La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un nuevo pedido de recusación contra el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes que están acusados por el atentado a la AMIA, y por la que ayer prestó declaración indagatoria la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron el planteo de otro de los acusados en este expediente, el dirigente Luis D´Elía, quien había intentado apartar al magistrado por "enemistad manifiesta", algo que fue considerado "improcedente".
De hecho, los camaristas remarcaron que no puede darse por "acreditada" con "corroboración objetiva" la acusación contra Bonadio, puesto que la argumentación de D´Elía "se refiere a manifestaciones del dirigente sobre notas periodísticas o sobre el devenir de expedientes judiciales" y "al modo en que ejerció su actividad funcional".
"Se carece de elementos que otorguen prueba de la situación que describe la ley, atento a sus especiales requisitos. También, de indicios que den sustento a un temor objetivo de parcialidad respecto de la actuación del instructor", advirtió el fallo de la Sala II y agregó que "no basta con revelar disconformidad con el curso otorgado al enjuiciamiento y las decisiones que puedan adoptarse, a falta de demostraciones independientes que sugieran motivaciones diferentes a las impuestas por las normas".
Tras la presentación ayer de la ex presidente en la que también cargó contra Bonadio, ahora el magistrado cuenta con diez días para resolver la situación procesal de Cristina Kirchner y del resto de los implicados en la causa, entre los que se encuentran el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente D´Elía, el diputado de La Cámpora Andrés Larroque, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche, el espía Allan Bogado, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el representante de la comunidad iraní Jorge Khalil, entre otros.
Bonadio busca determinar si, tal como lo denunció el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, hubo un plan delictivo llevado adelante por funcionarios del gobierno kirchnerista para permitir a los imputados iraníes eludir la investigación por el ataque terrorista ocurrido en 1994 a partir del acuerdo firmado entre su Gobierno y el régimen islámico de Mahmud Amedinejad.
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