Las 40 fotos que muestran los arsenales con ametralladoras en manos de narcos y secuestradores

No cualquier narco villero tiene una serpiente pitón suelta en el piso de su casa. Para el mundo transa provincial, tener una mascota de esta característica, es, por así decirlo una extravagancia fuera de serie. El 4 de septiembre último, más de 300 efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en el asentamiento Betharram de Almirante Brown. Pertenecientes a divisiones como Drogas Ilícitas y el Grupo Halcón, tenían 15 órdenes de allanamiento firmadas por el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Patricio Santa Marina y el secretario Leonardo D'Amore.

"El Canchi", "El Tío" y "El Corona" eran sus principales sospechosos, presuntos jefes de una estructura narco investigada durante varios meses, con ocho líneas de teléfono intervenidas, que había acumulado cocaína suficiente para más de 30 mil dosis con adictos que hacían colas de media cuadra para conseguir droga en sus kioskos. Hubo, al final del operativo, nueve detenidos. La pitón fue encontrada reptando en el suelo de una de las casas de los presuntos narcos en la periferia de la villa Betharram; ya había mudado su piel para llegar a su típico tono entre amarillo y blanco. La serpiente era una suerte de custodia; estaba ahí para proteger, estiman los investigadores, el arsenal de la banda, uno de los mayores lotes de armas encontrados a manos de delincuentes en los últimos tiempos.

Fueron 16 armas en total: carabinas, rifles, revólveres calibre .38, hasta municiones antiaéreas. Sin embargo, las estrellas fueron tres fusiles FAL calibre 7.62, junto a dos ametralladoras, una de ellas una UZI .9mm, con la marca de un escudo que fue suprimido. Su dueño anterior no habría sido otra que la Policía misma. Cada arma tenía sus cargadores llenos. El dueño de casa hoy se encuentra procesado con prisión preventiva por el delito de acopio de armas de guerra en concurso real con narcotráfico organizado. Pero la banda de la pitón no fue la única en tiempos recientes en caer con armas de este tipo.

A mediados de este mes, un grupo que operaba entre Lanús y Lomas de Zamora fue capturado por la Bonaerense con 2500 dosis de cocaína y una ametralladora Halcón .9mm, de fabricación nacional. Hay opciones más artesanales: "Brendita La Pistolera", una joven de 19 años, fue detenida a fin de agosto en una pensión de Ciudadela, acusada de balear a una mujer en una riña en Fuerte Apache. "Lesiones graves" y "tenencia de arma de guerra" fueron los delitos que integraron su carátula. Le encontraron, entre otras armas, una ametralladora de fabricación casera que tenía hasta su propio cargador, un avance radical frente a las típicas pistolas tumberas construidas con caños. En el barrio de Las Catonas en Tres de Febrero, donde se realizó este mes la fatídica fiesta Proyecto XXX, un joven de 27 años con el colorido alias de "Yoni Metralleta" fue capturado a mediados de julio con una vieja ametralladora PAM 2, un modelo que se usó en la guerra de Malvinas.

Las granadas FMK-2, también nacionales y de fabricación militar, son otra figura repetida. Le encontraron una, por ejemplo, a una banda de transas paraguayos desbaratada por la PFA en el barrio Agua de Oro en General Rodríguez a comienzos de agosto. El dispositivo estaba listo para explotar. "Dicen que las encuentran 'tiradas'", se ríe un veterano fiscal con respecto a los explosivos.

Los narcos peruanos de las villas porteñas entendieron lo mismo que sus pares bonaerenses: el arsenal se guarda aparte. Otra FMK-2 fue encontrada en un rancho el Playón Este de la Villa 31 bis por la división Homicidios de la PFA  a comienzos de julio del año pasado: el lugar era un depósito de armas vinculado al violento capo César Morán, preso en Devoto por homicidio. Junto a la granada se incautaron pistolas Bersa, Colt y TAM, una escopeta Remington Magnum 8.70, carabinas Beretta, Ruger y Mauser con culata recortada, una bolsa surtida con casi cien cartuchos de diversas municiones, cincuenta balas calibre .45 entre otras municiones y un chaleco antibalas. En noviembre último, la PFA irrumpió en el domicilio en San Martín de Cynthia Huamani Zambrano, supuesta lugarteniente del capo Alionzo "Ruti" Mariños, detenido esta semana en Lima: tenía, además de pasta base, dos ametralladoras, incluida una FMK3 argentina y otra granada.

Los casos se repitieron a lo largo del año: bandas dedicadas a entraderas, delincuentes sorprendidos en autos, todos con ametralladoras y fusiles de asalto. Las armas que solían ser dominio exclusivo de asaltantes de blindados hoy son una variable generalizada para el delito. Hoy, por ejemplo, aparecen en secuestros exprés. En julio de este año, ocho delincuentes armados con fusiles FAL raptaron a una familia a la salida del country La Martona, liberados tras pagar 15 mil pesos. Toda esta larga lista de casos no hace más que ilustrar algo que jueces, fiscales y comisarios consultados por Infobae no dudan en llamar "una crisis, una de las mayores concentraciones de armas pesadas en manos de delincuentes vistas en tiempos recientes".

La Policía Federal acusa la situación en sus incautaciones. En 2015, la fuerza, de acuerdo a fuentes de los organismos de seguridad, encontró 510 armas cortas y casi 30 armas largas. En lo que va de 2016, ya son casi 460 armas incautadas en total, casi 70 de ellas son largas, más que el doble del año pasado. El actual ANMAT, antes RENAR, el ente estatal a cargo de controlar las armas de fuego en la Argentina, tiene sus propios números en ascenso. En 2015, el organismo destruyó más de 21 mil armas; 7200 provenían de causas judiciales, el resto por entrega voluntaria de ciudadanos. Este año se destruyeron casi 25 mil; 11 mil piezas de ese número provienen de incautaciones de la Justicia.

País de fierro

La PFA también acusa el impacto de la crisis de las ametralladoras en sus propios hombres. La división Armas, que depende del área de Delitos Federales y  tiene como fin investigar el tráfico en la materia, perdió a uno de sus principales oficiales con rango de subcomisario en febrero último; un grupo de cuatro delincuentes intentó secuestrarlo mientras intentaba ingresar a su casa en Pablo Podestá. El oficial abrió fuego. La superioridad de los secuestradores fue evidente: lo balearon con una ametralladora FMK3. Recibió siete tiros en el cuerpo; se encontraron más de 50 vainas servidas en la escena.

Para la PFA, el problema de las armas no es sencillo: todo depende del arma en sí. "Lo que estamos viendo es una mezcla de armas sofisticadas y armas viejas locales, mitad y mitad. Si el arma es argentina, es altamente probable que sea de origen militar", resume una fuente en la fuerza: "No digo que haya un alto oficial militar detrás, pero hay muchos vivos en este país". El relato continúa: "Vemos entre delincuentes fenómenos como el leasing, alquiler de armas con opción de compra. También tenemos una frontera muy porosa, con falta de control. Es muy fácil pasar por Salta, Jujuy o la Triple Frontera con material prohibido". El mercado de excedentes y repuestos estadounidense es otra boca de expendio que alimenta un fenómeno difícil de rastrear: armas ensambladas de varias partes, lo que se conoce en la jerga como "fusiles 'Frankenstein'".

La UFI-RENAR, que depende del Ministerio Público Fiscal y está encabezada por los fiscales federales Jorge di Lello y Franco Picardi con el doctor Rubén Castro como secretario, es el ala de la Justicia a cargo del problema. Tiene como objetivo investigar delitos relacionados con armas de fuego, municiones, explosivos, pirotecnia y demás materiales controlados por el RENAR, así como la falsificación de documentación. Ya tuvo cerca de cuatro mil actuaciones judiciales desde sus comienzos en 2005. Hoy, la UFI-RENAR está en medio de una larga investigación preliminar que busca una respuesta de la que suelen carecer fiscales y jueces: determinar cuál el origen de los fusiles de asalto en manos de los delincuentes argentinos. La UFI, por ejemplo, trabaja estrechamente con el área de Armas de la PFA.

Un colador

La unidad a cargo de Di Lello, Picardi y Castro no solo tiene sus ojos puestos en el mercado interno. El "Mercorsur de la ametralladora", por así decirlo, es una realidad: la exportación a países limítrofes de armas con el sello de Fabricaciones Militares es un hecho que la Justicia argentina tiene en la mira hace más de cinco años. El caso del contador uruguayo Saúl Feldman fue una suerte de pionero que motivó un viaje de miembros de la UFI-RENAR al país vecino.

El 31 de octubre de 2009, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía uruguaya derribó su puerta en el barrio de Aires Puros en Montevideo luego de que se lo acusara de matar a un agente de inteligencia: Feldman resistió a tiros hasta que fue abatido. Le encontraron, entre lingotes de oro y documentación militar, al menos 70 armas automáticas, con un alto porcentaje de fusiles FAL denunciados como faltantes no solo por el Ejército uruguayo sino también por el argentino. En febrero de 2014, los medios paraguayos presentaron esposados en el suelo de tierra de una dependencia de Ciudad del Este a los miembros de "La Pesada de la Triple Frontera". La Policía local los había encontrado en la barriada de Pablo Rojas: no solo tenían su propio laboratorio para cocinar cocaína y 400 kilos de marihuana embalada para lista para enviar presuntamente a la Argentina, sino también ocho fusiles FAL y cerca de mil municiones junto a un arma antiaérea.

Un funcionario experimentado asegura: "Las armas más sofisticadas pasan por la Triple Frontera, principalmente por Ciudad del Este. Nadie te controla. Vas así nomás. Si pasás un par de zapatillas, ¿cómo no vas a pasar una ametralladora?" En 2014, un rumor policial que repercutió fuertemente en fiscalías de la provincia apuntó la llegada de un lote de 50 fusiles AK-47, posiblemente rusos o coreanos, que fueron vendidos en pocos días a 5 mil dólares cada una.

Hay hallazgos recientes hechos por la Policía bonaerense que hablan de un poder de fuego importado sumamente significativo. Carlos Fiordellino era uno de los prófugos más buscados de la Argentina; se había escapado al trote de una alcaidía policial en Rosario hace cinco años luego de caer con más de 50 kilos de marihuana y una pistola.

Fioerdellino fue detenido en julio último, rodeado por doce policías a bordo de un BMW blanco en una estación de servicio sobre la Ruta 26 en Tortuguitas, con 296 mil pesos, supuestamente en camino a una compra de droga. Un llamado anónimo llevó a un operativo a cargo de la división Drogas Ilícitas de Zárate-Campana bajo las directivas del juez federal de Adrián González Charvay. El dato indicaba que Fiordelino llevaría a cabo un negocio narco esa misma noche. Intentó coimear al comisario que lo arrestó con un millón de pesos, algo que no funcionó. En el BMW, Fiordellino tenía una ametralladora M-16 equipada con un cargador Surefire que podía llevar 50 balas calibre .223, un caso insólito para el mercado narco local. "La adquisición de esta arma solo está autorizada para las Fuerzas Armadas", apunta una fuente cercana al expediente.

A comienzos de este mes, Richard Castillo, "El Mocosón", oriundo del Callao peruano, terminó posando para una cámara policial con la remera al cinto y sus viejos tatuajes tumberos a la vista. Ex presunto sicario del cartel del capo limeño Gerald Oropeza, "El Mocosón" fue acusado de tener un plan algo ambicioso: convertirse en un capo él mismo. Para hacerlo, intentó tomar el control de una villa, tal como hizo su compatriota "Marcos" Estrada en la 1-11-14 del Bajo Flores quince años atrás. Castillo se instaló en la villa Las Achiras de La Matanza, una zona de baja conflictividad, con casi una docena de subalternos, incluidos dos familiares directos, para montar diversos kioskos narcos. No solo ofrecía, presuntamente, pasta base a diez pesos la dosis: contaba también con "alita de mosca", cocaína premium de su país a 300 pesos el gramo.

Cuando la dependencia La Matanza de la división Drogas Ilícitas arrojó al piso al "Mocosón" para esposarlo tras una larga investigación, le encontraron dos fusiles de alto poder capaces de convertir ladrillo hueco en escombro. El primero fue un Heckler und Koch, calibre .223, oriundo de Alemania, considerado uno de los mejores fusiles de asalto livianos en el mercado. El segundo es casi una pieza de colección: un SKS calibre 7.62×39, un diseño soviético de más de 60 años, predecesor de la AK-47, un arma hoy en desuso pero históricamente disponible en casi toda Latinoamérica. La SKS del "Mocosón" tenía su cargador modificado ilegalmente para mayor capacidad.

Se trata de control

Hay otra boca de expendio fuertemente sospechada por la UFI-RENAR: las viejas agencias de seguridad privada que operaron a lo largo de la década del '90 para luego desaparecer. Hoy sería impensado que un vigilador privado apostado en un shopping o un banco esgrima un arma de fuego; una cachiporra suele ser la norma. Pero casi 25 años atrás, al calor del discurso de la "mano dura", los guardias de las agencias de seguridad tenían permiso para portar armas automáticas, algo que hoy está reservado a los custodios de transportes de caudales. La portación de armas de alto poder para las agencias quedó prohibida, pero qué pasó con esas armas es un misterio, que, por lo pronto, se traduce en varios cadáveres.

En Rosario, una fiscal investiga una serie de siete fusiles FMK3 de .9mm y Halcón, desarrolladas hace más de 50 años por Fabricaciones Militares, involucradas en robos de bancos y ajustes de cuentas. Esa fiscal envió un oficio a la UFI-RENAR en febrero de este año con los números de serie de varias de estas armas que, al contrario de la norma, no habían sido limados: se descubrió que varias de ellas pertenecían a una agencia de vigilancia que había dejado de operar en 1990.

La Justicia y las fuerzas de seguridad entendieron que, por así decirlo, fierro viejo mata igual. Se sospecha, por ejemplo, que los alzamientos carapintadas llevaron a insertar una gran cantidad de armas al mercado negro. A fines de julio último, el Ministerio de Seguridad santafesino a cargo de Maximiliano Pullaro decidió entregar al ANMAC más de tres mil armas para que sean destruidas. El lote, detectado tras un largo proceso de reordenamiento en el área de Logística de la Policía provincial, incluyó pistolas calibre .38, .9mm, ametralladoras, escopetas 12,70 y armas lanzagases. Muchas de las armas, fabricadas en la década del '70, estaban en desuso: el Ministerio, básicamente, buscaba evitar que sean revendidas a delincuentes. A fines de agosto, la División Sur de Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones desbarató un negocio al menos conveniente en la calle Castellanos al 3400: un servicio de alquiler de armas con 19 ítems en la lista, incluida una ametralladora semiautomática con el cañón adaptado para silenciador.

El problema no era nuevo para Pullaro, por otra parte. En marzo último, se encontraron casi 600 armas sin registrar en más de cien comisarías y subcomisarías. Ese mismo mes, dos jóvenes de apenas 18 y 22 años fueron detenidos a bordo de un Peugeot 306 en la zona oeste del Gran Rosario. En el baúl, junto a una pelota de fútbol, tenían un virtual arsenal de neto origen militar suficiente para atacar un blindado: dos granadas para fusiles FAL, una granada antitanque para lanzacohetes, un rifle de asalto calibre .308 con mira telescópica comúnmente empleado por francotiradores, dos pistolas y decenas de municiones. Uno de los explosivos provenía de la polémica planta de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán, que funcionó bajo control de La Cámpora, arrojó el hueco más preocupante para el tráfico interno de armas en la Argentina en tiempos recientes.

A mediados de marzo, un allanamiento a presuntos narcos en Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario, arrojó dos detenidos y un lote prolijamente dispuesto en cajas. Había dos granadas lacrimógenas, municiones para FAL y calibre .9 mm. Cada caja tenía la inscripción "Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán". El Ministerio de Defensa bajo Julio Martínez había ordenado una extensa auditoría de la planta del complejo de Fabricaciones Militares. El faltante fue de más de 9 millones de fulminantes de municiones .9 mm. y 1,7 millones de fulminantes para cargas de FAL, según reveló Clarín. También, no se habían registrado más de 750 mil proyectiles, también para fusiles FAL. En la lista, también hubo espoletas, granadas y cargas para lanzacohetes, material suficiente para sostener una pequeña guerra.

Hoy, fuentes tanto judiciales como policiales miran a las Fuerzas Armadas con recelo: "Con respecto a todos estos FAL y FMK3, a todas estas granadas, los cuarteles son siempre la incógnita", dice un veterano fiscal. Las sospechas, por otra parte, recaen también mecánicos armeros del Ejército como mano de obra desocupada: "Hay muchos FAL con número de serie limado, con partes ensambladas. Hace falta conocimiento. No es como en las películas, donde los marines te arman y desarman una ametralladora con los ojos cerrados, no es encastrar y girar. Para manipular algo así hace falta un conocimiento específico. Eso lo tiene un mecánico armero".

Todavía, reconocen desde la UFI-RENAR, no hay una causa judicial en el país que tenga en la mira a un alto oficial militar como presunto responsable del tráfico de armas, pero los números de años recientes son un tanto elocuentes. En julio de 2012, un informe oficial del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina que fue citado por Clarín reveló el robo de más de 400 armas a las FF.AA, incluidos 154 fusiles FAL y nueve ametralladoras Browning. No se habla, tampoco, de tráfico a gran escala. El robo hormiga, como un caso ocurrido en 2012 en la Base Naval de Zárate investigado por el juez federal Adrián González Charvay en donde un delincuente le robó un FAL a punta de pistola a un efectivo en plena guardia nocturna, suele ser la norma.

De cara a esta situación, controlar a cuarteles y arsenales en todo el país se vuelve un punto urticante. El ex RENAR no puede hacerlo de oficio, así como la UFI a cargo de Di Lello y Picardi, ni para las FF.AA o para las fuerzas de seguridad federales y provinciales: ambos no pueden ingresar a dependencias militares sin una orden judicial. Para la PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA, el Ministerio de Seguridad presentó esta semana una nueva Dirección Nacional que se encargará de auditarlas aunque, curiosamente, no tendrá potestad o injerencia para controlar el stock de armas en comisarías y dependencias.

De todas formas, la preocupación es evidente. Para este fin, la cartera a cargo de Patricia Bullrich creó a mediados de junio el Programa Integral de Gestión de Arsenales y Trazabilidad de Armas y Municiones con el objetivo de "desarrollar e implementar medidas de control de armas, gestión de riesgo y alerta temprana para minimizar el robo, desvío, pérdida y proliferación de armas, explosivos y municiones de las fuerzas de seguridad", aseguró un comunicado oficial. Bajo esta directiva, se ordenó "efectuar un diagnóstico de la situación para elaborar un inventario apropiado". La palabra "extravío" suele ser un eufemismo: el año pasado, la PFA recibió varios reportes de armas supuestamente perdidas de una fuerza militar en particular.

Las Fuerzas Armadas son jurisdicción del Ministerio de Defensa. Un funcionario en el Edificio Libertador apunta: "Todos los años se hace, al menos una vez al año, una auditoría general. Este año, no hubo faltantes. Pero los anteriores, sí".