Un grave caso de presunta pornovenganza es investigado por la Justicia de Santiago del Estero luego de que una joven denunciara a un agente de la policía provincial por haber compartido videos de contenido sexual sin su consentimiento, que habrían sido registrados durante la relación que mantuvieron meses atrás, cuando ella todavía era menor de edad.
La presentación fue realizada ante la Dirección General de Asuntos Judiciales por una joven oriunda del departamento Robles, quien sostuvo que las imágenes comenzaron a circular después de que finalizara el vínculo sentimental con el efectivo policial.
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Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso El Liberal, ambos se conocieron a través de redes sociales en enero de 2026 y mantuvieron una relación informal durante aproximadamente tres meses. Durante ese período, tuvieron encuentros íntimos y, de acuerdo con el relato de la denunciante, varios de ellos fueron grabados con el teléfono celular del uniformado.
La joven aseguró que, cuando ocurrieron los hechos, tenía 17 años. En su declaración indicó que únicamente consintió ser filmada en una oportunidad y que el resto de las grabaciones habrían sido realizadas sin su autorización.
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Tras la ruptura de la relación, la denunciante inició un nuevo vínculo con otro integrante de la fuerza policial. Según su versión, el acusado habría tomado conocimiento de esa situación debido a que ambos efectivos trabajarían en la misma dependencia.
A partir de entonces, sostuvo que comenzaron los problemas. La joven afirmó que el agente habría compartido el material íntimo con su nueva pareja y que posteriormente las imágenes continuaron circulando entre otros miembros de la fuerza.
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La situación se agravó cuando la víctima recibió mensajes provenientes de un número desconocido. En esas comunicaciones, según denunció, le advertían que otros policías también tenían acceso a los videos.
Además, manifestó haber escuchado comentarios sobre la presunta circulación del material dentro de una dependencia policial de la ciudad de Beltrán, lo que incrementó su preocupación por el alcance que podrían haber tenido las grabaciones.
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La joven señaló que la difusión de las imágenes le provocó temor, angustia e indignación, además de afectar su vida cotidiana y sus relaciones personales. Por ese motivo solicitó la intervención de la Justicia para determinar responsabilidades y frenar la circulación del contenido.
Como parte de las pruebas aportadas, la denunciante anunció que presentará capturas de pantalla de conversaciones mantenidas tanto con su actual pareja como con el número desde el cual habría recibido las advertencias.
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Ahora, la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual trabaja para reconstruir el recorrido del material, identificar quiénes tuvieron acceso a los archivos y establecer si efectivamente fueron compartidos sin consentimiento.
El caso también podría derivar en la investigación de posibles delitos vinculados a la violación de la intimidad, la difusión de imágenes de contenido sexual sin autorización y eventuales situaciones de hostigamiento digital.
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Mientras avanza la pesquisa, la denunciante reclama respuestas y medidas concretas para evitar que el material continúe circulando y para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas que habrían participado en su difusión.
Pornovenganza: nuevo delito incluido en la reforma del Código Penal
La tipificación de la pornovenganza como un nuevo delito informático se incorporó en la reforma del Código Penal, y se refiere a la difusión sin consentimiento de imágenes o grabaciones de audio de naturaleza sexual producidas en la intimidad.
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La pena contemplada se agrava si la persona fue pareja de la víctima, si la víctima es menor de edad o si el delito se comete con fines de lucro.
La pornovenganza configurada dentro de los delitos informáticos, establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años o una multa económica, en tanto que los agravantes previstos pueden llevar la pena de prisión de 1 a 3 años.
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La inclusión de esa figura en el nuevo Código Penal busca proteger la intimidad de las personas en un contexto de nuevos delitos, cometidos a través de medios informáticos o plataformas web.
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