Los números y la ruta de la pornografía infantil en la Argentina: hubo 19 mil denuncias en los últimos tres años

Los últimos días de este agosto pasado fueron algo agitados en cuanto a romper puertas para atrapar a presuntos culpables de traficar pornografía infantil en Internet. Una señal de Interpol desde Alemania alertó a la doctora Daniela Dupuy, titular del Equipo Fiscal Especializado en Delitos Informáticos de la Justicia porteña, que ordenó 35 allanamientos simultáneos en todo el país con la Policía Federal a la cabeza. El motivo: un importante caudal de escenas de sexo con menores enviadas entre usuarios locales a través de la vieja red online eDonkey. Tres días después, la división Cibercrimen de la Policía Metropolitana irrumpió en domicilios de Lanús Oeste y Chacarita bajo órdenes de los juzgados contravencionales porteños Nº4 y Nº16; se secuestraron pendrives y computadoras entre otros soportes. Un día antes, Cibercrimen había ingresado a una casa de la avenida Rivadavia al 9800, barrio de Villa Luro, con la firma del Juzgado Contravencional Nº30: se secuestraron más pendrives, máquinas de fotos, filmadoras y dos armas de alto calibre sin ninguna documentación.

El día 24 del mes, la Delegación La Plata de la PFA detuvo en Ensenada a un hombre de 43 años acusado de distribuir pornografía de menores: le incautaron imágenes de pedofilia explícita impresas en formato físico, pastillas de Viagra y seis celulares. Ese mismo día también había caído otro supuesto pedófilo de 32 años en la calle Coronel Melián, zona de Libertad, partido de Merlo, arrestado por la Delegación Morón de la PFA en un operativo a pedido de la UFI Nº5 del doctor Claudio Oviedo. El material incautado fue el de costumbre, con pornografía de menores en varios soportes y un arma de fuego que el sospechoso intentó descartar cuando la Policía irrumpió en su casa. El hombre se había delatado a sí mismo de forma bastante tonta: colgó las imágenes prohibidas en dos cuentas de Twitter.

El calendario de operativos fue igual de intenso este último abril en cuanto a distribución de pornografía infantil. PFA llevó a cabo seis allanamientos a comienzos del mes, nuevamente en el área de Libertad y también en puntos de William Morris e Ituzaingó con la presencia de instructores judiciales de la Fiscalía General de Morón, una causa en la que se pudo identificar a uno de los menores que aparecían en una de las imágenes. A fines de marzo, la Dirección de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense detuvo a cinco personas en La Matanza luego de un rastreo de dirección IP. Días antes en la calle Los Naranjos al 300, zona de Escobar, un chico de seis años fue rescatado de sus padres y su tío por la Policía Bonaerense, en una pesquisa a cargo de la fiscal Mabel Amoretti: el menor era abusado, los abusos se filmaban y luego se distribuían por Internet. Poco más de una semana antes, Delitos Económicos de la Bonaerense había arrestado en Laferrere y Villa Madero a dos mujeres y a sus tres hijos por divulgar porno con niñas. Sin embargo, a pesar de todo este volumen de casos en tan corto tiempo, la pornografía infantil en la Argentina no es una erupción repentina, sino una constante.

El Equipo Especializado de la fiscal Daniela Dupuy, que condensa la inmensa mayoría de delitos de pornografía infantil en territorio porteño, acumuló 2452 casos de pornografía infantil, un 89 por ciento de su carga de causas. En el mismo período, la fiscalía allanó 171 domicilios en todo el país y detectó más de 178 mil imágenes y videos en dispositivos y computadoras. La vieja división Pornografía Infantil de la Policía Federal fue rebautizada como Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia, comandada por el comisario Julio Díaz: en lo que va del año, la división actuó en 60 allanamientos a lo largo del país. En todos ellos se encontró material sexual infantil.

Hay un organismo que se encarga de detectar estos casos: el National Center of Missing and Exploited Children o NCMEC, establecida por el Congreso estadounidense, que recibe a su vez reportes de gigantes online como Facebook, Twitter o Gmail. A través de sus sistemas, NCMEC puede señalizar y detectar un archivo a través de valores en el hash del mismo, una secuencia de caracteres en su código, creando así una base de datos. El archivo puede cambiar de nombre, pero el hash se mantiene. Así, se puede detectar a quién transmite. También aplica un programa propio, llamado Photo DNA, que detecta saturación de color, entre otros factores. NCMEC no solo detecta transmisiones entre pedófilos: también puede identificar un envío de un menor a un adulto.

El Ministerio Público Fiscal porteño firmó a mediados de 2013 un convenio de colaboración con NCMEC, que permite una conexión remota con la red virtual interna del organismo. Hoy, tres años después de la firma del convenio, los casos reportados por el NCMEC son más de 19 mil, según datos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales porteño. El 45% se concentra en la provincia de Buenos Aires, un 30% en Capital Federal. Hoy, apuntan fuentes en el organismo, hay más de cinco mil causas en trámite a nivel nacional.

Para la fiscal Dupuy, el peligro no termina en un montón de fotos prohibidas en un disco rígido. El grooming, el acoso virtual de niños y adolescentes a manos de adultos en redes sociales y en preparativa usualmente para el abuso físico, es el segundo nivel del problema. "El porcentaje de casos de pornografía sube, no baja. Muchos de los casos derivan en grooming. Al analizar los contenidos se llega a conversaciones que tranquilamente se pueden subsumir en grooming", apunta Dupuy a Infobae. El pedófilo insular, el que acumula material sin atacar a menores "existe", dice Dupuy, "pero también existen los que llegan a grooming y otros que cruzan al abuso sexual. No surge del contenido, sino en los allanamientos de las casas… Según nuestra experiencia en pornografía infantil, es muy común que reincidan en su conducta tras una condena. No quiero decir que todos los consumidores de pornografía infantil cometen abusos, pero en muchos casos también se abusa".

El material más aberrante es un menú casi diario para el Equipo Especializado que encabeza Dupuy. No es algo fuera de lo común incautar dispositivos y encontrar penetraciones a niños de 3 a 6 años o directamente a bebés; la pornografía heterosexual, escenas de hombres con niñas y adolescentes, suele ser la norma. Dupuy parte desde la base de que el pedófilo acumula material y lo acumula para compartir, "un virtual canje de figuritas". En esa mecánica, la Internet común y corriente es la base para cualquier red de pornografía infantil promedio.

Hoy, las denuncias de NCMEC motorizan la gran mayoría de causas a lo largo de todo el país y representa el 80% de las denuncias que ingresan a la fiscalía de Dupuy; las denuncias internacionales de Interpol representan el 20% restante. NCMEC es al menos útil: en el trimestre agosto-octubre de 2013, el último ejercicio antes de la firma del convenio, los casos de pornografía infantil judicializados en CABA apenas llegaron a 50. Un año después, el mismo período superó los 400. La fiscal también menciona otra herramienta global a su alcance, la ICSE, o International Child Sexual Exploitation Database, un banco de imágenes de pornografía infantil a cargo de Interpol: "Nos permite subir a esta base fotos de casos que ya recibieron condena. La base de datos permite a Interpol entrecruzar esas imágenes con ciertos patrones de fotos insertas de otros países. Así se pudo llegar a individualizar a la víctima en muchos casos y a llegar al abusador. Permite ir por más", asegura Dupuy.

Diferentes maneras

En la división Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la PFA, un investigador veterano recuerda un set de imágenes que suele aparecer ocasionalmente: fechadas en la década del '50, muestran a un grupo de niños y niñas en actos de sexo explícito. "Todavía se ven", asegura el detective: "Es triste, en el fondo. Se sigue vulnerando a la víctima medio siglo después". Es un año de aumento en las estadísticas de la división. Había abierto poco más de 100 sumarios en 2015; ya pasó los 160 en lo que va de este año.

Las comunidades online de pedófilos, usualmente en la Deep Web, el costado oculto de Internet al que se accede con software y que no puede ser registrado por ningún buscador, tienen ciertas exigencias: uno debe cargar cierta cantidad de material inédito como carta de presentación para ser admitido en la red. Estos casos existen, pero son la minoría absoluta: la fiscal Dupuy trabajó en media docena de expedientes que involucraron a pedófilos locales en Deep Web.

Por ende, casi todo el volumen de tráfico de pornografía infantil se condensa en la Internet regular, no en sitios a simple vista, "sino en las redes peer-to-peer, las P2P, como lo fue Napster en su momento, programas y redes de transmisión de material de usuario a usuario, con las fotos y videos alojadas en los discos rígidos locales", asegura una fuente policial.

Bittorrent, el popular programa para manejo de torrents usualmente empleado para compartir películas y música pirata, condensa cerca del 40% de los casos de transmisión de pornografía infantil a través de redes P2P. El resto se divide en programas ya lejos de su era de mayor popularidad aunque conocidos por usuarios en sus 30 de edad como eDonkey y Ares. En estas redes pueden aparecer hasta videos prohibidos de 180 minutos de largo, compilados de diversas escenas.  NCMEC, por su parte, no tiene convenios con redes P2P; Interpol es una de las encargadas de vigilarlas. El organismo estadounidense tiene otro hueco en su lista: no monitorea ni recibe información de mensajes de Whatsapp.

Los códigos con que se identifica un archivo de pornografía infantil son sencillos. "PTHC", uno de los más populares, es una sigla para "pre-teen hardcore", sexo explícito preadolescente. La edad de una víctima usualmente se condensa en siglas como "8yo", o "eight years old", ocho años de edad; "p2" es una abreviatura común para pedofilia. El grueso de material incautado muestra a niños asiáticos o europeos. "Hay desde bebés hasta adolescentes", indica un oficial: "El contenido en video muestra, en su mayoría, contacto homosexual". China, Alemania y Holanda son focos frecuentes.

Sin embargo, a pesar de todo este volumen de casos, de 19 mil denuncias formuladas en tres años, ver un preso por distribución de pornografía infantil es una rareza. Dupuy trabaja bajo el sistema acusatorio de la Justicia porteña: la fiscal investiga, eleva a juicio y litiga en el proceso. Logró, hasta el momento, 17 sentencias firmes. Sin embargo, no es usual, por ejemplo, que el juez determine una cárcel preventiva, a menos que la fiscalía pueda probar que el imputado entorpecería el expediente en libertad, "por ejemplo si tiene una gran cantidad de pornografía en la nube y la chance de borrarla", dice Dupuy.

La fiscal describe el panorama: "Las defensas están muy entrenadas y empiezan a hacer ciertas objeciones. Por lo general, son defensores oficiales. Es raro que haya un abogado particular tome un caso. Ya que tenemos audiencias orales tempranas, hay audiencias por objeciones, nulidades o prisión preventiva. A la probation nos negamos siempre. La defensa pone obstáculos para llegar a juicio. Y las audiencias llevan a pronunciamientos favorables de la Cámara. Las defensas saben que al ir a juicio es probable que no lo ganen. Y el pedófilo no se quiere exponer a un juicio oral y público. Entonces, se llega a proponer un juicio abreviado". Dupuy continúa: "Según nuestra experiencia en pornografía infantil, es muy común que reincidan en su conducta tras una condena. No quiero decir que todos los consumidores de pornografía infantil cometen abusos, pero en muchos casos también se abusa".

Sin embargo, el productor serial de porno infantil se convierte en una presa elusiva. Los detectives de la PFA recuerdan hace cinco años haber irrumpido en una suerte de estudio en la provincia de Buenos Aires, con una cámara con trípode y un fondo de tela, con amplia producción de material obsceno. En julio del año pasado, la Bonaerense detuvo en Ramos Mejía a un fotógrafo de la zona, un hombre de 28 años que captaba a adolescentes: lo denunció la madre de una chica de 15 años, que lo acusó de fotografiar a su hija para luego llevarla a un hotel alojamiento, una causa en la que intervino la UFI N°2 de La Matanza. El material era luego subido a la web. Pero estos casos son excepciones a la norma en la compleja subcultura delictiva de la pornografía infantil.

La situación general no es tan previsible; la realidad no se ajusta fácilmente al cliché. Para el doctor Aldo de la Fuente, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños de la Procuración General, encontrar un productor puro no es algo frecuente: "Los delitos sexuales que investigamos nos llevan a la producción de forma colateral. El gran anhelo es lograr la detección y esclarecimiento de la producción con fines distributivos", asegura el fiscal.

A comienzos del año pasado, De la Fuente esclareció con su equipo un caso algo particular. Una dueña de un restaurant en Flores reportó un celular olvidado en una mesa: en el aparato había una serie de imágenes en donde se veía a un niño de once años realizándole una fellatio a un hombre de 22 años. Un peritaje de Apoyo Tecnológico de la PFA determinó que el GPS del teléfono se activaba cuando se tomaban las fotos. No era el único material en el celular: incluso había capturas de un examen que el chico había rendido en su colegio. Se pudo encontrar al presunto abusador, que resultó ser un primo de la madre del menor abusado. Pericias posteriores determinaron que el material jamás había salido del teléfono. En su fiscalía, De la Fuente tiene 130 causas en trámite: cerca de un 8% contienen material pedófilo, con una competencia del delito en la órbita porteña que corresponde a la fiscal Dupuy. De la Fuente, por otra parte, afirma que no recibió hasta ahora casos de prostitución infantil con filmación o fotografiado de menores

Con 19 mil denuncias en tres años, las cárceles deberían estar algo cargadas de infractores. Sin embargo, la tenencia simple de pornografía infantil no está penada en el país: tener una imagen de un niño abusado en una computadora o celular no constituye un delito. La Justicia argentina interpreta la cuestión como una de derecho de acción privada, en donde los magistrados no tienen injerencia. "Lo que sí está penado es la tenencia con fines inequívocos de distribución", apunta la doctora Dupuy. En síntesis, tenerla no es delito, descargarla tampoco: compartirla sí lo es. En territorio bonaerense, de donde proviene el 45% de los casos de NCMEC, la distribución no implica detención inmediata de acuerdo al Código Procesal provincial. Con penas de seis meses a cuatro años, el delito no cumple la regla de media suficiente.

El Servicio Penitenciario Federal tiene a 34 de las 250 prisiones en el país: en todo su sistema, según datos del SPF, tiene a 507 internos con causas relacionadas a la corrupción de menores, pero apenas tres presos por material prohibido. En 2014, la senadora neuquina Lucila Crexell presentó un anteproyecto para penalizar la tenencia simple con penas de dos meses a un año de cárcel. La iniciativa recibió un único giro, según fuentes cercanas a la senadora, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde nunca fue tratado. El hecho de que la senadora no fuera integrante de la Comisión limitó sus posibilidades. Finalmente el proyecto perdió estado parlamentario al comienzo del período legislativo 2016. Crexell volvió a presentarlo. Hasta ahora, no fue abordado. El fiscal platense Fernando Cartasegna, titular de la UFI Nº4, a cargo de investigar trata de personas y con una unidad dedicada a la pornografía infantil, planea presentar un proyecto similar ante el Senado provincial.

Así se construye una víctima

En la Argentina, la generación propia de pornografía infantil tiene mecanismos perversos. Un experimentado fiscal porteño divide las aguas: "Hay dos universos de casos: los que reporta el NCMEC con un escaneo masivo de valores de hash en correos y redes sociales y aquellos en que los chicos son contactados, en donde los abusadores suelen hacerse pasar por menores y se les pide material. Aquí, ocurre la extorsión. El abusador eventualmente se revela y exige no solo más material, sino también encuentros en hoteles alojamiento y demás".

La condena del policía bonaerense Fabio Martínez, detallada por La Nación este abril último, se emparenta con esta mecánica. Martínez fue sentenciado por un juez sanisidrense a tres años de prisión en suspenso: se comprobó que en 2014, con 28 años, intentó seducir a una niña de 11 años primero vía Facebook y luego con mensajes de texto a través de su celular. "Te quiero ver desnuda"; "Vení en pollerita o calzas, sin ropa interior", eran algunos de los textos que le enviaba el policía.

En este tipo de casos suele tener intervención la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, o UFESI, dentro de la órbita del MPF y a cargo del doctor Horacio Azzolin. Hoy, Azzolin, junto al fiscal Adrián Giménez del sector Nueva Pompeya, investiga una serie de casos de grooming y pedido de material en una villa porteña. La madre de una chica de 15 años, parte de la comunidad peruana, denunció el hostigamiento sistemático a su hija a manos de dos usuarios de Facebook que le exigen a la menor que les envíe fotos sin ropa y hasta la intentaron obligar a filmar videos con desconocidos. No es la única: otras tres conocidas de la menor recibieron mensajes de los mismos usuarios. Un usuario aparentemente falso le escribió a la hija de la denunciante, con el nombre de otra chica del barrio, asegurándole que a su madre "le habían pegado un tiro" por no enviar los videos requeridos. Esto se suma a la reciente desaparición y reaparición de una niña en el barrio.

Todo este esquema, sospecha la Justicia, se vincula a otro caso que cobró notoriedad pública en octubre del año pasado: el de Layla Sainz Fernández, una adolescente de 14 años del Bajo Flores que había desaparecido durante once días.