Estaba internada con su bebé recién nacido cuando le avisaron que su otro hijo había desaparecido: “Hago responsable a mi mamá”

El 21 de diciembre se cumplen 9 años de la desaparición de Maximiliano Sosa, un nene de 3 años que desapareció de la puerta de la casa de su abuela, en la localidad santafesina de Ceres. Si bien el caso tiene muchas similitudes con lo ocurrido en Corrientes con Loan Danilo Peña, la diferencia es que el círculo familiar más cercano fue investigado y descartado por falta de pruebas.

De aquel caluroso día de 2015, su mamá Daniela guarda en su memoria una escena que aún la paraliza y mortifica: un policía golpeando la puerta de la habitación del hospital donde ella estaba internada junto a su hijo prematuro recién nacido para darle la peor noticia de su vida. “El nene avisó que se iba a jugar a la casa del vecinito de al lado y nunca volvió”, le dijo el efectivo.

El primer mes fue un trabajo muy intenso y rápidamente los medios locales y provinciales se hicieron eco de la noticia. Pero a medida que pasaron los años y se fueron descartando a los sospechosos, ni la recompensa ofrecida sirvió para reactivar nuevas líneas de investigación.

Cuando todo parecía que el caso había caído en el olvido, el interés mediático a nivel nacional que despertó el caso Loan volvió a traer a escena otros hechos similares, como el de Maxi. Y ante un pedido realizado por Daniela, en septiembre de este año, la Corte Suprema le ordenó a la justicia federal con sede en Rafaela, que actúa por jurisdicción, reabrir la causa un mes después.

“Nunca voy a perder las esperanzas y voy a buscar a mi hijo hasta el último de mis días”, afirmó su mamá a Infobae. “Me gustaría que investiguen más a fondo, como lo están haciendo con el caso Loan”, agregó esperanzada.

El fallo, que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, solicitó “ampliar espectro territorial para establecer si el menor pudo haber sido inscripto en registros civiles provinciales e indagar sobre la existencia, a partir de la fecha de desaparición, de algún cadáver perteneciente a algún niño de tres años cuya identidad pudiera ser compatible con la de Maxi”.

Antes de dar a luz, Daniela ya había acordado con su mamá que cuidaría de Maxi durante una semana para que pudiera adaptarse a su bebé. “A ella se le ocurrió esa idea, ella se ofreció. Yo no le había pedido nada”, recordó la mujer, que tenía apenas 20 años en 2015.

Joaquín nació de 8 meses y pasó la primera noche con fiebre amarilla. Mientras Daniela intentaba descansar y procesar las emociones mezcladas -el alivio del parto y la preocupación por la salud de su pequeño-, su marido irrumpió por la mañana en la habitación y le dijo: “Maxi no está, no lo encuentran por ningún lado”.

“No puede ser. ¿Lo buscaron bien?”, preguntó incrédula y, a la vez, negada de lo que estaba escuchando. La confirmación oficial llegó una hora después por parte de la policía. “Quería salir corriendo, pero no podía. No me dejaban levantar y el bebé seguía internado. Sentí como si me arrancaran algo”, recordó Daniela, con la voz temblorosa, al tener que revivir ese trágico momento.

Tras ser dada de alta, la joven se dirigió a la casa de su mamá con la esperanza de que todo haya sido una confusión. “¿Dónde está Maxi?, preguntó en búsqueda de respuestas. Su madre, evitando el enojo de su mirada, le dio una respuesta difícil de digerir: “Lo dejé al cuidado de tu hermana porque me tuve que ir a trabajar”.

La tía de Maxi admitió que estaba acostada cuando el menor le pidió permiso para ir a jugar a la casa de un amiguito. “La casa quedaba a tres casas de la nuestra. Pero nos dijeron que Maxi nunca llegó”, aseguró Daniela.

Policías, bomberos, helicópteros y perros rastreadores peinaron cada rincón de Ceres. La comunidad se unió para buscar al niño en canales, descampados y caminos. Daniela caminaba entre los grupos, revisando lugares imposibles, esperando verlo salir corriendo de algún escondite.

Desde el primer día, la policía y los bomberos desplegaron un amplio rastrillaje que incluyó perros especializados, buzos y hasta un helicóptero. En las primeras horas de la búsqueda, surgió la hipótesis de que el niño podría haber caído en una cava cercana a la casa familiar, pero los rastrillajes no arrojaron resultados. También se extendió la búsqueda a una laguna con agua acumulada, más alejada del barrio, en una zona conocida como “El viejo hospital”, un edificio abandonado desde la década del ‘60 que nunca llegó a completarse. Sin embargo, allí tampoco encontraron rastros del menor.

Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La esperanza colectiva se desmoronó y los esfuerzos disminuyeron. Con el tiempo, la relación de Daniela con su madre se fracturó debido al hallazgo de ropa de Maxi en una casa de fin de semana que la mujer, Patricia Sayago, compartía con su pareja de aquel entonces, Ariel Reinaldo Malagueño, en Montefiore, un pueblo cercano. En uno de los allanamientos encontraron ropa de niño: eran calzoncillos, medias pequeñas, un short de fútbol y una remera, del mismo talle que usaba Maxi.

En julio de 2016, la fiscal Hemilce Fissore les imputó a Sayago y Malagueño el delito sustracción del menor sin el consentimiento de su madre, retención y ocultamiento para luego desplazarlo a un destino desconocido. La pareja estuvo cuatro años presa, fue a juicio en 2021 y ambos quedaron en libertad por falta de mérito.

Tras su absolución, la abuela de Maxi aseguró que fue “el chivo expiatorio” que necesitaba la justicia para calmar los ánimos de la gente. Sin embargo, su hija no piensa lo mismo. “Desde el día en que Maxi desapareció la hago responsable a ella porque tendría que haberlo cuidado. Nunca más volví a hablar con mi mamá, no puedo perdonarla”, enfatizó Daniela totalmente convencida de que “algo tuvo que ver con su desaparición”.

De todas las versiones que giraron en torno del caso (que lo vieron en una estación de subte en Buenos Aires o en una terminal de macros del norte del país), la mujer no descarta la participación de un grupo de gitanos que andaba por la zona ese año. “Se dijo que mi mamá pudo haberlo vendido, pero no encontraron pruebas”, enfatizó.

En octubre de 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien brindara información que ayudara a avanzar en la investigación. Sin embargo, no hubo avances significativos.

Pese a todo, Daniela continuó su vida como pudo. Volvió a ser mamá en 2020 de una nena, de nombre Delfina, y encontró en sus hijos un motivo para seguir adelante. Sin embargo, nunca dejó de buscar justicia para Maxi. “Lo recuerdo cada día. No importa cuánto tiempo pase, sigo esperando que alguien diga algo, que aparezca”, remarcó expectante de que este nuevo fallo de la Corte le dé las respuestas que está buscando desde hace 9 años.

“No descarto ninguna hipótesis. Quizás me lo robaron. Después de todo lo que se dijo con Loan no descarto que lo hayan vendido y sacado del país”, especuló Daniela. Y concluyó: “Lo Maxi es como lo caso Loan, solo que no se investigó demasiado”.

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