El “informe de inteligencia” que llevó a la cárcel al ex comisario Potocar

A fines de abril pasado, el fiscal José Campagnoli decapitó a la Policía de la Ciudad, el proyecto más ambicioso de Cambiemos en materia de seguridad para el ámbito porteño. El ex comisario José Pedro Potocar, el jefe de la fuerza elegido por Horacio Rodríguez Larreta, fue procesado con prisión preventiva, acusado por Campagnoli de ser uno de los mayores eslabones de una cadena de oficiales corruptos que recaudaban el dinero de coimas extorsivas a trapitos en las inmediaciones de la cancha de River y más de 30 dueños de comercios de la zona de Núñez y Saavedra, con la comisaría Nº35 como centro del escándalo.
Potocar parecía un imputado inusual. Cuando un policía cae, los viejos enemigos aprovechan para criticarlo desde el anonimato y el off the record. Sin embargo, sus viejos colegas en la PFA le tenían el más alto de los respetos. El ex comisario, por otra parte, no tenía ninguna causa previa en su contra en la Cámara del Crimen porteña luego de más de 35 años de uniforme, algo inusitado para un hombre que pasó por divisiones como Drogas Peligrosas y encabezó dos comisarías.

El Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Martín Ocampo se negó a lincharlo en público: Ocampo y Rodríguez Larreta mantuvieron al comisario en el cargo hasta que Potocar renunció desde su celda. La causa instruida por Campagnoli no solo llevó a la cárcel al jefe de la Policía porteña; el fiscal también logró encarcelar a quienes él sostiene que son los otros eslabones de la cadena de coimas: la comisario inspector Susana Aveni, jefa de la circunscripción que incluía a la 35º y, sorprendentemente, al ex comisario general Guillermo Calviño, una de las máximas cabezas de la Federal, superintendente de Seguridad Metropolitana y jefe interino de la nueva Policía de la Ciudad en el año que duró el traspaso de las 54 comisarías de la PFA al gobierno porteño.

Norberto Villareal, el comisario a cargo de la 35º, sigue prófugo hasta hoy. Calviño fue liberado tras recibir la falta de mérito este 21 de julio pasado, con un fallo de la Sala de Feria B de la Cámara del Crimen a cargo de los jueces Scotto, Lucini y Pociello Argerich que apuntaron que, básicamente, no había pruebas suficientes en su contra. Aveni continúa presa, Potocar también. Ya son más de tres meses de encierro para el ex comisario que no está alojado en un penal federal, sino en un edificio de Gendarmería en Retiro.

Todas sus apelaciones para quedar libre, a cargo de sus defensores Christian Poletti y Raúl Alcalde, fueron denegadas tanto por la Cámara como por el juez Farías. La acusación en su contra se centra en testimonios de dos policías que trabajaban bajo Villareal y que lo complican, así como anotaciones encontradas en un cuaderno encontrado en la comisaría 35º que indican supuestos pagos de coimas a la Dirección General de Comisarías que Potocar encabezaba.

También hay otra pieza de evidencia, una muy curiosa. Se encuentra en el primero de los más de 20 cuerpos del expediente y abarca 21 fojas. Es, a simple vista, un informe de inteligencia.

El informe no fue pedido ni por el fiscal Campagnoli ni por el juez Farías. Fue confeccionado entre abril y mayo de 2016 por M.A.M, un sargento retirado de la Gendarmería Nacional y presentado como una denuncia anónima el 6 de junio siguiente ante el Ministerio de Seguridad, con un paso por su Coordinación de Normativa y Transparencia y su Oficina Anticorrupción. Fue, digamos, premonitorio, certero para Campagnoli y su equipo. Lo que el gendarme escribió, fue básicamente, el rumbo entero que tomaría la causa. "El presente describe una forma de recaudación no solo de la Comisaría Nº35, sino que es el manejo de todas las comisarías de la Ciudad Autónoma. No solo es para el titular de la dependencia, sino que también lo percibe el jefe de zona (Aveni) y la Dirección General de Comisarías de José Pedro Potocar, quien es el segundo al mando del Calviño", aseguró M.A.M en el informe.

En el documento, M.A.M habló básicamente de todos: incluyó información personal de Villareal, Aveni, Potocar y Calviño, que no estaría complicado en la causa hasta un año después. Incluyó sus números de teléfono, direcciones personales, pagos de salarios, entradas y salidas del país, registros de base de datos comerciales. Había también detalles de seguimientos, con los puntos de encuentro de Calviño con funcionarios como Sergio Berni. Por otra parte, no toda la información habría sido actualizada o cierta. Cerca de Potocar aseguran que el ex comisario jamás usó los celulares que el gendarme incluyó y que hasta se nombra un teléfono de una casa que la familia dejó hace casi 20 años.

Los comercios presuntamente coimeados fueron nombrados uno por uno: boliches, heladerías, concesionarias, zapaterías, pizzerías, albergues transitorios. Los montos de los pagos por seguridad, en muchos casos, estaban presentes. Una prestigiosa marca de ropa reconocida a nivel nacional pagaba, por ejemplo, cinco mil pesos por semana. Era una excepción. Los precios, por lo general, oscilan en el informe de M.A.M entre 3500 y 4000. Otros aportes habrían sido más modestos. Un minimercado habría pagado su cuota semanal a la 35° en tickets canasta. El supuesto total recibido por la comisaría: 477 mil pesos por mes.

La denuncia no fue tan anónima después de todo. Campagnoli pudo rastrear dos IPs de Internet usados por M.A.M para obtener la información en registros comerciales. Uno fue el de su propia casa; el otro correspondía una unidad de Gendarmería sobre la calle Chilavert, en Pompeya. El gendarme usó usuarios y claves no solo del Ministerio de Seguridad, sino del Banco de Comercio, una entidad privada.

Ahora, ¿por qué un efectivo de una fuerza de seguridad federal probablemente acostumbrado a tareas encubiertas habría de enviar una denuncia anónima contra las máximas autoridades de la nueva Policía de Cambiemos desde la comodidad de su living? La defensa de Potocar, por su parte, cargó fuertemente contra el informe con una nulidad presentada por el abogado Alcalde ante la Cámara de Casación, que fue eventualmente rechazada. Alcalde formuló varias preguntas en su pedido, por ejemplo, si los superiores de M.A.M estaban al tanto de este informe o si lo hizo a espaldas de sus jefes.

Cerca de Campagnoli niegan que el fiscal conociera al gendarme de antemano y aseguran que fue identificado, precisamente, por el rastreo de su IP, que figura en el octavo cuerpo de la causa. Se encontró, a través de su huella en la web, su dirección personal en la zona de Glew. El sargento abandonó Gendarmería en septiembre del año pasado; su último pago recibido corresponde a ese mes. El día 7 de aquel mes, Campagnoli envió un pedido al jefe de la fuerza, el comandante general Gerardo Otero, para que M.A.M se presente a declarar. Al día siguiente de enviado el oficio, según el expediente, M.A.M, de 44 años, se presentó a dar su testimonio bajo juramento.

Allí, confirmó haber sido un gendarme, confirmó haber estado destinado a tareas de inteligencia y reconoció que el informe era de su autoría. Apuntó que no lo presentó él mismo en la mesa de entradas del Ministerio en la calle Gelly y Obes sino que se lo entregó a un funcionario de su confianza, del cual dio nombre y apellido. Contó, luego, la trastienda de su denuncia: hablaba de un efectivo de brigada de la 35º que él conocía, que según él estaba fuertemente amenazado por sus compañeros y que temía por su vida. Lo amenazaban, dijo el gendarme, porque "se había negado a recaudar" y que este policía de brigada se había contactado con él contándole su miedo a las represalias. El "informe de inteligencia", por así decirlo, fue su forma de darle una mano, una batida en forma indirecta.

M.A.M se comprometió a contactar al policía para que declare ante el fiscal. El policía apareció al día siguiente y ratificó la versión del esquema de coimas con el comisario Villareal a cargo, con tarifas a trapitos a 500 pesos por cabeza para los días de partidos o espectáculos en el Monumental. El policía aseguró tener filmaciones de cámara oculta que mostraban situaciones comprometedoras, algo que el gendarme desconocía, que luego se incorporaron a la denuncia y eventualmente llegaron a los medios de comunicación. El efectivo de brigada también señaló las abreviaturas en el cuaderno incautado en la Comisaría Nº35, con la sigla "DGC" atribuida a la dependencia encabezada por Potocar.

La defensa del ex comisario preso, por su parte, todavía mira con dureza el informe de M.A.M, a pesar del rechazo del planteo de nulidad: para los abogados del comisario la denuncia anónima, que fue enviada por el Ministerio a la fiscalía de Campagnoli, constituirían una violación a los deberes de funcionario público por parte del gendarme, retirado o no.

El fiscal, por su parte, enfrentó críticas en el fallo de la Sala de Feria B que le dio la libertad a Calviño, que no solo aseguró que no hay pruebas para mantener preso al ex comisario general; los jueces Lucini y Pociello Argerich aseguraron sobre el cuaderno encontrado en la comisaría Nº35, una de las principales pruebas que esgrime Campagnoli, que "aún no se conoce la antigüedad ni la asignación de sus grafías a persona determinada" y que "inexplicablememente aún no se ha recibido declaración" a los principales damnificados de la supuesta corrupción policial: los dueños de los más de 30 establecimientos que sufrieron las supuestas coimas.

Voces cerca de Campagnoli aseveran: "En general, los comerciantes no quieren dar su testimonio porque tienen miedo a la policía. Hubo un caso que tuvo Campagnoli en que recién los testigos declararon en juicio oral y aun así hay problemas. En todo caso, se encontraron pruebas objetivas de los pagos. Para esta parte de la causa no era necesario el testimonio". "A los comerciantes se los puede imputar por cohecho, como partícipes. Hay testimoniales de policías, fotos de los policías en la puerta de los locales, se secuestraron documentos de varias de las empresas, algunos de los imputados aceptaron pagos en indagatorias", afirma otra voz en el entorno del fiscal de Núñez-Saavedra.