“Acusar, perseguir, disciplinar”: la campaña anticorrupción de la dictadura para enjuiciar dirigentes y obtener legitimidad social

Es un libro que desarrolla una idea original, que descubre una faceta de la dictadura militar en la que los investigadores aún no habían puesto el ojo. Su autor, el politólogo Martín Astarita se propuso la tarea de estudiar la corrupción con perspectiva histórica, en el período comprendido por la dictadura militar, y revela los mecanismos desarrollados por las cúpulas militares para acusar y castigar a ex funcionarios del tercer peronismo.

Entrevistado por Infobae, Astarita explicó que la dictadura le había dado mucha importancia a la lucha contra la corrupción, que iba en paralelo a la lucha contra la subversión. “La dictadura definió dos enemigos: los corruptos y los subversivos, y en su momento convocó a un diálogo excluyendo a los que consideraba integrantes de esta clasificación”, subrayó.

Remarcó que la perspectiva de la corrupción aún no había sido estudiada en este período, monopolizado por la lucha antisubversiva. Astarita comprende que a lo largo de la montaña de documentación que estudió y del pormenorizado análisis de los diarios de la época, reveló la existencia de un discurso de corte moralizante pero que, en definitiva, no se hizo nada al respecto.

El libro Corrupción y dictadura. Acusar, perseguir, disciplinar: la construcción del enemigo interno (Fondo de Cultura Económica, 2026) está dividido en tres momentos. El primero comprende el período 1974-1976, caracterizado por escándalos del tenor de la Cruzada de la Solidaridad, causa en la que la presidente Isabel Perón estuvo a la puerta del juicio político, cuando se difundió que había usado fondos de esta fundación para saldar una deuda sucesoria con las hermanas de su marido. El autor explica que entonces existía un consenso entre civiles, dirigentes y militares en torno a que el peronismo era corrupto y que, por ende, se lo asociaba a la corrupción. La síntesis que hacen los militares es que el peronismo era el problema, y la Junta Militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 lo hizo con el mandato de terminar con la corrupción. “Hay que estudiar la corrupción para entender el golpe de Estado”, remarcó Astarita.

Esa campaña anticorrupción comenzó en 1976 con la criminalización de la corrupción de dirigentes políticos, con una lista encabezada por los últimos ex presidentes: Héctor Cámpora, Raúl Lastiri e Isabel Perón. También estuvieron en esa lista la mayoría de los gobernadores, y cayeron en la volteada tanto peronistas de izquierda como de derecha, a pesar de que éstos últimos habían desarrollado su propia lucha contra los mismos enemigos que los militares. En este panorama, lo que Astarita busca demostrar es la intención de los comandantes de extirpar el peronismo del sistema político.

En la segunda fase, el libro desarrolla una abierta lucha de la dictadura contra la corrupción económica, y el mojón más importante en este sentido fue la creación de la CONAREPA (Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial), que tuvo plenos poderes judiciales y administrativos para investigar el origen y legitimidad patrimonial de dirigentes políticos y sociales, dictaminar sobre la incautación de sus bienes y administrar el patrimonio enajenado. Era momento que los dirigentes debían demostrar que sus bienes no eran malhabidos y estuvieron en la mira un grupo de empresarios sospechosos de haber financiado a la subversión.

Astarita fundamenta la hipótesis de que, en el marco de un doble discurso, la verdadera intención de la creación de la CONAREPA se debió a que los militares pretendían apropiarse de los bienes de David Graiver, el empresario y banquero al que se lo asoció a la administración del dinero del rescate que los hermanos Born habían pagado a la organización terrorista Montoneros.

La tercera fase está marcada por el declive y final de la campaña anticorrupción que ya no encuentra eco en la sociedad y con el fracaso de la maniobra aperturista ensayada por el general Roberto Viola cuando pretendió incluir al peronismo en un diálogo político y se liberó a Isabel Perón, entre otras medidas.

Cuando asumió Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, se continuó con la instrumentalización de la campaña contra la corrupción, aunque el objetivo central de este militar, según explicó Astarita, “fue el de generar consenso con los dirigentes políticos, a partir de una negociación, donde la dictadura concedería determinados beneficios siempre y cuando en el futuro no se investigasen los casos de violaciones a los derechos humanos”.

Luego de la guerra de Malvinas, el panorama se invirtió y los militares y sus funcionarios, de paladines en la lucha contra la corrupción, comenzaron a ser acusados. El caso más significativo es el José Alfredo Martínez de Hoz, quien acumularía diversas causas. De esta forma, remarca Astarita, la cuestión de la corrupción se transformó en un boomerang para una dictadura que ya languidecía.

Astarita recordó que “cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia en diciembre de 1983, sostuvo que la corrupción y la violencia eran los principales problemas de la dictadura, y que se solucionarían con la consolidación de la democracia”.

En la implementación de esta campaña de lucha contra la corrupción, el autor puso de relieve que la Junta Militar organizó una suerte de división del trabajo. Por un lado, delegó responsabilidades en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y en jueces federales que se alinearon a la política de criminalizar a dirigentes peronistas en causas de corrupción. Y, por otro lado, los gobernadores de facto fueron los encargados de llevar la campaña a las provincias.

En este sentido, el autor explica que la campaña anti corrupción en el interior fue muy homogénea y en el curso de su investigación halló mucha documentación sobre prisiones preventivas de dirigentes, donde primero se los encerraba y luego se los investigaba. Así ocurría tanto en las provincias como en los municipios.

Astarita halló diferencias entre la campaña anti corrupción y la guerra contra la subversión. Mientras que ésta se desarrolló en el terreno de la ilegalidad, la primera se apoyó en un amplio marco legal en el terreno de lo público. Fue así como los gobiernos militares se preocuparon por difundir estas campañas, de visibilizar las causas judiciales, en un intento de buscar legitimidad social.

Martin Astarita es politólogo UBA, magister en Economía Política (FLACSO) y doctor en Ciencias Sociales, también UBA. Docente universitario, es coordinador del Centro de Estudios sobre Corrupción, Integridad y Transparencia (FLACSO).

En definitiva, la lectura de este libro, que gira en torno al eje de corrupción y dictadura, nos sumerge en las oscuras motivaciones de los que se apoderaron del país en 1976 y de cómo usaron un discurso moralizante como estrategia para afianzarse en el poder.