El 20 de septiembre del año pasado, Edwin Lener García Jara, alias "El Bolongo", nacido en Perú en 1989, recibió una visita sorpresa en el Pabellón N°8 del penal de Devoto.
"Bolongo" había llegado allí en junio de 2014, luego de que el Tribunal Oral N°12 lo condenara a seis años de cárcel por dos robos consecutivos a mano armada cometidos el 28 de mayo de 2013 junto a un cómplice de su misma nacionalidad. No fueron precisamente golpes maestros. El botín del primer ataque, ocurrido en la esquina de Zañardú y Emilio Mitre, fue una camioneta Fiat Idea Adventure junto a 1400 pesos, un teléfono y una campera de cuero. El conductor del Fiat se llevó un culatazo de revolver en la cabeza, lo que le causó un pequeño corte.
El segundo robo, cometido minutos después, fue más deslucido: García Jara y su cómplice apenas se llevaron un viejo Blackberry y diez pesos. Gendarmería los detuvo ese mismo día en las inmediaciones de la villa 1-11-14; los sorprendieron junto a la camioneta Fiat no muy lejos del cruce entre Riestra y Bonorino con otra mujer que también fue imputada para luego ser absuelta.
García Jara y su cómplice no tuvieron suerte en Tribunales. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Borinsky, Gemignani y Hornos rechazó recursos presentados por sus defensas.
Sin embargo, quienes visitaron al "Bolongo" el 20 de septiembre del año pasado en su pabellón de Devoto no lo buscaban por ser un simple rastrero con pistola, sino por un delito mucho más ambicioso.
Varios efectivos del área de Investigaciones Criminales de la Policía de la Ciudad y el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal fueron despachados en busca de García Jara. Estaban allí por orden del juez Claudio Bonadío, que ordenó el procedimiento luego de más de seis meses de trabajo de campo y escuchas telefónicas: el Pabellón N°8 fue allanado y las pertenencias del "Bolongo" fueron requisadas.
Los efectivos buscaron sus teléfonos celulares; García Jara estaba acusado, precisamente, de comandar una operación de venta de cocaína desde su celda mediante una serie de teléfonos. A pesar de que la droga era acopiada y fraccionada en la villa 1-11-14, el foco del negocio era otro: la Villa Fiorito, con varios transas al servicio del supuesto capo apostados en una zona cercana a una cancha de fútbol y al menos un búnker.
El Pabellón N°8 no fue el único objetivo que Bonadío ordenó allanar. Otros 14 procedimientos a cargo de la Policía de la Ciudad en puntos como Fiorito, Castelar y Almirante Brown arrojaron un saldo de ocho autos, un kilo de cocaína, varias dosis fraccionadas para menudeo, armas, 135 mil pesos y 1500 dólares. Hubo varios detenidos, entre ellos "Lolo", quien sería el principal dealer de García Jara en el asentamiento de Lomas de Zamora.
"Lolo" no fue el único en caer. Dos jefes de la Policía Bonaerense fueron arrestados para ser liberados meses después. Eran el subcomisario Adrián Alberto Castillo, jefe de la seccional y el subteniente Rubén Darío Donato, los principales jefes de la Comisaría 5ta con jurisdicción en la zona. Para trabajar en paz, según la acusación de Bonadío, "El Bolongo" les habría pagado 40 mil pesos por semana. Las casas de los policías fueron allanadas; ambos quedaron desafectados de la Bonaerense. Bonadío, que contó con la colaboración de la división Asuntos Internos de la Bonaerense, los procesó con prisión preventiva.
Mientras tanto, en la tarde del 20 de septiembre pasado, luego del allanamiento del Pabellón N°8 de Devoto, Bonadío recibió una noticia que no le cayó nada bien. El teléfono desde donde "Bolongo" se comunicaba, que fue intervenido por el juez y que fue la clave para desarticular a la banda no fue encontrado al comienzo del procedimiento.
Sin embargo, casi media hora después de la requisa, el teléfono se activó nuevamente: del otro lado de la línea se oyó cómo "Bolongo" alertaba a miembros de su banda para que descarten material.
Hubo una tercera figura policial en la Comisaría 5ta que también fue presa, un personaje un poco más oscuro. Alejo Jacinto Romero, ex policía, prestaba servicios en la 5ta a pesar de que había sido exonerado de la fuerza años atrás. Todavía se hacía ver en la seccional de Villa Fiorito, de acuerdo a seguimientos en la causa del Juzgado Federal N°11, con una pistola reglamentaria al cinto. Hasta se habría presentado como policía activo.
Bonadio acusó a Romero de ser el encargado de recibir la recaudación cada semana. Su intermediario, de acuerdo a la imputación, era Christian Romero, alias "El Gaucho", que fue también visto junto al subteniente Donato, el número 2 de la comisaría. "El Gaucho" se encargaba de juntar la plata tras contactar a un intermediario de la banda de "Bolongo"; fue detenido por la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad a mediados de febrero.
La investigación en su contra reveló que se hacía pasar por policía y que su moto, que tenía pedido de captura por robo, hasta estaba equipada con una sirena propia de la Bonaerense. El subcomisario Castillo y el subteniente Donato ya están libres; la salida de ambos fue dictada a fines de enero por la Sala I de Casación Federal, que le otorgó a Castillo la falta de mérito.
Así, con la caída del "Gaucho" como último detalle, la operación del "Bolongo" quedaba virtualmente desarticulada; García Jara fue trasladado a la cárcel de Ezeiza para una mayor vigilancia.
No fue, por otra parte, el primer criminal peruano en intentar copar una villa bonaerense y convertirse en capo: en septiembre pasado, Richard Castillo, alias "El Mocosón", un ex sicario ligado al mediático traficante Gerald Oropeza, se instaló en el asentamiento Las Achiras de Villa Celina junto a su hermano René, "El Cojo", y media docena de transas con apodos como "El Chinito Pizza" y "El Paragua". Cayó tras un operativo de la división Drogas Peligrosas con dos ametralladoras de gran porte y un lote de cocaína peruana de alta calidad, mejor que la importada de Bolivia, una "alita de mosca" que cotizaba a 300 pesos el gramo en el mercado villero.
García Jara había sido un delincuente de agallas considerables antes de llegar a la Argentina: medios de ese país señalan que fue detenido por intentar entrar a una casa en Trujillo a mediados de 2011. Un año después, en mayo de 2012, se vio involucrado en un intento de extorsión al alcalde de la localidad de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco; le exigían cien mil dólares para no masacrarlo a él y a su familia.
Lo cierto es que, ya en Buenos Aires, "Bolongo" no llegó a ser un presunto narco por casualidad. Hay un vínculo que llega hasta él, una figura temible: la de "Marcos" Estrada González, el mayor capo en la historia porteña.
El 10 de marzo de 2016, una serie de allanamientos también ordenados por Bonadío golpearon la 1-11-14, el histórico feudo de Estrada González. Se encontró droga y varias armas. Doce personas fueron detenidas. Hay dos nombres en la lista de presos que son particularmente llamativos: son dos mujeres, la concubina y la cuñada del "Bolongo" respectivamente, ambas alojadas en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Ambas estaban emparentadas directamente a uno de los jugadores más esquivos de la trama narco del Bajo Flores: Diego Campos Lucero, alias "Peluchín".
"Peluchín" no tuvo una vida larga: murió a los 29 años en enero de 2016, masacrado de siete tiros en un bar en Balvanera. El juez federal Sergio Torres y su equipo, encargados de investigar a Estrada González durante la última década y de arrestarlo este año, conocen bien el nombre y la vida de "Peluchín". Su nombre sonó durante años en Comodooro Py, más ligado a armas de fuego y a muertes que a hallazgos de cocaína. Fuentes en el Juzgado Federal N°12 de Torres lo vinculan a los Reyes Zubieta, parientes políticos de "Marcos" y miembros de peso en su organización.
La causa por la muerte de "Peluchín" comenzó a ser investigada por la fiscal Viviana Fein; en plena instrucción del expediente Nisman, fue derivada a Bonadío por sus implicancias narco, lo que despertó la atención de la Justicia federal por la operación del "Bolongo".
Hasta ahora, el motivo por la muerte de Campos Lucero era desconocido, incluso se calculaba en la Justicia federal que habría vendido droga en el Bajo Flores a espaldas de "Marcos" sin su permiso y sin pagar tributo. Hoy, existen informes de inteligencia criminal que indican todo lo contrario. El asesinato de "Peluchín", investigado por el fiscal Adrián Giménez. habría sido una vendetta.
La supuesta vendetta tiene un contexto. "Marcos" sostuvo durante años una guerra con Alionzo "Ruti" Mariños, su ex aliado y socio devenido en enemigo mortal, hoy preso en Perú a la espera de su extradición por pedido del juez Sergio Torres. John Rusben Ramos Noa, alias "Hércules", sobrino de "Ruti" y presunto miembro de su organización, fue asesinado en septiembre de 2015 en las inmediaciones de la 1-11-14, baleado a plena luz del día.
El crimen fue un mal presagio. "Ruti" y "Marcos" se habían enfrentado con extrema violencia durante años luego de que Mariños, que controló durante años parte de la Villa 31 bis, se quedara fuera del Bajo Flores. La "Masacre del Señor de los Milagros", ocurrida en 2005, un intento armado de "Ruti" para liquidar a "Marcos" durante una procesión religiosa y retomar el control de la 1-11-14, le costó la vida a cinco personas, entre ellas un bebé. La muerte de "Hercules" prometía una nueva escalada del conflicto entre capos.
El fiscal Adrián Giménez terminó por archivar el caso tras agotar todas las medidas de prueba: los testimonios y cámaras relevadas no arrojaron ningún resultado con respecto al autor del crimen. Hoy, informes de inteligencia criminal a los que accedió a Infobae y que están en poder de organismos oficiales señalan a "Peluchín", ya convertido en jefe de zona de la organización de Estrada González, como el supuesto asesino del sobrino de "Ruti".