Después del incendio que afectó a la sede de la obra social del Gobierno de Córdoba, la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), las autoridades del organismo sanitario respondieron a las acusaciones respecto a que se habría tratado de un plan para destruir la documentación vinculada a la causa, en la que fueron acusados por presuntas estafas.
La maniobra había sido denunciada por la oposición cordobesa, por lo que el abogado y vocal de Apross, Sebastián García Petrini, desmintió la información al asegurar que todos los documentos se encontraban a salvo. De hecho, apuntó que en los pisos afectados se encontraría la parte informática y las áreas de auditorías médicas.
En este sentido, el representante legal ratificó que la documentación y los dispositivos utilizados para digitalizar toda la información de la obra social se encontraban a salvo. “Por suerte tenemos arbitrados una gran cantidad de medios de seguridad para resguardar esa documentación”, explicó.
A modo de despejar las dudas, durante una entrevista para El Doce, García Petrini remarcó que los documentos vinculados a la investigación están en poder de “la Fiscalía a cargo del doctor Bringas”, quien fue asignado para llevar a cabo el proceso de instrucción.
“En este lugar, no tenemos ni siquiera afectada ninguna de las oficinas que están interviniendo en prevención del fraude”, afirmó el abogado de la obra social sobre el edificio ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 728, en la capital de Córdoba.
La policía local había comunicado que el fuego se había iniciado en el tercer piso de la sede, en donde se encontraría el área de informática, según informó el representante legal del organismo. El incidente se reportó minutos antes de las 13:00 horas, cuando se divisó una columna de humo en la zona.
Al haberse producido durante el feriado del Viernes Santo, no fue necesario evacuar el edificio y no hubo personas heridas por el siniestro. Sin embargo, sí se debió sacar a la calle a personas que se encontraban en construcciones colindantes.
El incendio se produjo varios días después de que 13 personas fueran detenidas en el marco de la causa por presuntas estafas a la obra social. Entre esos últimos detenidos, había cinco efectivos de la Policía de Córdoba (3 en actividad y 2 retirados que presuntamente integraban la asociación mutual 16 de Noviembre), un médico y un ex empleado del área de Sistemas.
Según informó el secretario de la Fiscalía, Pablo De Francesca en declaraciones a radio Mitre Córdoba, todos los acusados se trataban de personas mayores de edad, por lo que fueron imputados por el delito de defraudación calificada en perjuicio del seguro de salud de la provincia de Córdoba.
“La maniobra en esta oportunidad ha consistido en validaciones de consultas falsas por parte de instituciones efectoras que se encontraban vinculadas al seguro de salud”, explicó el funcionario judicial. Asimismo, La Voz accedió a una fuente de la investigación que le señaló que “el grupo le facturaba al Apross por consultas médicas, prácticas médicas, que nunca se hacían“.
Al mismo tiempo que remarcaron que “también se hacían prescripciones. Usaban padrones de afiliados y, sin que estos supieran, presuntamente, se confeccionaban prácticas médicas, las facturaban y las cobraban”, la fuente aseguró que se constataron “miles y miles de estas acciones y todo por un monto millonario”.
Previo a esto, el fiscal Bringas había ordenado la detención de otras ocho personas en el marco de un expediente que investiga un megafraude contra la institución con medicación para personas diabéticas.
Desde el Ministerio Público Fiscal habían indicado en aquel momento que “la maniobra consiste en la obtención de datos de afiliados empadronados según la patología diabetes. Con esos datos, los imputados elaboraban recetas médicas físicas y electrónicas de forma apócrifa”. Contaban para ello con una persona que fabricaba DNI falsos que luego eran presentados en distintas farmacias para retirar insulina y tiras reactivas, que tienen un alto valor en el mercado.
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