Cuál es el colegio con más amenazas de bomba en la Ciudad

Lo que suele ser una jugada juvenil para evitar un aplazo invariablemente termina en Comodoro Py. Las amenazas de bomba constituyen un delito de intimidación pública que, por ley, debe ser investigado por la Justicia federal. En el quinto piso de los tribunales de Retiro, el fiscal Federico Delgado y su equipo, que investigan al ex funcionario kirchnerista José López y la tragedia de Time Warp entre otras causas de peso, compilaron un informe al menos llamativo sobre las intimidaciones con explosivos que llegan a su oficina en cada turno policial y que fue elevado hoy a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Delgado, para su análisis, tomó los expedientes de dos de sus turnos. El primero, entre el 16 y el 31 de mayo del año pasado. En ese lapso, el fiscal recibió apenas 14 hechos. Pero entre el 16 y el 30 de noviembre, también del año pasado y en plena época de exámenes, el pico fue al menos fuerte: hubo 130 causas iniciadas, un promedio de 8,66 llamados diarios en el 911 o en la escuela misma.

Todas las denuncias, afirmó Delgado a la jefa del MPF, "fueron falsas", lo que no quitó que en cada una se activaran "todos los mecanismos de prevención del Estado". Es decir, un montón de policías, patrulleros y papeles judiciales resultaron desperdiciados. Esto implica la actuación de divisiones como Brigada de Explosivos y Detección y Adiestramiento, ambos de la Policía Federal, la actuación de Defensa Civil y la evacuación de toda la escuela.

Ocho meses después, el 84% de los casos en el turno de noviembre fue archivado. Hubo 50 instituciones amenazadas en todo el período. 41 de ellos eran escuelas, con otros puntos estatales como el ANMAT, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Aeroparque Jorge Newbery y el Hospital de Clínicas, entre otros. En cuanto a las escuelas, Delgado pudo establecer un ranking, un top ten.

La Escuela Técnica N°13 "José Luis Delpini" sobre la calle Chilavert en Villa Lugano, con especializaciones en química, diseño gráfico y construcción automotriz, se llevó el primer lugar en el informe de Delgado a Gils Carbó: la ENET N°13 registró 11 hechos en toda la quincena. La siguió la Escuela Técnica N°25 "Fray Luis Beltrán" en Jujuy al 700, Balvanera, con ocho denuncias.

Delgado, en su investigación, detectó un simple truco que ayuda a que las llamadas no puedan ser rastreadas y que depende de un hueco en el sistema. Las amenazas se hacen, generalmente, "desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear, ya sea por ausentes, falsas o mal informadas titularidades, porque se hicieron a través de teléfonos públicos o desde los números pertenecientes a las compañías telefónicas para cursar llamadas de emergencia. Tal es el caso en el cual quienes efectúan la llamada retiran la tarjeta SIM de sus teléfonos móviles y realizan la llamada al contacto de emergencia aportado por el servidor (Movistar, Claro, Personal, etc.) que se encuentra disponible justamente, para casos de urgencias en los cuales las empresas de telefonía no tengan cobertura disponible para el usuario".

El fiscal y su equipo fueron aún más a fondo en revelar cuán fácil es amenazar sin ser detectado. Nuevamente, el sistema ayuda. Delgado le tomó declaración al propietario de una de las principales distribuidoras de tarjetas SIM en el mercado. Este empresario apuntó que "las tarjetas SIM son ingresadas a un sistema informático denominado 'Celsis' (Sistema Administrador de Ventas de Líneas Celulares) y que ese sistema carga automáticamente todas las tarjetas SIM con modalidad 'prepagas'" y que "los activa de forma provisoria y de manera automática"

El ejecutivo luego apuntó que "para poder activarse, la computadora debe registrar esa línea a nombre de una persona y por eso genera nombres y apellidos falsos o inexistentes, así como también números de DNI y direcciones, al sólo efecto de poder activarla provisoriamente". Es decir, nadie coteja la identidad de un chip prepago, una ventaja histórica para el delito en el país que se repite en secuestros extorsivos y otras modalidades.

También en Comodoro Py, el juez Sergio Torres recibió 24 denuncias por amenaza de bomba en su juzgado en el turno del 1 al 15 de julio últimos. Torres logró identificar a varios autores, que si tienen de 16 años en adelante pueden ser procesados por el delito de intimidación pública. Varios alumnos fueron procesados y algunos de ellos tuvieron que realizar tareas comunitarias.