
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que la Justicia porteña habilitó el regreso de los vecinos a las torres evacuadas del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, tras la caída de una losa en el estacionamiento subterráneo ocurrida el 3 de marzo. La medida permite que las familias alojadas en hoteles puedan volver a sus hogares en el Sector 2, luego de que la autoridad judicial confirmara la vigencia de la habilitación y la seguridad estructural de las viviendas, según informó la administración porteña.
La evacuación fue motivada por la caída de una losa en el estacionamiento subterráneo y había forzado el traslado de decenas de familias a alojamientos temporales. Luego de unos días el pasado 24 de marzo las familias evacuadas que fueron autorizadas a regresar al complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, observaron que una ventana se encontraba doblada con los vidrios rotos, además de detectar rajaduras en las paredes y cerámicas flojas por lo que el intento de retorno resultó fallido.
Hoy, la Ciudad comunicó que se levantó la clausura en el sector 2 del complejo y los vecinos podrán volver a sus viviendas. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 —que encabeza la investigación— evaluó los informes técnicos y resolvió ahora mantener la habilitación judicial del sector.

La administración porteña, en un comunicado, especificó que la habilitación se ajusta a la normativa vigente y que las condiciones estructurales de las viviendas fueron garantizadas tras los trabajos realizados por la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD).
Según detalla el comunicado oficial, “las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento”. La medida, añadieron, se adoptó porque “sigue vigente la habilitación judicial del sector”. La Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA dispuso el levantamiento de la clausura en las áreas de viviendas, luego de inspeccionar las reparaciones ejecutadas por la empresa a cargo.

La Fiscalía actuante autorizó el reingreso de los vecinos, asegurando que “están garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos”, de acuerdo con el comunicado oficial.
El proceso incluyó la verificación del estado de los servicios básicos: electricidad, agua y gas ya están disponibles en los edificios, aunque la habilitación del gas requiere una gestión individual ante Metrogas desde cada domicilio.
Fuentes del caso consultadas por Infobae remarcaron que la Justicia porteña es quien autoriza esta nueva medida. En ese sentido agregaron que la Ciudad no tiene ninguna injerencia en la reapertura de los inmuebles, y la responsabilidad de proseguir con los trabajos recae exclusivamente en la constructora COSUD.
El antecedente inmediato del retorno se remonta al colapso ocurrido en el estacionamiento subterráneo del complejo, que provocó la evacuación de más de 200 personas. El episodio desencadenó una investigación penal y la intervención de la Guardia de Auxilio y Emergencias para asistir a los afectados y asegurar la zona. La constructora, responsable de las reparaciones, asumió el costo de la reubicación temporal de los residentes.

A medida que avanzaron los trabajos de refuerzo y reparación, la autoridad judicial fue recibiendo reportes técnicos que permitieron flexibilizar las restricciones sobre el complejo. El acceso quedó limitado a sectores específicos, bajo controles de identidad y con presencia policial permanente. El operativo fue coordinado entre la Fiscalía, la Guardia de Auxilio y técnicos independientes, quienes supervisaron las tareas en el lugar. El regreso de los vecinos quedó sujeto a la validación de las condiciones de seguridad en cada área habilitada.
El comunicado del gobierno porteño remarcó que la habilitación del gas depende de gestiones individuales ante la empresa proveedora, Metrogas, y que cada familia deberá solicitar la activación del servicio desde su domicilio. Los edificios cuentan con los servicios de agua y electricidad restablecidos.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la responsabilidad sobre futuras reparaciones y el mantenimiento de la seguridad estructural permanece en manos de COSUD, la empresa constructora.
El regreso de los vecinos a sus viviendas se produce bajo un marco de control y vigilancia judicial, con acceso restringido a las áreas habilitadas y la continuidad de la causa penal en trámite.
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