El día que se apagó la vida de Carlos Jáuregui, el militante que llevó la lucha por los derechos LGBT de las calles al corazón de las leyes argentinas

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”. En esa frase, Carlos Jáuregui resumió la convicción que guio toda su militancia: frente al silencio y la discriminación, mostrarse también podía ser una forma de luchar. Desde esa premisa, convirtió la visibilidad de las personas homosexuales en una herramienta para llevar sus reclamos al espacio público y al debate sobre los derechos civiles.

El 20 de agosto de 1996, Jáuregui murió en Buenos Aires a los 38 años por complicaciones vinculadas al VIH. Su vida se apagó mientras trabajaba activamente para que la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incluyera la orientación sexual entre las causas protegidas contra la discriminación. Diez días después, gracias al reclamo de sus compañeros activistas, esa garantía quedó incorporada formalmente en el artículo 11 del texto constitucional porteño.

Había sido el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, había fundado Gays por los Derechos Civiles y encabezado la primera Marcha del Orgullo de Buenos Aires. Su recorrido unió la exposición pública, la organización política y la lucha por derechos que, hasta entonces, no tenían reconocimiento legal.

De la historia medieval a la militancia

Carlos Luis Jáuregui nació en La Plata el 22 de septiembre de 1957. Fue hijo de Carlos José Jáuregui, abogado, y Elsa Guás, maestra. Creció en un barrio de familias italianas y estudió en el Colegio Arzobispal José Manuel Estrada. A los 16 años tuvo su primera relación sentimental con Matías, con quien compartió cuatro años. En 1975 ingresó a la carrera de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó y convirtió en ayudante de la cátedra de Historia Medieval. En paralelo, trabajó como profesor de Historia Argentina e Instrucción Cívica.

Su fascinación por el francés lo hizo no solo estudiar sino dominar el idioma y, a comienzos de los años 80, el deseo de caminar las calles de París lo hizo armar las valijas para profundizar su formación en Historia Medieval en la prestigiosa École Pratique des Hautes Études. Su tiempo en Europa le permitió recorrer diversos países del continente y viajar luego a Estados Unidos. Pero, el verdadero punto de inflexión en su vida ocurrió en París, donde participó por primera vez de una marcha del Orgullo, en 1981.

Lo que veía delante de sus ojos eran escenas que contrastaba con la Argentina que había dejado atrás. Jáuregui vio a personas homosexuales, trans y travestis ocupando las calles, reclamando derechos y haciendo visible una identidad que en su país todavía estaba atravesada por el miedo. Años después recordaría aquella experiencia como el momento en que comprendió que era posible vivir la sexualidad de otra manera. Al año siguiente, en 1982, regresó y poco después se instaló en Buenos Aires. Retomó brevemente la docencia en La Plata, pero esa vocación académica comenzó a quedar en segundo plano. Había una urgencia mayor en su mente.

En diciembre de 1983, la democracia había regresado al país con el gobierno de Raúl Alfonsín, pero eso no detuvo la persecución policial contra los homosexuales. Los edictos de la Policía Federal habilitaban detenciones y razias, incluso en bares y otros lugares de encuentro. Entonces entendió que la recuperación de las libertades democráticas no eran completas si no incluía a las personas homosexuales y que esa lucha podía aliarse con el movimiento de derechos humanos, ya firmemente instalado.

El quiebre definitivo —en si vida y en la sociedad argentina— llegó en abril de 1984, cuando participó activamente en la fundación de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), de la cual fue su primer presidente. Desde allí tejió alianzas con los organismos de derechos humanos e instaló la discriminación por orientación sexual en el debate público. Su gran apuesta política fue disruptiva para la época: convencer al movimiento de que era hora de salir de las sombras y empezar a exigir derechos a cara descubierta, poniendo el cuerpo, el nombre y la propia historia en pos de un bien mayor.

Más que salir del closet: poner el nombre y la cara en público

Jáuregui entendía que la visibilidad no era solamente una cuestión de exposición personal. En la década del 80, muchas personas homosexuales ocultaban su orientación sexual para conservar el trabajo, evitar conflictos familiares o protegerse de la violencia institucional, por eso mostrarse significaba disputar el lugar asignado por la sociedad. Por eso decidió llevar la discusión a los medios de comunicación.

En mayo de 1984 apareció en la tapa de la revista Siete Días junto al activista Raúl Soria: “Los riesgos de ser homosexual en la Argentina”, decía la tapa, en grandes letras amarillas. La imagen de dos hombres mostrando públicamente su vínculo sentimental rompía con el silencio que rodeaba a la homosexualidad: fue poner luz a tanta sombra y vergüenza de ser quienes eran. Jáuregui puso su nombre y su cara al servicio del reclamo que defendía.

Desde la CHA también construyó vínculos con organismos que habían denunciado los crímenes de la dictadura. En septiembre de 1984 participó de la movilización vinculada con la entrega del informe Nunca Más y mantuvo contactos con la CONADEP, la Subsecretaría de Derechos Humanos y otros espacios. En ese contexto comenzó a denunciar la persecución sufrida por homosexuales durante la dictadura y a reclamar que esas víctimas también formaran parte de la memoria sobre el terrorismo de Estado.

La estrategia mediática continuó en diarios y programas de televisión. El 1 de abril de 1985, la CHA publicó en Clarín una solicitada titulada “Con discriminación y represión no hay democracia”. Jáuregui buscaba instalar una idea que atravesaría toda su militancia: la igualdad de las personas homosexuales no podía quedar reducida a una cuestión privada, porque la discriminación también era un problema de derechos humanos.

En febrero de 1987 publicó Homosexualidad en Argentina —su primer y único libro—, dedicado a Pablo Azcona (su pareja, que murió meses después), sus compañeros de militancia y las Madres de Plaza de Mayo. Ese mismo año dejó la conducción de la CHA por diferencias con el rumbo que había tomado la organización y por su decisión de profundizar una estrategia política más confrontativa. Su salida no significó un alejamiento del activismo: abrió una nueva etapa, en la que buscaría llevar esos reclamos directamente al terreno legislativo y político.

El duelo que se convirtió en su militancia por los derechos LGBT

En septiembre de 1984, Jáuregui conoció a Pablo Azcona. Iniciaron una relación casi de inmediato y convivieron durante cuatro años. Cuando Azcona murió en 1988 por complicaciones vinculadas al sida, Jáuregui vivió una situación que excedía el duelo: como la legislación no reconocía a las parejas del mismo sexo, no tenía derechos sobre el departamento que habían compartido ni sobre los bienes construidos durante la convivencia. Para la ley no había vinculo legal ni desmostrable entre ellos...

Además de afrontar la muerte del amor de su vida, quedó sin una vivienda, situación que hizo que durante un tiempo debiera alojarse en casas de amigos. Años después, Jáuregui dijo que la epidemia del sida había desplazado las prioridades del movimiento: si antes la represión policial constituía una de las principales preocupaciones, ahora aparecían con fuerza problemas como la herencia y la falta de protección jurídica de las parejas. Aquello que había vivido en primera persona se convirtió así en un nuevo argumento para reclamar derechos.

A comienzos de los años 90 se instaló en el departamento de la calle Paraná, donde convivió con César Cigliutti y Marcelo Ferreyra, sus compañeros más cercanos de militancia, sus aliados políticos incondicionales y la familia elegida que lo contuvo en los momentos más difíciles de su vida. La vivienda se transformó también en un espacio de encuentro para militantes de distintas organizaciones y orientaciones: discutían estrategias, preparaban acciones callejeras y se construían vínculos entre grupos que buscaban ampliar la representación del movimiento y coordinar sus reclamos.

En 1991, Jáuregui, Cigliutti, Ferreyra y otros militantes fundaron Gays por los Derechos Civiles. Desde esa organización retomó la actividad pública con una agenda que incorporaba nuevas demandas, entre ellas el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. De allí surgió el primer proyecto de unión civil, presentado en el Congreso por el diputado socialista Héctor Polino. La iniciativa no fue aprobada, pero llevó al ámbito legislativo una discusión que hasta entonces tenía poco y nada de espacio institucional.

El VIH volvió a atravesar su vida y también la de su familia. Su hermano Roberto Jáuregui, periodista y militante, contó públicamente su condición de portador del virus y trabajó incansablemente para combatir el estigma y la desinformación en torno a la epidemia. Murió en enero de 1994, a los 33 años. Volver a perder a un ser amado por el mismo virus, lo puso frente a una nueva realidad: debía reclamar derechos, atención médica y políticas públicas para quienes vivían con VIH.

En esos años, además, la articulación política comenzó a superar los límites de las organizaciones que tradicionalmente habían protagonizado el movimiento. Gays, lesbianas, travestis y transexuales fueron construyendo espacios comunes de participación, una convergencia que fue decisiva para las movilizaciones que vendrían. La militancia de Jáuregui avanzaba así desde la denuncia de la represión y la búsqueda de visibilidad hacia una agenda más amplia, centrada en la igualdad ante la ley y en el reconocimiento de derechos.

De las calles a la Constitución

El 3 de julio de 1992, Jáuregui encabezó junto con distintas organizaciones la primera Marcha del Orgullo Gay Lésbico de Buenos Aires. Cerca de 300 personas caminaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en una movilización todavía pequeña, pero inédita para la ciudad. Muchas llevaban máscaras de cartón para ocultar sus caras por temor a ser reconocidas, perder sus empleos o sufrir represalias.

La convocatoria fue impulsada por Gays por los Derechos Civiles junto con otras organizaciones, mientras la Comunidad Homosexual Argentina no participó orgánicamente. La marcha reunió a grupos que hasta entonces habían desarrollado sus reclamos por separado e hizo de la visibilidad una herramienta política colectiva. Aquella primera movilización fue el punto de partida de una marcha que, desde entonces, continuaría realizándose cada año y que incorporaría progresivamente nuevas identidades, organizaciones y demandas.

Dos años después, Jáuregui llevó esa disputa por la visibilidad y la igualdad al terreno judicial. En 1994, el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino, realizó declaraciones públicas contra los homosexuales y Jáuregui presentó una querella por discriminación. La acción no prosperó porque la legislación vigente no contemplaba la orientación sexual entre los motivos protegidos. La propia limitación de la ley mostraba entonces cuál debía ser uno de los siguientes objetivos del movimiento: conseguir que la protección contra la discriminación tuviera reconocimiento jurídico.

La oportunidad apareció con la reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Jáuregui y otros militantes trabajaron para que el nuevo texto reconociera el derecho a ser diferente y prohibiera expresamente la discriminación por orientación sexual. El debate fue complejo porque distintos sectores se oponían a incorporar esa categoría, pero el activismo consiguió sostener el reclamo hasta llevarlo a la Convención Estatuyente. Jáuregui siguió involucrado en ese proceso incluso cuando su estado de salud ya era muy delicado.

Murió el 20 de agosto de 1996, a los 38 años, antes de conocer el resultado de aquella batalla. Días después, activistas ingresaron al recinto donde sesionaba la Convención con fotos de Jáuregui y reclamaron la aprobación de la cláusula antidiscriminatoria. El 30 de agosto fue aprobada la incorporación de la orientación sexual entre las causas de discriminación prohibidas y, posteriormente, quedó plasmada en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las luchas que había sostenido hasta sus últimos días se convertía así en una garantía constitucional.

Su legado continuó ocupando el espacio público porteño. En 2010, una plaza del barrio de Constitución recibió su nombre; en 2012, la Legislatura estableció el 20 de agosto como Día del Activismo por la Diversidad Sexual y, en 2017, la estación Santa Fe de la Línea H pasó a llamarse Santa Fe-Carlos Jáuregui. Desde aquella primera marcha hasta esos reconocimientos, su trayectoria quedó ligada a una misma idea: la visibilidad no era solamente mostrarse, sino hacerse presente en el espacio público para reclamar igualdad y derechos.