Más cerca del infierno que del cielo. Muy probablemente así se hayan sentido los 25 chicos y adolescentes hipoacúsicos o sordos que en algún momento de sus vidas pernoctaron en el Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza.
Llorando, denunciaron haber sufrido abusos sexuales perpetrados por dos curas y tres empleados del establecimiento.
Durante las últimas horas el listado de víctimas creció de 22 a 25 y el fiscal de la causa, Fabricio Sidoti continúa realizando Cámaras Gesell a los denunciantes y testigos.
Según consignó el procurador de la Corte mendocina, Alejandro Gullé, aún restan una quincena de procedimientos y allí podrían aparecer nuevas víctimas. Si bien oficialmente se habla de 23 damnificados –un chico abusado por 4 de los imputados es el único que se agrega a la lista-, en la causa se incluirían a otros 2 como víctimas de "corrupción de menores", pero aún resta la oficialización.
Detalles del horror
Los detalles de los actos a los que eran sometidos y forzados a realizar los menores también remiten a una postal digna del averno. Durante una de las Cámaras Gesell realizada el martes, un chico hipoacúsico que había estado en el instituto, y quien fue citado por Sidoti en calidad de testigo, terminó por quebrarse y relatar que también había sido abusado y atacado por 4 de los imputados. La historia no sólo sorprendió al fiscal y a los peritos presentes, sino que también conmocionó a su madre quien tomó conocimiento del episodio cuando su hijo abandonó la sala.
Durante la misma jornada -y en otra de las sesiones-, una chica (también no oyente) indicó que una amiga le había confesado haber sido abusada por el cura Nicola Corradi (82) -quien era la máxima autoridad del instituto-, aunque resaltó que con ella los curas "eran buenos".
Al terminar el testimonio ocurrió un hecho que llamó la atención: cuando la joven salió el recinto se encontró con un compañero del instituto y al saludarlo una de las intérpretes observó cómo la menor le decía, mediante lenguaje de señas, que también declarara que los curas "eran buenos". De este incidente se dejó constancia en la instrucción.
Otra de las denuncias que da forma a los cuatro cuerpos del expediente cuenta cómo los chicos eran permanentemente obligados a practicarse sexo oral entre sí o a los imputados, todo ante la vista de sus compañeros.
De hecho, la denuncia que fue presentada en 2008 -y en la que la Justicia nunca avanzó- también se refiere a un episodio similar. Un chico de 9 años había dibujado a una persona practiándole sexo oral a otra, y varios ojos rodeaban la escena. La madre, sobresaltada, radicó la denuncia pero la causa nunca se movió. Luego de que el 25 de noviembre saltara el escándalo, la víctima (que hoy tiene 17 años) y su madre volvieron a la dependencia judicial. Allí, conmovido, el adolescente amplió su declaración y manifestó que las autoridades del albergue lo obligaron a practicarle sexo oral a un compañero, y que éste luego fue obligado a abusar de él.
Otras declaraciones, en tanto, hacen referencia a cómo los abusadores les quitaban los audífonos al momento de abordarlos y detallan que muchos ataques sexuales transcurrieron en la cocina.
Incluso, cuentan como una chica fue atada a unas rejas para que no oponga resistencia alguna mientras era violada.
Cuando el fiscal y los asistentes psicológicos creyeron haber escuchado todas las aberraciones posibles, los sacudió un terrible testimonio de uno de los denunciantes. En la Cámara Gesell contó que uno de los administrativos que hoy está en prisión tuvo relaciones con un perro, con los chicos que dormían en la pensión como testigos.
Por estas denuncias se encuentran detenidos en la cárcel mendocina de Boulogne Sur Mer los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), además de los administrativos Jorge Bordón (50, quien era presentado como diácono y oficiaba de monaguillo), José Luis Ojeda (41) y Armando Gómez (46) -estos 2 también son hipoacúsicos-.
Todos están imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores". Además, los dos sacerdotes están siendo investigados por abusos sexuales que se habrían cometido en la sede del Próvolo de La Plata mientras ellos habrían estado asignados al lugar.
Piden que la orden se vaya de Mendoza
El titular de la Defensoría de Personas con discapacidad, Juan Carlos González, anunció que la entidad se ha presentado como querellante en la causa y es el fiscal Sidoti quien debe determinar ahora si se la acepta o no como tal.
Además, González indicó que presentará un petitorio formal solicitando a la Casa Generalicia en el país de la Congregación Compañía de María para la educación de niños sordos -que tiene como razón social al instituto Antonio Próvolo- que se retire de Mendoza y que haga entrega del establecimiento y el predio de 6 hectáreas al Ejecutivo provincial.
"El instituto ha perdido autoridad moral y si bien no tiene la obligación legal (de entregarlo), entiendo que tienen justamente una obligación moral. Claramente esta acción no repara los daños ya hechos, pero dejaría de ocasionar nuevos. No queremos llegar a la expropiación por parte del Estado, ya que esto implicaría que lo tengamos que pagar todos los mendocinos", destacó el funcionario, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora, Laura Montero.
En 2016 fueron 90 los chicos y adolescentes hipoacúsicos o no oyentes que pasaron por las aulas del instituto, y entre 10 y 15 pernoctaban en el albergue de lunes a viernes. Una vez que salieron a la luz las primeras denuncias, la Justicia dispuso que las clases se reanudaran con una orden de restricción para los religiosos y administrativos que dependieran de ellos (no podían ingresar al lugar). No obstante, muchos padres optaron por no volver a mandar a sus hijos al instituto.
Si bien las clases culminaron la semana pasada, el futuro de los chicos que aquí estudian es incierto ya que no existe otro establecimiento similar en Mendoza. Por este motivo es que ahora el gobierno apoya también el pedido que hará la Defensoría a la orden religiosa.
Ayuda psicológica para las víctimas
El miércoles por la mañana, los Padres Autoconvocados de chicos, jóvenes y adultos con discapacidad del Instituto Próvolo mantuvieron una reunión con Elizabeth Liberal, responsable del área de Salud Mental de la provincia. Preocupados solicitaron que el gobierno articule el trabajo de los equipos interdisciplinarios que deben asistir y acompañar a las víctimas del Próvolo y a sus familias.
"Pedimos que haya dos profesionales rotativos presentes en todo momento durante las cámaras Gesell, porque los chicos salen muy golpeados anímicamente de la sala. El hospital Notti tiene recursos para asistir a víctimas de maltrato, pero la causa lleva más de 20 días y no nos ha atendido nadie. Por suerte, la reunión ha sido muy positiva y se han comprometido a ayudar a las víctimas", destacó la presidenta del grupo, Alejandra Berlanga.
"Los padres están mal. Muchos de ellos se sienten golpeados porque sus hijos durante mucho tiempo les transmitieron su deseo de no ir más al instituto y ellos los siguieron mandando. Se sienten angustiados y culpables y también necesitan ayuda", destacó una profesional que acompaña a las familias en este difícil momento.
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