Durante la mañana de este jueves, a partir de las 11, se conocerá la sentencia parcial contra el productor ganadero Ricardo La Regina, imputado por daño ambiental agravado y crueldad animal en perjuicio de una colonia de pingüinos de Magallanes. La jornada se desarrollará en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Se trata del primer juicio oral y público en Argentina por este tipo de delitos.
El tribunal está conformado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri. La querella incluye a Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. La causa contó con más de 50 testigos, incluyendo expertos internacionales. El caso generó atención internacional. “Juicio histórico en Argentina por una matanza de pingüinos en las costas patagónicas”, reprodujo el diario El País, de España.
La acusación precisa que entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, habría provocado la destrucción de 175 nidos de pingüinos al abrir un camino con un tractor, lo que causó la muerte de ejemplares en etapa de reproducción. También se le acusa de instalar un cerco electrificado sin autorización, que electrocutó a adultos de la especie. La fiscalía y la querella, basadas en un informe de consultoría, sostienen que estos hechos constituyen delitos, según la Ley Sarmiento, de maltrato animal y daño ambiental agravado.
En caso de comprobarse todos los hechos, La Regina podría enfrentar hasta 4 años de prisión efectiva, según la pieza acusatoria de la fiscalía que presentó antes de la elevación a juicio. La escala por Daño Agravado prevé un mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años, mientras que en el caso de Malos tratos y Actos de crueldad a los animales está establecido entre 15 días a 1 año de cárcel.
Los hechos que involucran al productor ganadero ocurrieron en un terreno costero cercano a la reserva de Punta Tombo, conocido como Punta Clara, que forma parte de un área natural protegida de gran valor, reconocida por la UNESCO. La investigación reveló que La Regina abrió un camino con maquinaria pesada entre una colonia de pingüinos, justamente durante la temporada de nidificación y reproducción.
El camino, trazado paralelo al mar, tenía el objetivo de establecer límites de sucesión en el terreno, según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Esta zona es conocida por su alta densidad de reproducción de pingüinos de Magallanes.
El lunes pasado se expidieron sobre las convenciones probatorias, donde la fiscalía señaló que, en el primer allanamiento, se realizó un secuestro de pruebas como “un vallado metálico de 4.66 metros de color blanco y naranja y un trozo de cordón sintético y metálico del mismo color, de 3,42 metros”. Estos elementos generaban una división de la colonia del pingüino de Magallanes, “sumado al cordón que conectaba con el boyero eléctrico”.
A su vez, la fiscal, Florencia Gómez, -quien había hablado con Infobae sobre el caso- había acreditado la compra de una retroexcavadora y un camión para, según declaraciones del acusado, “poner en valor el campo, con la intención de poner el mismo a producir”. Mientras que La Regina había expresado nuevamente su intención de donar parte de sus terrenos para “conseguir que se use la tierra de forma correcta y llegar a proteger a los pingüinos”. Y le permitan desarrollar su actividad en paz.
En la primera jornada, la defensa de La Regina, encabezada por Federico Ruffa, había propuesto evitar el proceso a través de la suspensión de juicio a prueba y ofreció la donación de 500 hectáreas de terreno al Estado. Pero desde la fiscalía y los querellantes rechazaron la propuesta por considerarla tardía y puntualizaron que el juicio debía realizarse.
En los alegatos, la fiscal pidió la condena del acusado: “Acá se hizo desaparecer, se inutilizó y se destruyó el hábitat del pingüino de Magallanes, se desmontó 2049 metros cuadrados”. También señaló que hay zonas que fueron “totalmente decapitadas y compactadas”, que se arrastraron “huevos, pichones y pingüinos que se encontraban dentro de sus nidos empollando” y que dichos espacios quedaron “irrecuperables”, en lo que conlleva la existencia de “un desprecio total sobre la biodiversidad”.
También argumentó: “Todo lo que dañó el imputado no le correspondía, no era de su propiedad. Toda propiedad privada tiene límites morales y legales. Acá nunca se debatió el derecho a la propiedad, el eje fue que la flora y la fauna no le pertenecen al imputado, le pertenecen al Estado y a la sociedad entera”. Y señaló que La Regina conocía el ciclo reproductivo de las especies, ya que vivió allí. Y que inclusive, según declaraciones del acusado, “participó en trabajos con distintos biólogos en el lugar”.
La defensa del acusado precisó: “No hay un pingüino muerto, no hay un pingüino lastimado, no hay un huevo roto. Nadie los vio, nadie los informó y ningún testigo de la fiscalía se animó a decir nada. Ninguna de las acusaciones se animaron a preguntarle a un testigo si habían visto un pingüino muerto, lastimado, electrocutado, dañado o alguna de las diferentes cosas que se hicieron correr en las acusaciones y medios públicos”.
Por último, Ruffa indicó que ninguno de los participantes de la investigación “agarró una pala”, con el objetivo de buscar algún vestigio de algún pingüino dañado. Y determinó que el proceso se basa en una investigación realizada por el experto Pablo García Borboroglu, y que concluyó en una “fake news y una posverdad”.
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