“Contra la falsa denuncia no se puede nada”: la admisión de una jueza y dos ejemplos que confirman la desidia

Abogada: Doctora, le hago una consulta. Cuando se presenta la medida, la solicitud, ¿ustedes analizan los hechos como para determinar el plazo, por ejemplo, de la perimetral…?

Jueza: No hace falta.

Así, rápida y contundente, es la respuesta que da la jueza María del Rosario Rocca, titular del Juzgado de Familia n° 6 de La Plata y subrogante en el n°3, a la consulta que le hace la abogada Erica Luna durante el “Taller práctico sobre violencia económica y violencia simbólica”, organizado por el Colegio de la Abogacía de la capital bonaerense, grabado en video y subido por la misma entidad a su página web.

Poco antes, Rocca había dicho: “Contra la falsa denuncia no se puede nada, ¿está?” El asombro fue tal que se escucha de fondo a una persona que la cámara no muestra y que exclama: “¡Ah… bueeeno!” Esta misma persona admite luego con resignación: “En el foro de familia, no se comprueba ningún hecho, simplemente se pone paños fríos”.

El tema aparece varias veces, a lo largo de las casi dos horas que dura el taller, ya que varios muchos participantes se muestran preocupados por ver cómo limitar el alcance de ciertas medidas, y cuando la Jueza de familia reitera “no es mi tarea (corroborar los hechos), no es el objeto del proceso de violencia, básicamente”, otra asistente admite que las denuncias son tomadas como válidas y que “ante la falsedad, que sabemos”, tendrían que pasar el tema al fuero penal, “porque yo en mi fuero jamás voy a comprobar que es mentira, porque la ley no está para eso, está para poner paños de agua fría por la verdad o por la mentira que sea”.

Efectivamente, el “no hace falta” [corroborar la veracidad de los dichos] pronunciado con tanta soltura por Rocca, confirma que en el fuero de familia, una mera denuncia -de violencia de cualquier tipo- basta para dictar una orden de restricción contra el progenitor señalado, una perimetral o prohibición de acercamiento, que corta de cuajo los vínculos parento filiales, con consecuencias costosas e irreversibles para la salud psicofísica de los afectados y en especial de los menores.

En los juzgados de familia se acumulan los litigios por la tenencia y régimen de visita de los niños de padres separados. El crecimiento es exponencial, porque la gente se divorcia con mucha más frecuencia y facilidad que antes, pero también por el sesgo de género implantado en los últimos años en la justicia; el ”yo te creo hermana” que ha contaminado estas causas asimilando toda denuncia a una condena.

“La Ley no es mala, pero no se cumple”, decía a Infobae hace un par de años el ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Mizrahi. Ante una denuncia de violencia familiar, los jueces tienden a cubrirse dictando de inmediato una cautelar que excluye abruptamente al progenitor denunciado de la vida del niño. En cambio, rara vez cumplen con el siguiente paso que fija la norma y que debe darse a las 48 horas de dictada la cautelar: una audiencia para escuchar a la parte denunciada. Esto es crucial, decía Mizrahi, porque cualquier magistrado con algo de experiencia puede percibir la veracidad de una denuncia.

Hay un tipo de falsa denuncia que es el más frecuente y el que los jueces podrían más fácilmente desmontar: la denuncia exagerada. “¿Usted le gritó a su hijo/a?” “Quizás, sí, alguna vez me habré descontrolado”. Maltrato infantil. Abuelos o tíos intentan un acercamiento, como llevarle un regalo al colegio el día del cumpleaños; la otra parte denuncia acoso. Violencia psicológica. “¿Usted le bajó los pantalones a su hijo?” “Sí, ¡para que haga pis!” Abuso infantil. Aspectos de la vida cotidiana son mirados bajo una lente intencionadamente deformante.

Así de kafkianos son estos procesos que a partir de una denuncia no verificada pueden derivar en que un padre -aunque esto afecta también a algunas madres, casi siempre los acusados son los varones- pase un año o más sin ver a sus hijos.

Los plazos de las cautelares se eternizan porque la desidia y la ideología se combinan con la falta de recursos ante una litigiosidad creciente. Esto facilita el accionar de ex parejas movidas por el rencor, que encuentran además soporte en abogados y psicólogos inescrupulosos y en jueces que en algunos casos están desbordados y en otros hacen gala de desidia. Como admite Rocca en el taller, optan por la vía más fácil, que es cortar los vínculos.

“Una denuncia puede ser muy falsa como muy verdadera -decía Mauricio Mizrahi, quien hace poco presidió un Congreso Internacional sobre alienación parental-. Abuso, maltrato, lesiones, puede ser mentira o verdad. Es tarea del tribunal investigar. La ley autoriza al juez a dictar la medida inmediata, pero también le ordena citar al denunciado dentro de las 48 horas con lo cual éste puede ir y decir ‘la verdad es ésta, yo no hice tal cosa, o tal otra’ y el juez inmediatamente levanta la medida. Hay un olfato, uno está acostumbrado a esto y cuando no le ve mucha verosimilitud a la denuncia lo que hace es reemplazar la prohibición por un sistema de comunicación asistida o supervisada. Se nombran trabajadoras sociales para que, hasta que quede dilucidado el tema, la persona por lo menos vea a los hijos unas horas dos veces por semana por ejemplo”.

Pero en la práctica, aun percibiendo la mendacidad (“la falsedad que sabemos”), se cortan los vínculos.

Uno de los padres que se comunicaron con Infobae para denunciar este tipo de situaciones, preguntaba: “¿Cómo pueden dormir tranquilos?”

Es sin duda el interrogante que surge. Se sacan resoluciones a las apuradas; una firma basta para dividir a una familia y el resultado, en palabras de Mizrahi, son “niños huérfanos de padres vivos”, pero esto no parece desvelar a los jueces.

Muchos actúan amedrentados por la exacerbación de género vivida en los últimos años. Prefieren arruinar a una familia antes que tener el juzgado sitiado por fanáticas. Como surge del intercambio en el taller, la indiferencia por las consecuencias de las medidas que se toman en el contexto de separaciones litigiosas parece regir la actuación de muchos jueces de este fuero.

Una pregunta dirigida a la jueza Rocca fue: “¿Qué pasa cuando iniciamos la denuncia por violencia, decretan una medida cautelar, y automáticamente el papá no ve más a la criatura, aunque la cautelar no es para la criatura, sino para la madre? ¿Cómo podemos hacer para que los jueces nos autoricen, nos permitan encontrar un medio para que ese vínculo no se rompa con el padre?”

Como vimos, la ley prevé mecanismos para eso. Sin embargo, en un gran porcentaje de los casos esto no se hace, con total impunidad para el progenitor excluyente.

Estos tiempos de la justicia no se corresponden con los de la vivencia de un niño para el que tres meses son una eternidad.

Alejandro Novak intuyó hace unos años que iba a ser víctima de este tipo de maniobras porque la madre de sus hijos de la que estaba separado ponía trabas a la relación. A través de su abogada hizo una presentación en los Tribunales de Lomas de Zamora, declarando que temía “una posible denuncia que me alejara de mis hijos”.

Era el año 2021. No sucedió entonces, sino en 2023. Su ex mujer lo denunció aduciendo que maltrataba y violentaba verbalmente a sus dos hijos menores, un varón y una niña de 9 y 7 años respectivamente. “Avaló esto con dos psicólogas a las que no conozco, a las que nunca traté”.

Él había ido de vacaciones a Brasil un mes con los niños y con su hija mayor, fruto de un matrimonio anterior. Todo había ido muy bien, pero a la vuelta se encontró con esta denuncia.

La madre inició una causa en el Fuero Civil, por supuesta violencia verbal de parte de Novak hacia sus hijos. Como es habitual, el Juzgado dictó una medida cautelar para “preservarlos”. “El problema, dice él, es que esas medidas quedan in aeternum. No se desestima la denuncia, no es como en el fuero Penal, acá se dictan medidas cautelares y las causas quedan en el limbo y en el medio mis hijos, u otros chicos”.

¿En qué consistió la denuncia? “Según mi ex mujer, mi hija adujo que yo la había insultado. A partir de allí intervinieron un sinfín de distintos psicólogos particulares, contratados por la madre, que también es psicóloga, que entrevistaban a mis hijos sin mi consentimiento. Estos terapeutas jamás han tomado contacto conmigo pero hicieron informes donde hablan de que habría violencia verbal, sin especificar”.

El impedimento de contacto, que hasta entonces era esporádico, ahora es formal. “El Juzgado donde está radicada la denuncia hace oídos sordos a todo lo que digo o planteo. Llevo más de un año sin contacto con ellos. Mis hijos nunca fueron entrevistados por el Juzgado (n°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Myriam Cataldi) que impide el vínculo; nunca nos han llamado a todos para aclarar la situación. Ellos tienen el deseo de verme, nuestro contacto era muy bueno y fluido”.

“Estoy muy preocupado por mis hijos que fueron manipulados y engañados con toda esta situación, a una edad crucial para su desarrollo”, dice.

“Parecería ser la nueva moda en los juzgados de familia -comenta Novak-; se cubren con meros informes psicológicos, muy vagos, carentes de fundamentos y con un trato totalmente desigual entre partes. El denunciado no es oído, ni considerado en ninguno de sus argumentos”.

La denuncia preventiva que había hecho en 2021, no fue tenida en cuenta ahora en el Juzgado n° 7.

Por otros familiares, Novak sabía que sus hijos reclamaban por él todos los días. Finalmente, después de 8 meses, una psicóloga, a la que califica de “iluminada”, aconseja la revinculación, haciéndose eco de los reclamos de los niños. El juzgado la concede, pero administrada. “Quiere decir que un centro especializado interviene en el proceso -explica-. Acá entrás en otro mundo, centros abarrotados de causas, turnos con meses de demora para iniciar el proceso. Algunos privados te ofrecen algo más próximo, pero cobran fortunas”.

Cuando conceden la revinculación, para acelerar los tiempos, Novak aceptó la elección de su ex: el Centro Oro, que se dedica a la “Asistencia, Docencia, y Prevención en Salud Mental”.

“Después de 45 días de haberles otorgado la facultad de iniciar el proceso -dice-, sólo me entrevistaron a mí y luego se excusaron de continuar en el juzgado diciendo que no podrían cumplir con mis expectativas, yo sólo les pedía un cronograma de trabajo y avances, y la madre jamás se presentó en el centro, dejando a las claras su voluntad de continuar obstruyendo el vínculo de mis hijos conmigo”.

Novak sigue su catarsis: “Sé que mis hijos preguntan ¿cuánto falta para ver a papá? El vínculo que tenía con ellos era muy sano, muy fluido y de mucho amor. De la noche a la mañana destruyeron todo. Mientras espero que autoricen otro centro para la revinculación, pasan los días, los meses, un año ya, y mis hijos se han quedado sin su padre, inimaginable saber lo que piensan. ¿Dónde está el interés superior del Niño? ¿En qué momento lo tiene en cuenta un Juzgado o un defensor de menores? ¿Hasta cuándo estos procesos de obstrucción parental que producen tanto daño en la psiquis de un niño? ¿Quienes se benefician con todo esto? ¿Los juzgados que justifican su trabajo? Mal hecho, por cierto. ¿Los centros especializados con equipos de psicólogos que cobran fortunas y trabajan sin marcos regulatorios? ¿Quiénes se perjudican? Sin duda, los niños”.

El enojo de Novak también es contra los abogados. “No tienen lo que hay que tener para defenderte. Te dicen ‘no le puedo decir eso al juez’. Los abogados del fuero civil no presionan a los jueces”.

El caso de A.L. es muy similar. Mantiene en reserva su nombre para no atraerse más denuncias de su ex. Padre de un varón de 13 y una nena de 10, hace un par de años le habló a su mujer de divorcio y ella decidió adelantarse y en marzo de 2023 lo echó de la casa y desde entonces empezó a escatimarle los encuentros con sus hijos. No sólo a él, sino a toda la familia paterna. “Esto es alienación parental y maltrato infantil”, dice él.

En noviembre de 2023, la mujer presentó una denuncia por violencia y obtuvo la consecuente perimetral. Él se enteró por un whatsapp de su ex. Esa orden vencía en marzo pero ella obtuvo una extensión.

A.L. también ha presentado varias denuncias contra su mujer por no cumplir con el régimen homologado en el Juzgado de Familia N°1 de Quilmes. “La jueza a cargo, Gabriela Blanchiman, a quien no conozco ni apareció en ninguna mediación, no ha accionado hasta la fecha para ayudar a mis hijos, a pesar de contar con un informe psicotécnico del propio juzgado que confirma la manipulación”.

Luego de la separación, el hijo de A.L. desarrolló una enfermedad autoinmune. “Yo no puedo estar a su lado, acompañarlo, hablar con él, ni con mi hija que desde hace un tiempo tiene ataques de pánico”.

“Durante este tiempo mi ex mujer y su entorno se encargaron de llenarles la cabeza a mis hijos con mentiras -dice él-, transformando su memoria y tratándome como el responsable de todo, por lo cual ahora ellos dicen que no me quieren ver”.

La jueza ordenó una revinculación en junio pasado, ”bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de establecer una multa” y de recurrir “a la fuerza pública”.

Desde entonces, hubo cuatro citas. La madre de los niños sólo se presentó a la primera y no a las tres siguientes pero no fue multada ni apercibida.

El 9 de agosto, el equipo técnico del Juzgado informó “el incomparendo” de la madre y de los niños “a las fechas programadas para el proceso de vinculación de los días 5/07, 2/08 y el día de la fecha”.

La abogada de A.L. presentó tres escritos denunciando el incumplimiento y aún así el juzgado no tomó ninguna medida. La mujer no fue multada ni conminada a presentarse.

Al tomar conocimiento de que los niños están siendo aislados por la madre, que tuvieron 34 inasistencias a clase y que tampoco van a reuniones con sus compañeros, en septiembre A.L. solicitó que se evaluara a la madre, para establecer si está “en condiciones de ejercer el cuidado personal de los niños, como así también su aptitud para maternar”.

Este pedido no ha sido resuelto.

A.L. sostiene que sus hijos están somatizando la problemática en la que los tiene inmersos su madre; ambos niños comenzaron con problemas de salud, como gastritis, valores bajos de plaquetas. En una de sus presentaciones, él afirmó que todo ello es “producto del estrés que su madre les provoca, obligándolos a mentir, vulnerando su derecho a vincularse con el progenitor no conviviente y negando los vínculos con el resto de la familia paterna”.

Transcurrido un año, la madre ha logrado que los niños digan que no desean ver al padre, cuando al comienzo del conflicto aseguraban lo contrario.

El informe del equipo técnico que supervisó los encuentros es muy claro. El 20 de abril de 2024 la madre asistió con los niños para la revinculación con el padre. Como el encuentro se desarrolló de forma amena, los especialistas decidieron reiterarlo la semana siguiente.

Pero al momento de irse, la madre “comienza a manifestar su desagrado por la referencia a un próximo encuentro entendiendo ser iatrogénico para los chicos esbozando la frase ‘están perdiendo días de clase’”.

En el segundo encuentro, la madre recibe a la perito asegurando que sus hijos se niegan a ingresar, pone en boca de su hijo cosas que el niño niega y entonces lo trata de mentiroso, y “prosigue asegurando que retomar el contacto con su progenitor le habría ocasionado cambios negativos respecto a la enfermedad de base del niño”.

El resultado es que, al ingresar a la reunión, “el niño comienza a expresar su negativa a volver a ver a su progenitor esgrimiendo los argumentos vertidos por su madre en la sala de espera, aseverando que los desbarajustes en su sistema inmunológico son a causa de la presencia de su figura paterna y se muestra evasivo a retomar lo sucedido en el encuentro sostenido la semana pasada”.

El informe agrega que el niño se muestra “aprensivo”, y pide “regresar junto a su progenitora para marcharse, negándose con obstinación a realizar el encuentro acordado”. También señalan que “es llamativo el comportamiento de la niña que continúa tomada del brazo de su madre y no logra hacer contacto visual con quien suscribe, conducta antípoda al encuentro sostenido previamente”.

El informe resalta “la conducta restrictiva” de la madre y el hecho de que ésta y la abuela materna se posicionan como “portavoces del parecer de los menores delante de estos, promulgando en su discurso la difamación de la figura paterna…” Se señala también “la propensión de los pequeños a sostener relatos subsumidos al posicionamiento materno mostrando cierta inclinación a la reafirmación del mismo”.

“Se desprende de dichos sucesos un posicionamiento inflexible (de la madre) frente a la oportunidad de que los chicos puedan restablecer, dentro de un espacio supervisado, el contacto con su progenitor para así lograr recomponer su vínculo paterno filial”, dice el equipo técnico.

Ante la consulta de Infobae, desde el Juzgado se negaron a comentar el caso aduciendo que no podían dar información a la prensa de un expediente. A.L. dice que solo una vez lo recibió un secretario, pero que nunca vio a la jueza y que no se responden sus planteos.

Los defensores del dogma de que a la denunciante hay que creerle afirman que las denuncias falsas son tan ínfimas que no constituyen un tema relevante. Esto es falaz. Si, como admite Rocca, las denuncias, incluso ante la fuerte presunción de su falsedad, no se verifican, la cifra es imposible de precisar. Además, el progenitor falazmente acusado, una vez que logra establecer su inocencia -si lo logra-, está psíquicamente tan agotado -y quizás también económicamente afectado- que ya no quiere oír hablar de ningún litigio más. Porque la justicia no investiga esto de oficio. Es el damnificado el que tiene que interponer a su vez una denuncia contra quien lo difamó. Obviamente, casi ninguno tiene la energía para hacerlo.

Tal vez la iniciativa de agravar las penas por denunciar falsamente -impulsada por la senadora Carolina Losada- disuada a los cónyuges en litigio de apelar a este mecanismo, hoy prácticamente gratuito y muy redituable.

El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”, y apuntó contra los “daños irreversibles” de las falsas denuncias, que “destruyen a una persona”.

La jueza Rocca admite que la veracidad o no de una denuncia no es relevante: “El punto es que hay que trabajar con seriedad este tema, porque detrás de una denuncia falsa, hay diez que son verdad”. Una de cada diez, no es poco, y de todos modos es un porcentaje arbitrario puesto que, como vimos, no se investiga: “Si a mí me traés diez medidas (cautelares de exclusión) y una es falsa, igual la voy a terminar sacando, pero se desdibuja la verdadera protección”, reconoce.

El automatismo con el que se toman las medidas queda confirmado.

El modus operandi de la falsa denuncia se ha multiplicado -Infobae ha dado cuenta de muchísimos casos de este tipo- al amparo de la impunidad de quienes realizan estas maniobras en las que suelen confluir, de un lado, las maniobras del progenitor excluyente con el interés de abogados, psicólogos, asistentes sociales y ong que participan de estos procesos eternos y, del otro lado, la negligencia y morosidad de los tribunales y de las defensorías de menores.

Muchas veces, aun demostrada la falsedad de la denuncia y establecida la inocencia del progenitor falsamente acusado, el tiempo transcurrido representó en sí mismo una condena: a la larga separación se une la imposibilidad de recuperar el vínculo con sus hijos ya dañado por el tiempo transcurrido y la inoculación del discurso del progenitor obstructor.

“Para mis hijos estoy muerto en vida, cuando yo era un padre presente”, concluye, sombrío, A.L.

Aumentar las penas por falsas denuncias puede ser un disuasivo para quien tiene la intención de calumniar a su ex pareja con tal de desterrarla de la vida de sus hijos, pero hay otras cosas que la justicia puede hacer desde ahora: que los jueces cumplan con el procedimiento y los plazos que fija la ley para estos casos. Y reforzar a los juzgados con más presupuesto y personal. A las autoridades judiciales compete resolver este problema.