La historia del “trapito serial” del Hipódromo: la Policía ya le levantó casi 30 infracciones en 2016

A mediados del mes pasado, un defensor oficial del fuero contravencional porteño le envió un oficio a la comisaría N°31 de la Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires: en el texto, el defensor pedía, de cara a una causa en particular, todos los sumarios existentes contra Pablo Javier Bistmans. La comisaría, ubicada en la avenida Cabildo al 200 y con jurisdicción en Las Cañitas, Palermo Hollywood y el Hipódromo de Palermo, le remitió la lista completa: había 29 infracciones a cargo de Bistmans en lo que va de 2016. Fueron, por ejemplo, cinco en el mes de febrero, otras siete en el mes de marzo, el mes pico en su resumen. Ninguna infracción fue registrada en enero, lo que serían unas aparentes vacaciones.

De 45 años, con domicilio en Flores, Bistmans está registrado ante la AFIP en los rubros de transporte automotor con remises y taxis, pero todos sus encuentros con los efectivos de la N°31 fueron por violar el artículo número 79 del Código Contravencional porteño, "cuidar coches sin autorización legal", una infracción en los papeles castigada con trabajo comunitario y multas. Los efectivos de la Comisaría N°31 suelen encontrar a Bistmans frente al Hipódromo de Palermo: fuentes policiales lo describen como uno de los mayores "trapitos" de la zona.

En los registros de la Comisaría N°31 Bistmans es un caso testigo: la dependencia policial, que cubre con 50 cuadras premium entre discotecas y restaurantes, ya levantó más de 1200 infracciones a lo largo del año que se reparten entre poco más de 60 nombres, sin un aumento significativo con respecto a 2015 y sin reportes de hechos de violencia a raíz de negativas de pago. Hoy, un "trapito" puede pedir en Las Cañitas o Palermo Hollywood hasta 100 pesos por cuidar un auto. Si está en una racha, puede recaudar alrededor tres mil pesos en un solo día.

A cada uno de los infractores que se encuentran en flagrancia, la Policía le secuestra su teléfono celular y su dinero y remite el acta al juzgado o fiscalía contravencional correspondiente. No puede detener al cuidacoches: esa decisión depende del fiscal o juez a cargo del expediente. Sin embargo, la reaparición serial de "trapitos" infracción tras infracción, tal como demuestran los registros de la comisaría N°31, no es un signo alentador en cuanto al accionar judicial. "No se vuelve a escuchar del juzgado después de la entrega del acta", dice una fuente policial.

No fue un año sencillo para la Justicia y el Gobierno en cuanto a "trapitos" a lo largo del país. Con hechos de marcada violencia contra conductores en San Martín y Mar del Plata, los "cuidacoches" llegaron a pedir hasta 500 pesos en los superclásicos River-Boca. A fines de marzo en la Legislatura porteña, Gabriel Fuks, legislador por el Frente para la Victoria, fue el ideólogo de un proyecto que proponía crear un registro para regular la actividad. Fuks diferenciaba dos mundos al respecto: "Uno es el que tiene que ver con los espectáculos deportivos y las zonas gastronómicas donde generalmente se ven grandes organizaciones delictivas. Está claro que hay niveles asociativos que deben ser reprimidos y tienen visos mafiosos. Hay otro nivel que está integrado por sectores vulnerables, sobre todo en los barrios, y es necesario integrarlos", decía el diputado porteño a Infobae en aquel entonces.

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Para el legislador, no había dudas de connivencia entre "trapitos" y ciertos sectores del Estado. La Coalición Cívica de Elisa Carrió, por su parte, tenía posturas algo más extremas: referentes como la legisladora Paula Oliveto pedían la prohibición total.

Así, legislar el tema se volvió casi una quimera en términos de consenso: en 2014, el PRO no logró reunir los votos suficientes en el recinto para prohibir a los "trapitos" en la Ciudad, con un proyecto de ley de Cristian Ritondo -entonces legislador y hoy ministro de Seguridad bonaerense- que preveía penas de hasta cinco días de arresto.

Para el abogado penalista Gabriel Iezzi, socio en el estudio Iezzi & Varone y especialista en seguridad ciudadana, la calificación es la base del problema. Para Iezzi, evidentemente, hay algo mayor detrás. "La figura es ciertamente muy limitada, y en los hechos los contraventores individualizados son siempre los 'cuidacoches', no así el esquema organizacional que opera detrás de todo, por la carencia de una amplia investigación que incluya seguimientos, escuchas telefónicas, allanamientos, secuestros de objetos, pericias, etcétera", apunta.

Iezzi continúa: "Es necesaria una modificación en la legislación vigente en la materia, tantas veces demorada y por la cual se dice 'no se puede avanzar'. Por fuera de esto, tenemos distintas resoluciones en materia judicial, en la cual se han podido acreditar la figura de extorsión y su procesamiento en tal sentido, contándose aquí con los dichos testimoniales de las víctimas, las cuales no siempre formulan las denuncias".