Inspectores judiciales y de derechos humanos auditaron la cárcel de Devoto y exigieron mejoras en higiene, salud y educación

Una inspección “sorpresa” en la Cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), permitió conocer el estado actual del penal. La recorrida se realizó apenas un año después del motín desatado en protesta por el cierre de los centros estudiantiles, durante el cual los internos incendiaron colchones y sábanas y colgaron banderas.

Según pudo saber este medio, el monitoreo fue llevado a cabo por el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, sin previo aviso y bajo los lineamientos de las normas de las Naciones Unidas conocidas como Reglas Mandela, que establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de la libertad y la gestión de los centros penitenciarios.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente del Sistema y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos. También participaron los integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, los defensores públicos oficiales Guillermo Todarello y Leandro Destafeno; el secretario Leandro Botta, en representación de la Procuvin; el fiscal Alberto Gentili y el secretario Agustín Mosso; y los integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación Ramiro Gual y Sebastián Pereiro.

Además, como actuaria asistió la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher, junto con la relatora de la Cámara Federal de Casación Penal, Carola Gómez Caride.

La inspección tuvo como objetivo, según precisaron, “conocer la realidad carcelaria” y “garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”. Las imágenes que acompañan esta nota muestran el estado de distintos sectores del penal, entre ellos la cocina y los pasillos.

Tras la recorrida, la comitiva advirtió sobre una serie de aspectos que requieren atención por parte de las autoridades del penal. Entre ellos, señaló la necesidad de mantener las condiciones de higiene y sanidad de los internos, garantizar una alimentación adecuada y reforzar el acceso a los servicios de salud.

Además, el organismo puso el foco en la conservación de la infraestructura del establecimiento y en la importancia de asegurar el acceso a la educación y a actividades recreativas.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles también recorrió el Centro Universitario Devoto, un espacio de educación superior que funciona en el mismo establecimiento. Inaugurado en 1985 por iniciativa de los residentes, permite que los internos estudien carreras como Derecho, Sociología, Ciencias Económicas, Psicología, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras.

El año pasado, la cárcel de Devoto fue escenario de un importante motín. El reclamo era por la reapertura de los centros estudiantiles que funcionaban en los penales federales y que por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación fueron inhabilitados.

La protesta se llevó a cabo en los pabellones 1 y 5, donde los presos quemaron colchones y sábanas y colgaron banderas en las ventanas. “Tenemos derecho a la educación 1985-2025″ y “La Universidad es de todos. CUD. 40 años” son algunos de los mensajes que se leían en las banderas colgadas en el establecimiento.

En tanto, en 2020, un grupo de al menos 40 presos de la cárcel de Devoto se amotinó y subió a los techos del penal para reclamar el otorgamiento de la prisión domiciliaria por temor a contagiarse de coronavirus. El motín comenzó luego de que los internos se enteraran de que al menos un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) habría dado positivo de COVID-19.

El reclamo se inició con quema de colchones y batucadas en el mencionado penal que depende del SPF y está ubicado en la calle Bermúdez al 2600 de la Capital Federal. En total, 15 agentes penitenciarios debieron ser trasladados a dos centros médicos porteños tras presentar quemaduras leves, mientras que dos presos que participaban de la protesta resultaron heridos al caer de los techos.