Un escopetazo en la cabeza a pleno día: el asesinato de un periodista que marcó el inicio del raid de crímenes de la Triple A

Corrían los primeros días de octubre de 1973 y el yerno de José López Rega, Raúl Lastiri, ocupaba provisionalmente el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada mientras Juan Domingo Perón, que había ganado de manera contundente las elecciones realizadas el 23 de septiembre, se aprestaba a asumir la tercera presidencia secundado por su esposa, María Estela Martínez. El peronismo en el poder se derechizaba. La masacre de Ezeiza, perpetrada el 20 de junio de ese año, puso en negro sobre blanco la guerra de poder entre las dos alas que se disputaban la orientación del Gobierno instalado el 25 de mayo de 1973, pero también mostró qué sector disponía del manejo del aparato del Estado. La renuncia de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima y el interinato de Lastiri dejaron en claro con qué sectores de alinearía Perón desde la Casa Rosada.

Así estaban las cosas el miércoles 3 de octubre, cuando los dos hombres irrumpieron en la redacción del diario El Norte, en San Nicolás. Uno empuñaba un revólver calibre 38, el otro portaba una Itaka. El del revólver mantuvo a raya a los periodistas que estaban en la sala, mientras el de la escopeta caminaba decidido hacia el despacho del jefe de redacción. En su oficina, sentado frente a la máquina de escribir, José Domingo Colombo, conversaba con el reportero gráfico Alfredo Busch y no se dio cuenta de lo que pasaba hasta que el matón de la Itaka abrió la puerta de un golpe y sacó de un empujón a Busch. El reloj marcaba las tres y media de la tarde.

“¡Rajá, con vos no es la cosa!” le gritó el matón al fotógrafo y después apuntó la escopeta a la cabeza de Colombo. El jefe de redacción de El Norte ni siquiera alcanzó a levantar inútilmente las manos para protegerse cuando sonó el disparo que lo mató. El asesino salió de la oficina, caminó a través de la redacción con la escopeta todavía humeante en sus manos y salió, seguido por su cómplice. Una vez afuera subieron a un auto y escaparon. Luego serían identificados como Juan Carlos Sanza, el de la Itaka, y Ramón Bauchón González, el del revólver. Uno era culata de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su cómplice hacía lo mismo para la UOCRA, el sindicato de los obreros de la construcción.

Desparramado sobre el piso de su despacho, Colombo ya no respiraba y la sangre se iba esparciendo alrededor de su cabeza acribillada. Tenía 37 años y era un periodista muy respetado en la ciudad del norte bonaerense. No tenía militancia política, pero unos días antes se había negado a publicar la solicitada de un sector ultraderechista de la CGT local contra el interventor del Partido Justicialista. Poco después de esa negativa, un grupo que se identificaba como Comando de Resistencia Peronista difundió un comunicado que no era otra cosa que una amenaza. En el texto conminaba al director de El Norte, Haroldo Zuelgaray, a “desprenderse de los troscos y bolches que tiene en su diario, caso contrario lo haremos nosotros”. En los tiempos que corrían, esa advertencia significaba condenas a muerte.

Un documento filtrado

Visto en perspectiva, el asesinato del periodista José Domingo Colombo puede considerarse el primer crimen perpetrado por la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, porque coincidía de manera brutal y sangrienta con las directivas que el propio Perón había dado dos días antes en un documento que pretendía ser secreto, pero salió a la luz porque alguien lo filtró.

El martes 2 de octubre —el día anterior al asesinato del periodista— el matutino La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, reprodujo en su portada el texto completo de un “Documento Reservado” del Movimiento Nacional Justicialista que contenía instrucciones a sus dirigentes para que “excluyeran todo atisbo de heterodoxia marxista”. Pocas horas después, en su quinta edición, el diario Crónica, de Héctor Ricardo García, también lo reprodujo. Según La Opinión, el documento había sido leído en una reunión realizada el día anterior en la Quinta de Olivos, de la que habían participado el presidente provisional, Raúl Lastiri; el presidente electo, Juan Domingo Perón —que asumiría su cargo diez días más tarde—; el ministro del Interior, Benito Llambí; el de Bienestar Social, José López Rega; el senador Humberto Martiarena —encargado de la lectura—, y todos los gobernadores del peronismo.

El texto, que llevaba al pie la firma de Juan Domingo Perón, señalaba que el asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973, marcaba “el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes”. A continuación, decía que ese “estado de guerra” debía ser enfrentado y que obligaba “no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes”. Entre las directivas para llevar adelante esa guerra, había una que causó profunda preocupación a varios de los gobernadores presentes. Decía: “Medios de lucha: Se utilizará todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito”. En otras palabras, daba total libertad de acción, incluso para matar.

El documento que, como indicaba su título era “reservado”, no debía trascender, pero uno de los participantes de la reunión, profundamente preocupado por su contenido, se lo entregó a un periodista de La Opinión. “Esto significa dar piedra libre a los comandos de la muerte”, le dijo y le pidió que mantuviera en reserva su identidad. La publicación generó un verdadero escándalo político.

El Gobierno negó durante tres días la existencia de esa “orden” hasta que la evidencia no le dejó otra opción que reconocerla. Por entonces, la ofensiva del ala derecha del movimiento peronista contra los sectores radicalizados ya estaba desatada. Sin embargo, todavía había dos posiciones sobre cómo “resolver el problema de la infiltración marxista”. En su trabajo sobre “la depuración ideológica del peronismo”, el historiador Hernán José Merele la describe así: “La primera era sostenida por Perón y tenía en el general (RE) Miguel Ángel Iñíguez —por entonces jefe de la Policía Federal— a su principal aliado; la segunda, que fue consolidándose hacia fines de 1973 a partir del impulso dado por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, planteaba, en cambio, una opción policial /parapolicial de represión ilegal”. El asesinato de Colombo era prueba de la puesta en práctica de esa opción, cuyo instrumento sería la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o Triple A.

Los parapoliciales del Brujo

La balanza se inclinó a favor de la propuesta de López Rega de desarrollar una estrategia de represión ilegal, a través de grupos parapoliciales, para “depurar el movimiento” después del atentado de Montoneros que se cobró la vida del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci el 25 de septiembre de 1973. De hecho, el “documento reservado” la aprobaba de manera tácita al habilitar cualquier medio para “depurar” el movimiento. El instrumento elegido por “El Brujo” fue Triple A, que organizó con la colaboración del jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, y armas compradas con fondos que desviaba del Ministerio de Bienestar Social. La organización parapolicial comenzó a actuar sin adjudicarse los atentados, como fue en el caso del asesinato de Colombo, pero pronto comenzó a hacerlo. La primera acción firmada de la Triple A fue el atentado con explosivos contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen, el 21 de noviembre de 1973, en el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional. Gravemente herido, el legislador radical salvó su vida de milagro.

El 30 de enero de 1974, la Triple A envió a los medios de prensa su primera lista de condenados a muerte: los coroneles retirados César Perlinger y Juan Jaime Cesio, el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, el senador (FREJULI, Córdoba) Luis Carnevali, el diputado (sumado al bloque peronista, Capital) Raúl Bajczman, los dirigentes trotskistas Homero Cristaldo (Jorge Posadas, PORT) y Hugo Bressano (Nahuel Moreno, PST), los abogados Silvio Frondizi, Mario Hernández y Gustavo Rocca, los jefes guerrilleros Mario Santucho (PRT) y Roberto Quieto (Montoneros), los gremialistas Agustín Tosco, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Armando Jaime, el dirigente del PC Ernesto Giúdice, los directores de los diarios Noticias, Miguel Bonasso, y de El Mundo, Manuel Gaggero, el exrector de la UBA Rodolfo Puiggrós y el ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler.

El comunicado era más bien parco: “Los mencionados serán ajusticiados en el lugar donde se encuentren”. Se levantó una ola de denuncias: parecía cada vez más claro que los impulsores de la Alianza Anticomunista Argentina eran el mismísimo José López Rega, el comisario Alberto Villar y los altos oficiales de la Federal Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales. Entre sus víctimas se cuentan el cura Carlos Mugica, el intelectual Silvio Frondizi, el diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler y los abogados Antonio Deleroni y Alfredo Curuchet. Se calcula que, en dos años y medio, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sus grupos de tareas asesinaron a más de un millar de personas.

Detenidos y juzgados

Casi siempre las patotas de la Triple A actuaron con zonas liberadas por la policía y total impunidad, sin que sus integrantes fueran detenidos. El caso de los asesinos de José Colombo puede considerarse, en este sentido, una excepción, quizás producto de la descoordinación de las primeras operaciones de la banda parapolicial. La misma tarde del crimen, cuando escapaban hacia la Capital Federal, la policía de Arrecifes detuvo a Juan Sanz y Ramón Bauchón González, que viajaban en un auto donde, además de las armas utilizadas para matar al periodista, llevaban granadas de mano y de gases lacrimógenos y una libra de trotyl.

La investigación, a cargo del juez Anselmo Excoffon, estableció que Sanz fue el autor de los disparos contra Colombo, lo que no hizo diferencia a la hora de las condenas: los dos recibieron la pena de prisión perpetua en un juicio que terminó el 23 de septiembre de 1976.

Sanz falleció en prisión de una nefritis. El final de Bauchón González fue peor: cumplió 19 años de cárcel y quedó en libertad condicional, pero el 19 de marzo de 1993 fue detenido en averiguación de antecedentes por dos policías, en la ciudad de San Nicolás. Durante el interrogatorio fue torturado a golpes y con el submarino seco. Agonizó tres días antes de morir.

Los nombres de los autores del primer crimen de la Triple A ya casi nadie los recuerda. En cambio, el nombre de José Domingo Colombo sigue presente en la memoria de los nicoleños. En un lugar privilegiado de la sala de redacción del diario El Norte hay desde hace muchos años una placa en su homenaje y en 2013 el Concejo Deliberante de San Nicolás lo declaró ciudadano ilustre.