Según expresaron desde el ministerio de Seguridad bonaerense, la situación es preocupante. La ola de falsas amenazas de bomba en escuelas de la Provincia se hizo sentir en el último mes y obligó a un despliegue de recursos que superaron los $30 millones.
Entre el 1° de septiembre y el 4 de octubre se registraron 1.991 llamados telefónicos diciendo que se había colocado "una bomba en el lugar". Cabe aclarar que ese número refleja las denuncias registradas en el 911, y como muchas de ellas provienen de los mismos establecimientos, no serían representativas de la cantidad de hechos.
El número concreto de situaciones puede establecerse sin embargo a partir de los episodios que fueron judicializados. Según precisaron a Infobae fuentes del ministerio, en el último mes se registraron en la Justicia 1.014 amenazas falsas.
Las mismas fuentes detallaron que el costo de movilizar a las distintas fuerzas de seguridad y los respectivos equipamientos cada vez que ocurre un hecho de estas características ronda los $30.000. Al multiplicar ese número por los 1.014 judicializados, la cifra supera los $30 millones ($30.420.000) en gastos en el último mes.
Este jueves el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se refirió a este tipo de hechos y destacó que se trata de "un acto de intimidación pública penado por la ley", pero además dio cuenta del todo lo que cada falso llamado conlleva: "Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona".
Desde el 1° de septiembre hasta el 5 de octubre, 15 personas fueron puestas a disposición de la justicia en el marco de las investigaciones iniciadas por amenazas de bomba recibidas en escuelas bonaerenses.
La última detención se realizó ayer miércoles en Castelar, partido de Morón, donde un joven de 19 años fue aprehendido acusado de haber realizado la semana pasada un llamado telefónico con amenazas de bomba al colegio Sofía Barat de esa localidad.
En el último mes se realizaron un total de 8 allanamientos que permitieron dar con los acusados de realizar las intimidaciones a colegios de Morón, Castelar, Adrogué, Hurlingham, Ituzaingó y Quilmes como así también en dos distritos del interior: Tandil y Lezama.
Además del abultado costo económico que este tipo de hechos comenzaron a registrar para la Provincia, Ritondo hizo referencia a un aspecto no menor: es que "cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia".
A su vez, el ministro aseguró que "como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos", al tiempo que advirtió que "con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados. Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión".
Salvo una llamada realizada a un colegio de Almirante Brown, donde se encontró una granada, las restantes alertas dieron resultado negativo. Las investigaciones continúan en las UFI en turno de cada departamento judicial.
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