El único argentino condenado a muerte en Estados Unidos: sus 29 años esperando el final y la lucha de su madre por anular la pena

La noche del 25 de noviembre de 1995, el cordobés Víctor Saldaño y su amigo mexicano Jorge Chávez, interceptaron a Paul Ray King —un vendedor de computadoras de 46 años— en el estacionamiento de un supermercado en un suburbio de Dallas (Texas), le dispararon y lo mataron. Después del asesinato, Saldaño fue arrestado con el arma homicida y algunas de las pertenencias de la víctima. Desde aquel día, hace ya casi 30 años, el hombre se convirtió en el primer y único argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Desde aquel día, su madre destina su vida a un único propósito: evitar la ejecución de su hijo.

“Hace cinco años que no lo veo. La última vez fue en 2019, antes de la pandemia. Después, por distintas cuestiones —entre ellas la imposibilidad de viajar— estuvimos mucho tiempo incomunicados. Hace poco recibimos una carta suya, pero todavía no la he leído porque la envió a la casa de una de mis hijas. Ella, que sí la leyó, dice que se nota que no está bien mentalmente”, cuenta Lidia Guerrero a Infobae.

Lidia tiene 76 años y es una mujer de fe. A lo largo de la conversación mencionará a Dios y al Papa Francisco, quien la recibió en junio de 2016 e intervino varias veces para lograr que Texas, el estado más rígido y con más ejecuciones capitales en Estados Unidos, cambie la condena por la prisión perpetua. “Siento que he hecho todo lo que he podido. Y voy a seguir haciéndolo, por supuesto, pero ya estoy más limitada por la edad. Lo que deseo tendría que haber ocurrido hace mucho tiempo: que Estados Unidos reconozca el error de dictaminar la pena de muerte”, lamenta.

A la charla se suma Juan Carlos Vega, el abogado que encabeza el caso desde 1998 y que representa la defensa de Saldaño ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Este lunes, Vega realizó una presentación oficial al nuevo canciller de la República Argentina, Gerardo Werthein.

En el escrito, al que accedió este medio, describe la situación de su patrocinado y solicita apoyo al funcionario. “Víctor Saldaño, con 29 años en el ‘corredor de la muerte’, lleva al menos 10 intentos de suicidio. Hasta ahora solo el Papa Francisco apoya en nuestra lucha contra el racismo y la pena de muerte. Este caso va más allá de ideologías, políticas o religiones. Aquí está en juego el racismo en su mayor estado de gravedad: el Judicial. Con el Caso Saldaño, la República Argentina puede recuperar el prestigio perdido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dice el documento.

Madre de cuatro y abuela de siete, Lidia Guerrero vive en el barrio General Belgrano de la provincia de Córdoba, donde trabajó varios años como empleada en el Ministerio de Obras Públicas, para luego dedicarse a vender ropa en un negocio propio. En eso estaba cuando recibió la noticia de que su hijo había sido detenido en los Estados Unidos. “Nos mandó una carta avisándonos que estaba preso, pero inventó que era por una causa de narcotráfico. Dijo que la policía había cercado con un helicóptero a su banda, que hubo un tiroteo, y no contó nada de lo que en verdad pasó. De todas maneras, que nos dijera que estaba en una cárcel, fue terrible”, recuerda la mujer.

Para ese momento, Víctor llevaba casi siete años fuera de su casa. “Quería viajar por el mundo”, asegura su madre. “A los 17 se fue a Florianópolis a conocer al padre porque nosotros nos separamos cuando él tenía dos años. Ahí estuvo unos meses y se hizo amigo de unos artesanos con los que se instaló en Campo Grande, en medio del Mato Grosso. Después se fue a las Guayanas Francesas, estuvo en Venezuela, Colombia, México, y finalmente, llegó a Estados Unidos. Yo no estaba de acuerdo con esa vida. Cuando era menor, fui dos veces a la Policía Federal para que lo buscaran y lo trajeran. Mientras tanto, él se contactaba por carta. Decía que estaba bien, pero nunca había un remitente al que pudiéramos contestarle”, repasa.

Lidia recuerda a su hijo como un chico “introvertido” y “temeroso”. “Estudió en la Escuela de Mecánica de la Armada. Aunque abandonó un año antes, nunca se llevó ninguna materia. También tuvo educación religiosa: ha hecho hasta la confirmación”, dice.

Desde que Saldaño quedó detenido, su madre viajó a visitarlo decenas de veces. Incluso, presenció los dos juicios a los que se sometió en julio 1996 y en septiembre de 2004, respectivamente. En el primer proceso, el argentino fue condenado a muerte, pero esa sentencia luego fue anulada por estar viciada de racismo. Chávez, el cómplice, recibió la pena de prisión perpetua.

En una de las audiencias, dice Lidia, se presentó ante la familia de la víctima y pidió perdón en nombre de Víctor. “Yo estaba como un pollito mojado. Tenía mucha vergüenza de lo que había hecho mi hijo. Lo peor fue que el hijo de la víctima estaba sentado adelante mío. Recuerdo que a mí se me cayó un cristal de mis lentes y este muchacho me ayudó a buscarlo con una amabilidad... Yo después, acompañada por el traductor, me acerqué a ellos y les pedí disculpas”, recuerda.

Ocho años más tarde, en un segundo juicio, se repitió el fallo. En noviembre de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la última instancia de apelación al argentino. No aceptó tomar su caso en revisión. Desde ese momento, Saldaño espera en la prisión de máxima seguridad “Allan B. Polunsky”, en West Livingston, que las autoridades de Texas decidan ejecutar la sentencia por medio de una inyección letal. El cordobés lleva preso casi 29 de sus 53 años de vida, la mayoría de ellos, en el “corredor de la muerte”.

“Durante años, no pude preguntarle a mi hijo por qué había hecho eso. Era un dolor tan grande que, cuando iba a verlo (porque al principio no podía ir todos los años), era más lo que lloraba. Al final, un día le pregunté y me dijo —porque él nunca negó el hecho y nunca dijo que era inocente— que la intención era robar un auto para irse a un lugar. Estaban drogados y alcoholizados. Víctor no tenía la intención de matar a nadie”, asegura Lidia a Infobae.

La última vez que abrazó a su hijo fue después del primer juicio: hace 28 años. “Dejaron que me despida y nunca más pude tocarlo. El resto de las veces siempre hablamos a través de un vidrio blindado mirándonos a los ojos. A lo sumo, me habilitaban a comprarle alguna gaseosa o sándwich, para que luego se lo entregue la policía”, cuenta Lidia.

Y sigue: “Hace un tiempo le pregunté al doctor Vega: ¿Por qué no lo ejecutan a Víctor si ellos le han dado la pena de muerte? ‘Porque sería un escándalo mundial’, me dijo. Yo lo único que sé es que si a mi hijo lo fueran a ejecutar no iría a presenciarlo”.

—Víctor tuvo varios intentos de quitarse la vida, ¿qué te genera eso?

—Sí, lo intentó cientos de veces. También agotó los pedidos oficiales de ejecución. Imaginate, su sueño era viajar por el mundo y está encerrado donde no ve la luz del sol. Es comprensible que quiera quitarse la vida. Además, yo he sido testigo de cómo lo torturan psicológicamente. Un día, mientras lo visitaba, veo que se pone de pie. “¿Qué te pasa? ¿Estás cansado de estar sentado?”, le pregunté. “No”, me dijo. “Me paro porque están diciendo por el altavoz: ‘Los muertos vivos pónganse de pie, porque estamos por ejecutar a Juan Pérez’”. Eso no me lo contó nadie, estuve ahí.

—Se dijo que tenía cáncer de próstata, ¿eso es cierto?

—No. Fue un estudio que le hicieron, justamente a modo preventivo, y él creyó que estaba enfermo. Pero quedó descartado.

—Después de la presentación que hizo el doctor Vega esta semana, ¿pensás que el Gobierno actual puede llegar a tomar cartas en el asunto?

—No sé. Yo confío en otro gobierno. El gobierno de Dios. Y, hasta ahora, ha ocurrido el milagro de que todavía no lo hayan ejecutado. No sé cómo va a reaccionar este gobierno, pero a lo largo de estos casi treinta años yo me he llevado sorpresas... cuando recién ocurrió el caso, el cónsul argentino, que había allá en Texas, hizo tanto por Víctor... Tanto, tanto. Me han pagado hasta un viaje a Estados Unidos para convencerlo de que no se mate. A los años ocurrió de nuevo. Todavía está vivo.

En un escrito de tres páginas, este lunes 11 de noviembre, el abogado Juan Carlos Vega se dirigió al nuevo canciller de la República Argentina, Gerardo Werthein, para solicitar apoyo. “Estamos ante un caso de racismo judicial. El vicio inicial que generó la primera condena de muerte nunca pudo ser corregido ni saneado por el Sistema Judicial Americano. Ni por el Sistema Judicial de Texas ni por el Sistema Judicial Federal. Lo que buscamos es que Estados Unidos cumpla con los mandatos que le ha impuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que Estados Unidos integra, para que saquen a Víctor Saldaño del ‘corredor de la muerte’ y lo trasladen a una institución psiquiátrica, que es el único lugar donde puede estar”, explica el letrado.

En paralelo, dice Vega, buscan un resarcimiento económico: “Apuntamos a que Estados Unidos le pague a las víctimas, Víctor Hugo y su familia, por los daños causados con base en el racismo judicial. Todos los precedentes coinciden que con cuatro años en el ‘corredor de la muerte’ el aparato psicológico de una persona se degrada de manera irreversible. Saldaño lleva casi tres décadas en ese lugar. No existe como ser humano”.