En los tribunales de Comodoro Py fue donde Julio De Vido vivió lo que es el despoder. Desde que en diciembre de 2015 dejó el cargo de ministro todopoderoso del kirchnerismo los jueces federales le hicieron sentir la falta de redes de contención hasta llevarlo a la cárcel. Fueron los mismos magistrados que le dieron inmunidad judicial durante 12 años.
En los casi dos años fuera del poder, De Vido sufrió media docenas de procesamientos en causas de corrupción y administración fraudulenta y comenzó a ser juzgado por la tragedia de Once. El punto máximo llegó el miércoles pasado cuando quedó preso luego que la Cámara de Diputados le quitó sus fueros de arresto.
La crónica judicial de su detención comenzó el 4 de julio. Ese día el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el desafuero y detención de De Vido y de otras 23 personas en la causa en la que se investiga la malversación de 264 millones de pesos destinados a la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, pero que nunca se reactivó.
Stornelli justificó los pedidos de detenciones en “los graves episodios en trámite” y para “evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias entre los sindicados”.
La primera respuesta al pedido de detención llegó dos días después. El juez Luis Rodríguez le contestó al fiscal con un “téngase presente para su oportunidad” y le otorgó a otros cinco acusados la exención de prisión, lo que les permitió estar en libertad mientras se investiga el caso.
El magistrado explicó que solo se puede detener a una persona cuando existe riesgo de fuga o de entorpecer la causa y que ninguna de las dos hipótesis se dan en el caso. “Resulta imperativo destacar que el Tribunal ya ha adoptado las medidas necesarias respecto del aseguramiento de los elementos probatorios”, dijo el juez y agregó que la investigación “no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que difícil es sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento”. Un día después puso el expediente en secreto de sumario.
Pero Stornelli insistió con las indagatorias y las detenciones y apeló para que intervenga la Cámara Federal, un tribunal que iba a resultar clave en la caída de De Vido.
Los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, comenzaron a delinear la detención de De Vido. Los camaristas dijeron en un fallo del 6 de septiembre que ya estaban las pruebas para citar a indagatoria, más allá de que había medidas pendientes que se estaban haciendo. “El estado del complejo Yacimientos Carboníferos Rio Turbio sería palmariamente incompatible con la multiplicidad de obras que, desdobladas y tercerizadas para sortearlos diversos controles en materia de contratación, aparecen documentadas y abonadas por el Estado Nacional”, señalaron.
Sobre los pedidos de detención, Irurzun sostuvo que se deben analizar teniendo en cuenta “las concretas posibilidades de fuga y entorpecimiento” derivadas de “los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen los imputados con aquellos que -tienen o mantienen- la capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones”.
Con el fallo de la Cámara, el juez Rodríguez dispuso el el 11 de septiembre las indagatorias de De Vido y de otras 36 personas pero mantuvo su postura de que no había riesgos para ordenar detenciones. Señaló que la prueba ya había sido recolectada y que el fiscal Stornelli no dio elementos que pensar que los acusados se pudieran fugar. “Cobran preeminencia ante cualquier norma procesal, los principios constitucionales de inocencia y de libertad durante el proceso”, sostuvo.
El magistrado les prohibió la salida del país a todos los citados a indagatoria y los obligó a entregar su pasaporte y a tener que presentarse una vez por mes en tribunales. “Estas medidas, permitirán a mí entender neutralizar apropiadamente cualquier indicio de riesgo procesal”, explicó.
Pero Stornelli insistió. Logradas las citaciones a indagatoria volvió a pedir la detención de los acusados.
El fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes presentó el 22 de septiembre un dictamen en el que apoyó a Stornelli. Moldes señaló que la Cámara ya había dicho que se debía tener en cuenta el poder público y las influencias que mantienen los acusados para entorpecer la causa. Para el fiscal de Cámara De Vido era el “único imputado actualmente en el ejercicio de poder político (por su condición de diputado nacional) y con acceso a la capacidad de incidencia y negociación que tan alta función le habilita”. Así, le pidió al tribunal su desafuero y detención.
Solo restaba el fallo de la Cámara que iba a llegar poco menos de un mes después.
Antes de eso, De Vido se sentó por primera vez en un juicio oral. Fue el 27 de septiembre cuando comenzó a ser juzgado por la tragedia ferroviaria de Once que mató a 52 personas en febrero de 2012 cuando era ministro de Planificación Federal. En el primer juicio habían sido condenados sus secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi a seis y ochos años de prisión, respectivamente.
Cinco días antes del inicio del juicio renunciaron los históricos abogados de De Vido que lo representaban hacía años, Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni. En sus lugares De Vido contrató a Maximiliano Rusconi, un abogado que sabía lo que era defender a pesos políticos con problemas judiciales. Rusconi había sido abogado del ex presidente Carlos Menem y del empresario Lázaro Báez.
El fallo definitivo para De Vido llegó el 17 de octubre. La Cámara Federal ordenó su detención previo pedido de desafuero a la Cámara de Diputados. “Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, señaló el juez Irurzun.
El tribunal reseñó que la investigación fue entorpecida porque según declararon testigos no se encontró documentación de los contratos. También demoró dos meses la llegada de 30 cajas con documentación obtenida en Santa Cruz y porque hay medidas en marcha que pueden frustrarse. “Las posibilidades de enfrentar nuevas interferencias -o continuar otras- aún permanecen vigentes”, reseñó el tribunal.
Aunque sin señalar a De Vido como autor del entorpecimiento – “no pueden imputarse directamente al referente cuya situación estamos aquí analizando”, señaló el juez Bruglia– la Cámara sostuvo que el único en condición de poder hacerlo era el ex ministro por ser diputado nacional y tener el cargo de presidente de la Comisión de Energía que está relacionada con la actividad de Rio Turbio.
Horas después del fallo, el juez el Rodriguez le pidió a Diputados el desafuero de De Vido y al Ministerio de Seguridad de la Nación su detención cuando pierda la inmunidad de arresto.
De Vido sumó un pedido más de detención dos días después. El 19 de octubre el juez federal Claudio Bonadio lo procesó con prisión preventiva en la causa del Gas Natural Licuado. El magistrado citó el fallo de la Cámara Federal y agregó como nuevo argumento que el ex ministro tiene varias causas en trámite –dos en etapa de juicio oral– por lo que en caso de ser condenado recibirá una pena de cumplimiento efectivo “lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de la justicia”.
Bonadio también ordenó la detención de Roberto Baratta, el hombre de mayor confianza de De Vido en el Ministerio de Planificación. Ese mismo día Baratta fue apresado y desde entonces está alojado en la cárcel federal de Marcos Paz.
Los abogados de De Vido intentaron evitar la detención. Le pidieron a la Cámara Federal que suspensa la orden de arresto hasta que queden agotadas todas las instancias que revisen su fallo. Le presentó al juez Rodríguez una eximición de prisión y a Bonadio la excarcelación. También recusó al fiscal Stornelli.
La defensa planteó que De Vido siempre estuvo a derecho cada vez que un juez lo requirió y que no había un solo elemento que demuestre que haya interferido la causa. Todos los planteos fueron rechazados. Si bien fueron apelados, la etapa judicial estaba cerrada. A De Vido solo le quedaba la política.
El lunes pasado pidió licencia a la Cámara de Diputados y renunció a la presidencia de la Comisión de Energía. Al día siguiente la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó su desafuero. El miércoles era la sesión clave en el pleno de la Cámara. Lo compañeros de De Vido del bloque del Frente para la Victoria no bajaron al recinto. El macrismo y el resto de los partidos aprobaron su desafuero. Así. se activó la detención del ex ministro.
“Mándenle champagne a la Dra. Carrió y a Magnetto”, le dijo De Vido a Infobae a las 15:05 cuando llegó a Comodoro Py para entregarse. Cerraba los peores días judiciales de su vida pero que no serán los últimos.
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