Con respecto a la mafia china, siempre se supo a dónde iban sus balas, pero muy rara vez se supo a dónde iba su dinero.
Las bandas extorsivas de orientales que operan en el país desde hace al menos quince años siempre lo hicieron de una forma muy sencilla. Primero dejan una nota bajo la puerta de un supermercado propiedad de un comerciante de su misma nacionalidad, una hoja A4 con una docena de ideogramas y una cifra, junto a un teléfono de contacto. Si esa plata no se paga, usualmente un monto de 50 mil dólares con topes de hasta cien mil, el supermercadista morirá, según reza la clásica amenaza en la hoja A4.
Si no hay respuesta inmediata al apriete, entonces un sicario en moto se encargará de visitar el comercio para balear en las piernas al cajero o repositor del comercio a plena luz del día. La extorsión inicial, que se refuerza con cuotas de hasta cincuenta mil pesos mensuales, es solo la punta del iceberg: los supermercadistas apretados hasta pueden pedirle a la mafia eliminar a competidores.
Al menos cinco bandas fueron identificadas a lo largo de los años en el país, con nombres como Wan Ke, Panda y Xin. De todas ellas, Pi Xiu, llamada así por un mítico animal chino con cuerpo de león y cabeza de dragón, fue la más poderosa y despiadada de todas. Según estiman fuentes judiciales, la banda, encabezada por su líder Yong Ye, de 36 años, alias "A Di" o "El Grosso", con DNI argentino y nacido en la provincia de Fujián, llegó a controlar más de 300 supermercados chinos para recaudar más de un millón y medio de dólares. En julio del año pasado, luego de una meticulosa investigación de la división Defraudaciones y Estafas de la PFA, Pi Xiu cayó con un estruendo.
El Juzgado de Instrucción N° 42 a cargo de la doctora María Gabriela Lanz ordenó una serie de 22 allanamientos luego de meses de seguimientos y escuchas. Hubo más de 20 detenidos, entre ellos Yong Ye, casado con una argentina. Lo encontraron en su aguantadero más reciente, ubicado en la calle Ramón Falcón al 5200, listo para huir, con siete celulares, una camioneta Mercedes Benz modelo Sprinter, un Toyota Corolla, siete celulares y 130 mil pesos en efectivo. Hubo fuego: la banda intentó repeler a tiros a efectivos del grupo GEOF en un supermercado de San Martín. La banda, que operaba bajo el marco falsamente legal de la "Cámara de Comerciantes y Empresarios Chinos de la Provincia de Buenos Aires", con el correspondiente cartel de la Cámara para marcar los negocios que controlaba, fue imputada por seis hechos de extorsión y tiros en las piernas, junto a otros diez que luego fueron remitidos a Lanz por un fiscal de instrucción porteño.
El negocio, sin embargo, llega mucho más lejos que un simple apriete. Escuchas en la causa instruida por Lanz ligaron a Pi Xiu con un caso investigado por el doctor Adrián González Charvay, juez federal de Campana. El 26 de mayo, una Volkswagen Amarok blanca volcó en un camino vecinal cercano a la Ruta Nacional N° 9 tras una breve persecución. Un patrullero del Destacamento Vial de Zárate la había observado; tras movimientos sospechosos, siguió a la camioneta para intentar detenerla. Finalmente, la Amarok cayó en un zanjón. Los policías viales vieron cómo ocho mujeres chinas -casi todas oriundas de la provincia de Fujián- corrieron atontadas y despavoridas por el campo. El episodio era, a todas luces, un obvio delito de trata de personas.
Junto a ellas había dos argentinos, sus choferes y presuntos paseros que luego fueron procesados. Las mujeres habían recorrido un largo periplo desde Bolivia como punto de partida, algunas hasta pasaron por Ecuador según sus declaraciones. Lo cierto es que, según revelaron las causas de las escuchas de Lanz, miembros jerárquicos de Pi Xiu estaban moviendo sus engranajes para liberarlas de su detención, algo que dependía en parte de la Dirección Nacional de Migraciones, en donde Pi Xiu tenía un presunto contacto de alto rango: Leonardo Javier Rende, el jefe de Mesa General de Entradas y Salidas de Migraciones a nivel nacional, con un despacho en un edificio de la central del organismo en Retiro.
Rende fue finalmente detenido por orden de González Charvay. Los delitos que se le imputaron fueron al menos graves: tráfico de influencias, fraude, asociación ilícita, falsificación de documentos e infracción a la ley migratoria.
Todo esto es, a grandes rasgos, la dimensión de las operaciones de Pi Xiu que conoce la Justicia. Hoy, la jueza Lanz investiga algo que va más allá de los aprietes y las balas y las mujeres traficadas en camionetas: la ruta de la plata de la mafia misma. El destino final no sería otro que China.
La clave está en una libreta encontrada por la PFA en un allanamiento hecho a un miembro de la cúpula de la banda. Escrito en chino, el texto revelaba movimientos de dinero hechos durante seis meses entre 2015 y 2016, giros a Oriente por siete millones de dólares y 14 millones de pesos. Lanz sospecha que al menos 20 miembros de la banda participaron de la maniobra. La jueza cree que el mecanismo empleado es similar al de las cuevas financieras, con envíos de dólares que se replicaban en yuanes, la moneda nacional china.
Hasta ahora, no se sabe en qué parte de China fue recibida la plata, aunque la libreta habla precisamente de bancos en el país asiático: la única evidencia por el momento para la hipótesis se centra en el anotador, que se vuelve una pieza única de contabilidad en la historia de las investigaciones de la mafia china. Por lo pronto, el Juzgado N° 42 envió dos exhortos a Cancillería, uno en chino mandarín y otro en español, para que remita al gobierno chino en busca de información financiera sobre los intereses y giros de Pi Xiu.
La causa de los 22 allanamientos de julio pasado tuvo un expediente hermano de similares características también a cargo de la jueza Lanz, en donde Yong Ye, hoy preso en Devoto luego de protagonizar una riña en la cárcel de Ezeiza, fue procesado con prisión preventiva junto a otros dos jerarcas de su banda con un severo embargo de un millón y medio de pesos para cada uno. En poco tiempo, aseguran fuentes judiciales, esta causa será elevada a juicio.
La imputación se basa en cinco casos de extorsiones armadas ocurridos entre marzo y mayo de 2016, junto a la detención de un miembro de Pi Xiu que circulaba en un BMW con un registro de conducir falso con el DNI de una mujer china.
En todas las agresiones armadas llegó una carta; luego de varios llamados, un sicario baleó a un cajero u empleado del supermercado en cuestión, negocios en calles como Charcas o Paraguay. Un supermercadista, dueño de dos comercios, fue apretado para entregar 50 mil dólares por cada uno de ellos, o si no un miembro de su familia moriría por cada reclamo telefónico.
La clave que unió los casos, originados en distintas fiscalías y juzgados y luego remitidos a Lanz, además de diversas escuchas en donde los miembros de Pi Xiu daban hasta direcciones expresas de los comercios, fueron las pericias balísticas a cargo de PFA: en todos los casos se repetían las armas y las municiones.