Usina de Justicia, a 10 años de transformar el dolor en lucha: “Se sigue privilegiando a unas víctimas en desmedro de otras”

“A partir de las tragedias de las muertes violentas favorecidas por leyes e interpretaciones judiciales que abandonaron a la ciudadanía, hoy integramos Usina de Justicia tanto familiares de víctimas como ciudadanos que, por su profesión o por su sensibilidad, consagran horas de su vida a esta noble causa sin glamour ni lucimientos personales, pues lo hacen por pura abnegación y porque desean una Argentina mejor, y sin subvenciones públicas nacionales ni extranjeras”.

Así resumió Diana Cohen Agrest el origen y carácter que fundó hace una década junto a un puñado de personas afectadas como ella por la pérdida de un familiar a causa de una violencia delictiva sin control y a otros voluntarios -abogados, magistrados, psicólogos. gente de letras, etc- con la finalidad de defender los derechos de las víctimas en el proceso penal y exigir a las autoridades que velen por el primer derecho humano, sin el cual nada de lo demás tiene sentido: garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos.

Al comienzo del encuentro, la abogada María Jimena Molina presentó el primer libro de la asociación, “Nuevos paradigmas para la justicia penal. Hacia una era con perspectiva de víctima”, editado por Taeda (puede adquirirse en este link). Se trata de una compilación realizada por Molina y Cohen Agrest de trabajos y artículos escritos por los profesionales que integran la asociación y que apuntan a exponer las nefastas consecuencias de la doctrina del “garantismo” penal que Usina ha luchado por llamar por su verdadero nombre: “abolicionismo penal”.

Molina también se refirió a otra faceta de la actividad de Usina que es la formación, con la creación del único curso de Victimología Penal del país (“Las leyes de víctimas en el marco de la Victimología”, actualmente disponible en el campus virtual de la asociación) que es dictado a funcionarios y magistrados judiciales de toda Argentina. Un curso por el que ya han pasado los funcionarios judiciales de 10 provincias.

El jurista francés Pierre-Marie Sève, segundo orador del evento, dijo que sigue desde Francia la labor de Usina de Justicia: “Hay sólo dos organizaciones de este tipo en el mundo; una está en la Argentina y otra en Francia”, señaló en alusión al carácter de organizaciones que entre sus miembros cuentan con víctimas pero también con profesionales, y que combinan la asistencia a las víctimas con el debate y la elaboración de propuestas.

“Las situaciones son mucho más parecidas de lo que se cree entre Francia y Argentina en el sentido de que hay un abismo entre lo que quiere la gente y lo que piensan las élites”, señaló.

También en el país europeo existe una tendencia a ver en el delincuente a una víctima y a aplicar siempre todo tipo de medidas para alivianar las penas, en detrimento de la seguridad ciudadana.

Sève presentó luego una serie de propuestas que su asociación, Institut pour la justice, sistematizó durante la última campaña presidencial en Francia y que se publicaron con el título “Libro blanco: 24 medidas para revolucionar la justicia penal”.

Entre ellas está la de construir nuevas prisiones hasta completar 40 mil plazas penitenciarias más, reducir considerablemente las medidas de aligeramiento del cumplimiento de las penas, que la libertad condicional vuelva a ser la excepción y no la regla, cancelar los planes sociales que reciben los padres cuando los hijos menores de edad cometan delitos, restablecer la cadena perpetua real para los delitos graves, presencia de una abogado de guardia en las comisarías para asistir a las víctimas cuando va a denunciar un delito, entre otras.

Entre quienes lo escuchaban se encontraban numerosos funcionarios y personas de la Justicia como Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima Espel, también integrantes de la procuración, Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

También estaban los representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre y Héctor Galderisi; los jueces de Casación Federal Diego Barrotaveña, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, el subsecretario de Acceso a la Justicia Tristan Corradini; Karina Leguizamón, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Justicia de CABA, Jorge Djivaris, la decana de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Livia Uriol, José Console, del Colegio Público de Abogados, además de otros representante de tribunales y juzgados de distintos distritos del país.

“Los padres e hijos enlutados de la Democracia no fuimos ni somos objeto de publicaciones académicas ni de indemnizaciones, ni contamos con el foco de la atención internacional bajo el manto de una sola faz de los Derechos Humanos. Sin homenajes, los muertos de la democracia fueron invisibilizados”, dijo Diana Cohen Agrest en su discurso.

“Hoy vivimos un tiempo en que todos quieren ser víctimas -señaló-. Y respondiendo a un enrarecido clima de época, se continúan privilegiando unas víctimas en desmedro de las otras”.

También cuestionó que persista “la idea de que quien delinque es también una víctima” y apuntó a la necesidad de “trazar una línea que distinga a quien, siendo víctima de condiciones estructurales, ha delinquido y, por tanto, es culpable, de la víctima inocente”, porque, “al ignorar esta distinción, un discurso naturalizado convierte al delincuente en víctima y a la víctima en victimario.

“Debemos aspirar a una transformación cultural profunda”, dijo Cohen Agrest, antes de dejar un mensaje a las autoridades: “Como ciudadanos, les pedimos a nuestros legisladores, jueces, fiscales y defensores que reconcilien la ley con el valor esencial de la Justicia”.

“En esta tarea, el gran desafío será exigir que quienes nos representan en todos los poderes del Estado encarnen los valores de la ciudadanía y los traduzcan en bienes y prácticas sociales valiosas. Hacer de la Argentina un país honorable, devolviéndole su dimensión ética”, concluyó.

Desde el primer encuentro de Usina, en noviembre de 2014, hasta el presente, la asociación ha acumulado logros admirables y ha conquistado un protagonismo destacado en la vida pública nacional que incluso se ha proyectado a nivel continental al ingresar Usina de Justicia a la OEA, en 2019, en calidad de organización civil registrada ante el organismo.

Entre los principales hitos de esta década se destaca además la sanción, en junio de 2017 de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, por la que Usina de Justicia abogó junto a otras asociaciones del sector. También participó en la comisión de reforma del Código Penal y de la ley de ejecución penal, en más de 10 amicus curiae y en el observatorio de víctimas de la Ciudad de Buenos Aires. También incidió en la medida de prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles.

Por otra parte, en lo que es la misión esencial de este grupo de víctimas que han sabido transformar su dolor en lucha, en estos años, Usina de Justicia ha acompañado a más de 500 familias afectadas por la violencia criminal a las que ha asesorado acerca de sus derechos.

[FOTOS: Diego Nápoli]