
Pasó un año y medio desde que el Aquarium de Mar del Plata cerró sus puertas de forma definitiva. Tras la quiebra de Plunimar S.A., la empresa que gestionaba el complejo durante más de tres décadas, más de 60 animales quedaron bajo la órbita de la Justicia, que tiene la obligación de definir su destino. En ese marco, la sindicatura —el organismo designado por un juez para administrar una empresa en quiebra y liquidar sus bienes— presentó un informe en el que asignó un valor concreto a cuatro de esos animales: los pingüinos saltarines, tasados en USD 40.000.
Los cuatro ejemplares en cuestión son de la especie Eudyptes chrysocome, conocidos popularmente como saltarrocas. La sindicatura, encabezada por Andrea Alejandra Hoff, los valuó en $56,8 millones en pesos, cifra que equivale a USD 40.000 al tipo de cambio de $1.420 utilizado en el documento. Esa tasación los incorpora formalmente al patrimonio que la Justicia deberá liquidar para saldar las deudas de la empresa. Pero hay una condición que el propio informe establece: el valor solo se sostiene si se concreta una venta al exterior. Si no aparece un comprador, la cifra desaparece del cálculo y no hay ingreso que recuperar.
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Por ahora, no existe ninguna operación cerrada ni un comprador identificado. Los cuatro pingüinos tienen precio sobre el papel, pero su destino concreto sigue sin resolverse.

Lo que sí está claro es que son los únicos animales del predio con una valuación económica asignada. El resto de los pingüinos que permanecen en las instalaciones —53 magallánicos y dos rey, 59 ejemplares en total— figuran en el inventario sin ningún precio. Están bajo el cuidado del juzgado, pero no forman parte, por el momento, del activo que la sindicatura espera convertir en dinero.
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El cierre del Aquarium fue el punto de partida de todo este proceso. En marzo de 2025, The Dolphin Company —la multinacional mexicana que controlaba Plunimar— no logró renovar el contrato de alquiler del terreno donde funcionaba el complejo desde 1993. Los propietarios del predio, ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, decidieron destinar las tierras a otros proyectos y el parque bajó la persiana. Sin ingresos por venta de entradas y con deudas acumuladas, la empresa dejó de pagar salarios y entró en cesación de pagos en enero de 2026. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, a cargo del juez Eduardo Malde, declaró la quiebra directa el 20 de febrero de ese año.
Desde ese momento, todos los animales quedaron bajo la órbita de la Justicia. Ningún traslado ni venta puede realizarse sin autorización del juzgado. Hoy, un grupo de 12 empleados mantiene la rutina de cuidado de los pingüinos que permanecen en el predio: los alimentan, controlan su salud y garantizan la seguridad del lugar. Sostener esa estructura tiene un costo mensual que ronda los $54,8 millones, según las estimaciones presentadas ante el juez Malde.
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El único antecedente de venta exitosa dentro del proceso fue el de los delfines. A fines de 2025, diez delfines nariz de botella fueron trasladados a un acuario en Hurghada, Egipto, en una operación cerrada por USD 800.000. Cada ejemplar viajó en cajas especiales con agua y con veterinarios a bordo durante todo el trayecto. Ese dinero se usó para pagar sueldos y sostener el cuidado del resto de los animales. Antes de la quiebra, The Dolphin Company había intentado también colocar ejemplares en instituciones de México, China y San Pablo, pero ninguna de esas negociaciones prosperó: las regulaciones internacionales sobre comercio de fauna marina bloquearon las operaciones.
La posible venta de los cuatro saltarines al exterior es, por ahora, la única fuente de ingresos prevista en el activo vinculada a los animales que quedan en el predio. Para el resto de los pingüinos, la sindicatura había mencionado en presentaciones previas opciones de traslado a instituciones como la Fundación Temaikén, el Bioparque Batán o la Fundación Bubalcó Patagonia, aunque ninguna de esas gestiones tiene resolución definitiva.
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