Momentos de tensión se viven esta mañana frente a la Casa Rosada, en la Ciudad de Buenos Aires, donde familiares y personas con discapacidad se reúnen para manifestarse contra la reforma de la Ley de Discapacidad.
Según las primeras informaciones, los manifestantes intentaron instalar un gazebo, pero fue retirado por la fuerza y desarmado por los agentes. La situación generó empujones y reclamos en medio de la multitud, en una jornada marcada por el malestar.
“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?“, lamentó un manifestante, visiblemente conmovido, tras las escenas de tensión con la policía. En diálogo con Todo Noticias (TN), otra mujer agregó: ”No tienen humanidad".
“Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible", expresó uno de los manifestantes.
En la protesta pacífica participan prestadores, familiares y chicos con discapacidad, quienes reclaman la ejecución de pagos atrasados. Tras los disturbios, se reforzó la presencia policial en la zona. Hay oficiales de la Policía Federal Argentina y de Infantería en el lugar.
En febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.
La medida responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.
El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.
La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto.
Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.
La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.
El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.
Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.
En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
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