La Provincia, con más detenidos que nunca: cuánto cuesta por mes mantener a un preso en la cárcel

Nadie discutiría las credenciales de James Cavallaro, abogado por la Universidad de Harvard, hoy profesor en Stanford, cabeza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta marzo de este año y actual comisionado. Cavallaro curtió su piel jurídica en Latinoamérica a fines de los 80, apoyando a grupos humanitarios en Chile durante el fin de la dictadura de Pinochet y junto a refugiados centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Este jueves último en La Plata, Cavallaro se sentó frente a un auditorio en el edificio de la Suprema Corte bonaerense con más de cien abogados, empleados de la Procuración bonaerense, miembros del Poder Judicial y curiosos varios.

Había sido invitado por Mario Coriolano, titular de la Defensoría de Casación bonaerense, encargado de tomarle el pulso a las denuncias de torturas y abusos en cárceles y comisarías de la Provincia y el enlace entre el Gobierno y la familia de Santiago Maldonado. El resto del plantel en la mesa no era menor tampoco. Además de Coriolano se sentaron Julio Conte Grand, jefe de los fiscales bonaerenses, la diputada y profesora de la UNLP Sandra París, el vicegobernador Daniel Salvador y la abogada Paula Litvachky, directora del área de Seguridad y Justicia del CELS.

"Medidas para reducir la prisión preventiva" era el título de la presentación de Cavallaro, basada en un trabajo de campo sobre doce penales en el continente. No podía ser más oportuno. El número de presos en la provincia de Buenso Aires solo aumenta. El ojo de Cavallaro estuvo puesto en uno de los instrumentos legales más frecuentes, uno que alcanzó por ejemplo al ex superministro kirchnerista Julio De Vido: la prisión preventiva. Lo cierto es que las cárceles y comisarías de la provincia están más llenas que nunca. Buenos Aires llegó a un récord histórico.

En 2016, hubo 40.220 personas privadas de su libertad de acuerdo con el Registro Único de Detenidos: 41% por ciento eran procesados con prisión preventiva, un criterio aplicado frecuentemente por magistrados en delitos graves ante un riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación o riesgo de la víctima.

Hoy, de acuerdo con fuentes en el Servicio Penitenciario Federal, hay más de hay 38 mil presos en todos los penales del territorio: cerca de un 50% de ellos tiene dictada la prisión preventiva. El número global en la actualidad que incluye a comisarías de la Policía Bonaerense y a detenidos con tobilleras en arresto domiciliario, según la presentación de la abogada Litvachky, asciende a 42 mil personas. "Estamos muy preocupados por la situación de detenciones", lanzó Conte Grand.

Ya no queda lugar dónde poner a los presos, básicamente. Un 12% de los procesados con preventiva no se encuentra alojado donde debería, en las cárceles, sino en las comisarías. Según revelaron este año fuentes del Ministerio de Seguridad a Infobae, las 432 comisarías de la provincia tienen cupo para alojar, idealmente, a 1.039 personas. En agosto había 3.035 detenidos; la sobrepoblación, reconocida por las autoridades mismas, asciende en un promedio general al 192 por ciento. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de julio de este año apuntó cifras similares.

El mismo documento también aseguraba que más de 250 de las comisarías en el territorio provincial, casi un 70 por ciento del total, "tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la Justicia o por decisión ministerial". Sin embargo, más de 1.700 personas estaban presas en esas dependencias inhabilitadas al momento del informe.

Las mujeres encarceladas sufren más la prisión preventiva que los hombres: un 63% contra 53%, aseguró la abogada Litvachky. Las personas trans se llevan la peor parte: 81%. Morir esperando en el sistema es el fin de todo este rosario de datos. De acuerdo al CELS, 49 de los 135 detenidos que perdieron la vida en cárceles y comisarías el año pasado estaban bajo prisión preventiva.

De vuelta en La Plata, las frases de los oradores de cara a la crisis se repetían. "Estructuras carcelarias que no son suficientes", dijo el vicegobernador. "Si siguen aumentando los detenidos vamos a llegar a situaciones de alarma", apuntó la abogada del CELS. "La prisión preventiva es una medida coercitiva, no una pena adelantada, debemos evitar su desnaturalización", explicaba el procurador. "Estamos a dos codazos de un Sierra Chica", susurraba incómodo en su silla un fiscal a un defensor oficial.

Tras la conferencia, Cavallaro recibió a Infobae. Eran horas cruciales. Un viaje a Montevideo lo esperaba, en una reunión especial para analizar la muerte de Santiago Maldonado.

-Gran parte de la sociedad concibe a la prisión preventiva como algo necesario. Representa en el imaginario una reparación para la víctima o su familia, remueve al imputado de la sociedad hasta el juicio oral para eliminar el riesgo de reincidencia. ¿Hay algo equivocado en esta percepción?

-Hay que trabajar sobre esta percepción con hechos y estudios que demuestran el impacto de la prisión preventiva. Por ejemplo, si la víctima corre riesgo de cruzarse con su victimario en la calle: hay formas de evitarlo, se pueden tomar medidas, restricciones perimetrales.

-En casos de violencia de género es muy difícil restringir al victimario, las violaciones a restricciones perimetrales son muy frecuentes, casi seriales en algunos casos.

-Hay que analizar cada caso de forma individualizada. De nuevo, si la persona acusada viola esa restricción, entonces corresponde la prisión preventiva. Aplicada como primer recurso produce el aumento de la criminalidad.

-¿Cómo se produce?

-Se han estudiado universos de personas que han estado en prisión preventiva y los que no bajo la misma acusación. Los que han estado en la cárcel tienen índices de reincidencia más altos. Hay más chances de que vuelvas a delinquir si pasaste por prisión preventiva que si estuviste con tu libertad restringida por una medida alternativa o en libertad en el proceso. La cárcel se concibe como una universidad del crimen. Las políticas, o los resultados de esas políticas, surgen de la acumulación de casos individuales. Por ejemplo, cada víctima quiere que su victimario reciba la prisión preventiva. Cuando la sociedad responde a esa lógica llegamos a hacinamiento, riesgo motines, condiciones insalubres, capacitación en la criminalidad.

-La provincia de Buenos Aires llega a un pico histórico de detenidos, más de 42 mil…

-Vi los números. Sabemos que no hay correlación entre el aumento de la prisión y la reducción de índices de crímenes violentos. Pensemos en términos macro. Yo vivo en California. El estado de California tiene 22 cárceles de máxima seguridad y solo una sucursal de la Universidad de California, la universidad estatal. El Department of Prisons del estado tiene más presupuesto que el Department of Education, esto es un hecho. Podemos darnos ese lujo en Estados Unidos por ser un país súper rico.

-Lo primero que le dirán aquí es que Argentina no es Estados Unidos, no es Noruega, no es Perú: es Argentina.

-Aún aquí, cuando se estudia lo que se gasta para mantener en la cárcel a una persona surge que es más barato darle una beca en una universidad, en un instituto de capacitación. El deseo de retribución, el querer de vuelta el litro de sangre es el gran obstáculo. Esa lógica del ojo por ojo produce lo que tenemos: un Estado que no invierte en políticas públicas, que no invierte en educación e invierte en el sistema penal.

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Llenar las cárceles y comisarías no es una idea exclusiva del Poder Judicial bajo el signo del gobierno macrista: Cambiemos solo continuó la herencia. Los números están en franco ascenso desde la administración Scioli con ministros como Casal y Granados y advertencias de sanción a magistrados si los detenidos que liberaban reincidían en sus delitos. Poco más de 31 mil detenidos y condenados privados de su libertad en 2013, casi 36 mil en 2014 y casi 40 mil en 2015, de acuerdo a datos del Registro Único de Detenidos. En todos estos años, los presos sin condena en primera instancia superaron ampliamente el 40% del total.

Ahora, si la ola de encarcelamiento es una política pública, ¿hay dinero para contenerla? La respuesta, por lo visto, es no.

"Presupuestariamente estamos mal, muy mal. No solo el Servicio Penitenciario Federal, sino toda la provincia. Las prioridades son hospitales y escuelas, ahí se mete la poca guita que tenés. En cuanto a conformación de cárceles nuevas no hay dinero. Con la guita que tiene el SPB, la orden es mejorar los lugares que hay", apunta una alta fuente en el Gobierno bonaerense.

Hoy, el SPB, que depende del Ministerio de Justicia, cuenta sus esperanzas con el pago de una deuda con Nación por la desfederalización bonaerense por delitos menores de drogas, que alcanza a 3500 detenidos, casi el 10% del total del SPB. También, "que alguna empresa privada confíe y construya una cárcel, se le pagará un canon".

¿Cuánto cuesta un preso por mes? La fuentes categórica: "30 mil pesos. Se saca esa cuenta dividiendo el presupuesto anual que se entrega para el SPB dividido por la cantidad de presos. Esto incluye desde la comida hasta el sueldo del penitenciario, es un cálculo global".

Entonces, de cara a este dato con 38 mil presos en todo el SPB, el sistema carcelario le costaría al Estado provincial unos 1.140.000.000 pesos por mes. Si cerca del 50% de este número corresponde a detenidos con prisión preventiva, entonces la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires le cuesta 570 millones de pesos mensuales al Estado nacional.

La preocupación se maneja a niveles oficiales. Fuentes en el Ministerio de Justicia hablan de una reunión reciente con varios camaristas sobre el tema. La queja es fuerte: "El Poder Judicial es un actor fundamental, tiene que pensar bien las medidas que toma. Pasaron muchos por nada, 24 mil presos por el sistema estuvieron menos de un año dentro de las cárceles, de un día a 365. Son tipos que podrían haber tenido una medida alternativa, con una tobillera, en lugar de estar en cana con la pérdida de dinero y el peligro que significa que tener un tipo adentro, además del peligro para el tipo mismo", apunta el funcionario.

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-¿Y qué hacemos cuando hay un aumento de delitos y encarcelamientos, pero no hay un aumento masivo en el presupuesto?

-Pero hay una inversión. Pagan los sueldos de los policías que detienen a las personas. Y como no hay lugar para alojar a estos internos entonces van a comisarías. Has estado en esos lugares, yo he estado. Sucios, amontonados, atmósferas irrespirables, rodeado de enfermos. Son lugares medievales. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Sale la persona rehabilitada? No, sale con una violencia internalizada que soltará en la próxima víctima, con el deseo de infligir sufrimiento. A ver, yo no soy abolicionista, no estoy en contra de la cárcel, pero hay que pensar el sistema con la cabeza fría, con ideas, con políticas públicas, no con venganza.

-¿Cuán frecuente es ver, al menos en el continente, a personas procesadas con prisión preventiva que luego son absueltas en juicio?

-Ocurre. El sistema está diseñado para condenar personas. Si entrás en un penal en prisión preventiva o en una comisaría, pasás meses y llegás a juicio y sos pobre, tenés aspecto de pobre, vestido como pobre, con tatuajes. Casi con certeza serás condenado con pruebas contundentes o débiles. A veces el sistema consigue discernir, pero es excepcional. En Estados Unidos tenemos The Innocence Project, que analiza sentencias de cientos de casos de condenados que resultan luego ser inocentes. Nadie te devolverá ese tiempo que pasaste detenido.