Elisa Carrió, con la mira en la feria La Salada: denunció complicidad de la Justicia, policías y políticos para darle impunidad

"Una orfebrería que proporciona cobertura y garantiza impunidad a ciertos sectores implicados en actividades delictivas". Hasta con ciertos recursos poéticos, la diputada Elisa Carrió apuntó en una nueva denuncia a un complejo entramado integrado por jueces, fiscales, funcionarios municipales, policías y barras bravas que favorecería el desarrollo criminal alrededor de la inmensa feria de compras La Salada, en Lomas de Zamora.

En el documento que presentó días atrás ante el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y la Procuración General de la Provincia, Carrió pide al Estado provincial que se investigue, sobre todo, el universo de negocios y protección que gira alrededor del "mercado ilegal más grande del país", cuyos satélites más importantes parecieran ser la polémica comisaría 10° de Ingeniero Budge, con jurisdicción territorial sobre La Salada, y la connivencia de los sectores judicial y político.

Lomas de Zamora (incluye Lanús y Avellaneda) es el distrito judicial con mayor tasa de investigaciones criminales: casi dos de cada diez causas penales que se abren en las fiscalías bonaerenses se inician allí. Según datos oficiales, dentro de esta zona, Ingeniero Budge ostenta la mayor densidad en delitos dolosos.

"Es la zona más conflictiva, pero al mismo tiempo puede decirse que la más codiciada. Codicia directamente vinculada a la 'Caja negra': permisos de funcionamiento a puestos ilegales, narcotráfico y la piratería del asfalto", remarca la legisladora, quien, pese a haber ratificado el miércoles su pertenencia a Cambiemos, no omitió en esta denuncia el posible vínculo del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (ex ministro de Macri en la Ciudad), y parte de su Gabinete, con los manejos policiales.

Carrió resalta las "escasas investigaciones que terminan en elevaciones a juicios y condenas" en las numerosas denuncias contra los policías de Budge por abuso policial, violencia, armado de causas y pedido de coimas. "La conexión política, judicial y policial es, cuanto menos, muy cercana", ironiza en su denuncia.

Según la fundadora de la Coalición Cívica, una resolución judicial sospechosa, firmada en abril de 2015, hizo que todas las causas de La Salada recayeran sobre un mismo fiscal. Se trata de Carlos Román Baccini, ahijado del juez federal de Morón Jorge Rodríguez. Y esa decisión, según la hipótesis de Carrió, se tomó con el fin de "capitalizar el entramado policial y político".

"Mediante esa curiosa centralidad, los funcionarios provinciales y municipales se aseguraron un solo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos 'líderes territoriales' de esa Feria: Enrique 'Quique' Antequera y Jorge Castillo ('El Rey de La Salada'), y los no formales, a cargo de barras de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de drogas, armas y trata de personas, en todas sus variantes", dice la denuncia, fechada el 17 de mayo, pero difundida el lunes 22 en las redes sociales de "Lilita"

Para Carrió, la unificación de los casos de La Salada en la órbita de Baccini -ternado para Camarista Penal del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús- dio "penosos resultados" e intervenciones judiciales "cuanto menos oscuras". Y acusa a Antequera de armar asados en su casa de Banfield para sellar este tipo de pactos. Por eso considera que la resolución que lo puso a este fiscal al frente fue "la ofrenda política y el canal de negociación a los líderes territoriales de La Salada".

Uno de los casos más emblemáticos de La Salada, que durante 2016 puso en el centro del conflicto a Baccini, fue el de la feriante Liliana Herrera, quien denunció que policías de la 10° de Budge la apretaron para que pagara 5.000 pesos si quería instalar su puesto en La Salada. La causa cayó en la fiscalía N° 8 de Leonardo Kaszewski, quien detuvo a dos agentes por "privación ilegítima de la libertad", "extorsión" y "abuso sexual gravemente ultrajante", pero un mes más tarde el expediente pasó de manos y cayó en Baccini, quien les sacó a los acusados todos los delitos menos el de "privación ilegítima de la libertad" y finalmente los liberó.

Más tarde Baccini tuvo otro episodio polémico al negarle al juez Gabriel Vitale la entrega de audios en el marco de la investigación por hechos de violencia durante un desalojo de puestos en La Salada. "En dichos audios habría menciones a altos funcionarios del Poder Judicial y fiscales", arriesga Carrió en la denuncia.

Baccini finalmente fue apartado de las causas de La Salada y la Fiscalía General de Lomas armó un cuerpo especial de fiscales para llevar adelante los casos de la feria más grande del país. La comisaría de Budge, territorio donde mandaba hasta su caída el narco "El Lágrima", que ametralló días atrás las casas de los vecinos que lo denunciaron, también sufrió una "limpieza" de su cúpula.

Sin embargo, para Carrió fue solo "maquillaje" y la red de connivencia se mantiene. La diputada también señala que el territorio sobre el cual tiene jurisdicción la comisaría 10° es disputado por facciones de las barras de River, Boca, San Telmo y Lanús. Y que Baccini todavía tiene en sus oficinas expedientes de causas pesadas, relacionadas con la conexión de la barra de Boca y los puesteros: crímenes de integrantes de "La 12", misteriosas muertes de puesteros, e incluso denuncias por apremios ilegales dentro de La Salada.

Carrió salpica en su denuncia al intendente de Lanús Néstor Grindetti. Apunta a que tiene en su gabinete a personas conocidas en la zona por sus antecedentes "delictivos". Si bien menciona a varios funcionarios, la diputada hace foco en el subsecretario de Seguridad, Daniel Villoldo, quien, según explica en el documento, fue echado en 2005 de la Municipalidad de Esteban Echeverría por la desaparición de 200 kilos de cocaína que se encontraban bajo su custodia y se lo vincula con una red de prostíbulos.

Según Carrió el círculo tiene trazo por dónde cerrarse: la hija de Villoldo es auxiliar letrada del fiscal Carlos Baccini.

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