnerista, sin auditoría estatal aparente.

El agujero en la bañera financiera se volvió obvio con el tiempo. Corvo Dolcet fue escuchado en una intervención telefónica hablando sobre "una deuda de $60 millones con el Banco Ciudad Autónoma" producto por lo visto de un mutuo hipotecario firmado con el banco por la mitad de ese valor y que "un sirio" querría comprar el paquete accionario de la firma, parcialmente "en negro". En el medio, quedaron las víctimas, los que compraron y se quedaron con nada.

Hoy por la mañana, los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, parte del estudio Iezzi & Varone, se presentaron en el Juzgado Federal N° 3 de Morón para constituirse como querellantes y proponer medidas de prueba. Representaban a cuatro supuestos damnificados de Corvo Dolcet y María Gabriela Sánchez que ingresaron con el abogado en "un contrato de cesión de boletos de compra venta de cocheras" a lo largo de 2015 para comprar su espacio en el Pilar Parking con depósitos a una misma cuenta corriente en el banco HSBC.

La firma empleaba, de acuerdo a la presentación de los abogados, un contrato de junio de 2014 que funcionaba como precedente legal en donde Pilar Centenario, representada por Sánchez, le vendía a Corvo Dolcet noventa cocheras por $16,4 millones. La inmobiliarias Bullrich y Punto Broker fueron señaladas como las encargadas de ofrecer los lugares de estacionamiento.

Cada uno de los damnificados explicó en la presentación su plan de pago: los montos variaron entre $245 y $280 mil, todos abonados en la misma cuenta corriente del HSBC, cuyos últimos cuatro números eran 9560. Los adelantos en efectivo fueron la norma, montos de hasta $100 mil.

Los damnificados también explicaron su desesperación al pasar con sus autos por el sitio de la obra a lo largo de los meses, rara vez viendo un avance. Luego, según los abogados, comenzaron los reclamos a Sánchez y Corvo Dolcet, con obvias evasivas.

Finalmente, según Vega y Varone apuntaron en el escrito, Corvo Dolcet habría intentado hacerle firmar a sus acreedores "una adenda" al boleto de compra venta en donde "básicamente pretendía dejar en claro que Pilar Bicentenario fue cumpliendo todas las obligaciones con el Estado nacional pero que este incumplió con sus obligaciones". Es decir, Corvo Dolcet le echaría la culpa al Estado por no entregar la obra.

Vega y Varone pidieron que se retiren los extractos de la cuenta corriente del HSBC. La UIF los encontró y los adosó a la causa: en septiembre de 2016 la cuenta registró acreditaciones por $48,5 millones; un 40% de ese dinero provino de depósitos en efectivo.

Las pruebas recolectadas por la PROCELAC y avaladas por el juez Barral en su procesamiento hablan de cosas tensas. De acuerdo a un informe de la Agencia Federal de Inteligencia, hay conversaciones de escuchas telefónicas que indican que Corvo Dolcet intentó transferir una presunta deuda personal de USD 3 millones a Pilar Bicentenario, ocasionada por la compra del terreno en el cual se haría el emprendimiento. Información provista por la OPECAM apuntó extracciones de dólares hechas por el abogado por casi USD 1 millón durante 2016, todas en el banco HSBC.

La UIF, por su parte, reveló un dato llamativo: Piedrahita, representado por María de los Ángeles Verta, mujer de Corvo Dolcet y una de las principales imputadas en la causa, tuvo una participación en un 2,6% de Pilar Bicentenario. Ya había abandonado la sociedad para 2015. El procesamiento a Corvo Dolcet habla de "la adquisición de acciones por parte de José Bayron Piedrahita" de Pilar Bicentenario e Insula Urbana, una "venta simulada" por USD 3,3 millones.

Cómo se conocieron Corvo Dolcet y la viuda e hijo de Pablo Escobar es algo que todavía está bajo investigación en la PROCUNAR, que analiza los documentos incautados en el allanamiento a la casa del abogado. Corvo Dolcet mencionó en su indagatoria que conoció a Piedrahita en una reunión en el hotel Madero en el Dique 1 de Puerto Madero, donde se encontró con "cinco colombianos", potenciales inversores, entre ellos el ganadero. Sin embargo, la carta hallada, a los ojos del juez Barral, lo desmiente.

Mientras tanto, Pilar Bicentenario no está totalmente desmantelada a pesar de la prohibición impuesta por el Juzgado Federal N° 3 de Morón. Registros de la AFIP revelan que, como empleadora, pagó cargas sociales al menos hasta agosto de este año. Su pasivo con el Banco Ciudad hoy asciende a $68 millones.

La cantidad de dinero que atraviesa la causa es sorprendentes. ¿De cuánto se trata en total? El procesamiento del juez Barral fue apelado por la UIF, de acuerdo a fuentes judiciales. Corvo Dolcet fue embargado por 200 millones de pesos, una de las cifras más fuertes en el fuero federal en los últimos tiempos. Lo supera, por ejemplo, Alejandro Gotkin, ex socio de Sergio Schoklender procesado en la causa Sueños Compartidos, con un embargo de 250 millones. Sin embargo, la UIF consideró que el embargo trabado al abogado es poco. 

¿Por qué? De acuerdo a cálculos legales, debe ser de dos a diez veces el total del daño ocasionado. En diez hechos imputados, la UIF calculo en su apelación movimientos totales por 156,3 millones de pesos. En el cálculo más extremo de todos, el embargo total debería ser por más de 1500 millones.