En los años ‘70, ‘80 y ‘90 inclusive, la compra del vino suelto en damajuanas de cinco litros era un clásico en las casas de las familias trabajadoras argentinas. Hasta que aparecieron los de alguna marca pretenciosa o de cierto nivel, la costumbre era ir con el envase vacío y elegir el preferido en toneles gigantes que prometían distintos sabores en la vinería del barrio: todavía no se había impuesto el auge de los tintos y las elecciones se inclinaban más por los rosados o los blancos.
Era un negocio que crecía día a día... Hasta que una noticia sacudió el mercado: “Dos personas murieron anoche en Ensenada y una más está grave en Quilmes por haber tomado, presuntamente vino en mal estado”, podía leerse el 21 de febrero de 1993 en un convulsionado domingo como título principal en todos los diarios de la Argentina, y el tema se convertía en tema de debate en los programas de radio y en los noticieros de televisión.
De inmediato la noticia se convirtió en denuncia contra el bodeguero Mario Arnoldo Torraga, por entonces propietario de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A. Los casos se multiplicaban por todo el país y hasta trascendían a Uruguay. La cantidad de muertos crecía y alcanzaba finalmente el inusitado número de 29. El escándalo fue tal que hasta provocó la intervención del entonces presidente Carlos Menem que ordenó clausurar la bodega sanjuanina.
Los titulares se sucedían cada vez más catastróficos y variados: “Mansero y Soy Cuyano ya mataron más que el propóleo”, “Nueve muertos en el Gran Buenos Aires y Entre Ríos”, “Intoxicados en Huinca Renancó”, “Intentan encontrar los 25 mil litros de vino adulterado que siguen en circulación”...
También surgían víctimas en Misiones, Corrientes y Capital Federal con todo tipo de alteraciones en su salud, la mayoría con consecuencias neurológicas y en la vista. Córdoba resultó otra de las provincias muy afectadas. Principalmente las localidades que recorren las rutas 7 y 35 en el sur del territorio. En la mencionada Huinca Renancó llegaron a secuestrarse 600 envases y varias personas debieron ser trasladadas a la ciudad capital para ser internadas de urgencia.
El empresario bodeguero era una figura reconocida en ese ambiente ya que además se había desempeñado en la industria para la marca Resero, que en esos tiempos había impuesto un jingle difícil de olvidar para los memoriosos: “Es oro blanco, es oro blanco, dorado vino, Resero blanco sanjuanino”, se repetía la publicidad en todos los canales de tevé.
Bodeguero en fuga
Pese a todo y ser intensamente buscado Torraga logró permanecer 45 días prófugo. ¿De qué se lo acusaba? ¿En qué consistía la maniobra? Ante tantas denuncias los consumidores empezaron advertir que el vino lucía con un color más intenso y un aroma penetrante, diferente al habitual. Era porque a los vinos que comercializaba con las marcas Soy Cuyano y Mansero le sumaban agua para “estirarlo”, como se decía en la jerga con el objetivo de llenar más damajuanas con menos producto. Entonces se le agregaba alcohol metílico (más conocido como de quemar) para que de esa manera mantuviera la graduación alcohólica mínima autorizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Torraga finalmente se entregó presentándose en el Juzgado Federal de San Juan. Pero se defendió argumentando que era víctima de un “complot orquestado por Mendoza para perjudicar la industria vitivinícola sanjuanina”. El tema fue que dijo esto, pero omitió aclarar que tenía una condena previa por falsificar cupos de vinificación a principios de los ‘90. Las adulteraciones se comprobaron en 1996 durante el juicio oral que se llevó a cabo en la ciudad de San Juan. En el debate se supo que todos sabían de la maniobra, tanto Torraga como su hijo, el gerente, el enólogo y hasta el capataz. Adquirían el metanol en Buenos Aires a través de una droguería de un contacto del bodeguero.
Condenados
El 12 de junio de ese año se conocieron las condenas. Mario Torraga fue condenado a 15 años de prisión. El enólogo Armando Ribes recibió la pena de 10 años de prisión por adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de 10 casos o más. En tanto Guillermo Torraga, hijo de Mario, fue condenado a 6 años de prisión. Horacio Barbero, gerente, Pedro Tobares, capataz, y tres empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura terminaron sentenciados a dos años.
El lugar donde funcionaba la bodega fue adquirido en remate público por el municipio de Caucete, y pese a las sentencias, la historia familiar de los Torraga continuó desarrollándose en la provincia de San Juan, de donde eran oriundos. Mario se alejó del tema vitivinícola e instaló en pleno centro de la ciudad lo que se denominó vulgarmente como un “parripollo” al que llamó “Polidoro”.
En 2010 los jueces Gregorio Fleicher, Leopoldo Schiffrin y Carlos Compaired determinaron la responsabilidad de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A. y del Instituto Nacional de Vitivinicultura. El dictamen estableció que “la sola circunstancia de que se habilite la circulación del vino a través del sistema de declaraciones juradas no implica eximir la función de control y fiscalización que compete al INV. Resulta probado que dicho instituto no adoptó las medidas de atención, vigilancia y prevención que la naturaleza de sus funciones le exigen”.
Así, la Cámara Federal de La Plata ratificó una condena civil contra la bodega Soy Cuyano y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por el fallecimiento de un consumidor del vino adulterado con alcohol metílico en 1993. La Sala Segunda de la Cámara ratificó una sentencia por 200 mil pesos, más intereses de 17 años, en beneficio de los herederos de Atilio Bengolea, una de las tantas víctimas.
Otro Torraga volvió a ser noticia en 2022. En este caso se trató de Facundo, también hijo de Mario y quien debió enfrentar otra dura condena, pero no por nada relacionado con el vino adulterado. Terminó sentenciado a 10 años de cárcel por violencia de género contra su mujer. La pena luego fue reducida a 8 años por la Cámara de Apelaciones.
Víctimas indefensas
La gran mayoría de los consumidores de Soy Cuyano y Mansero eran personas de condición humilde, por eso no se defendieron ante la justicia presentando demandas civiles, ya que eso les hubiese demandado una serie de gastos en trámites y honorarios de abogados que no estaban en condiciones de afrontar.
Uno de los casos más terribles ocurrió en un encuentro familiar en la localidad de Ensenada en la provincia de Buenos Aires, donde luego del consumo de esos vinos en la reunión murieron seis personas, una de ellas estaba embarazada. Además, otras víctimas de todo el país quedaron con secuelas de tipo neurológico y hasta ceguera.
Como consecuencia, el efecto para el mercado de la comercialización de vinos en damajuana fue letal. Debido al impacto y la conmoción que causaron tantas muertes, ese típico envase desapareció de las costumbres de entonces de la mesa familiar. Por entonces, cada damajuana de cinco litros de Soy Cuyano y Mansero costaba 3,50 pesos, equivalentes a 3,50 dólares. Eran tan baratos como letales.
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