Masacre de pingüinos en Punta Tombo: la fiscalía pidió la condena del productor acusado

En el marco del juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tumbo, Chubut, esta mañana se presentaron los alegatos contra Ricardo La Regina, productor ganadero imputado por daño ambiental agravado y crueldad animal en perjuicio de una colonia de pingüinos de Magallanes. La jornada se llevó a cabo en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en el primer juicio oral y público en Argentina por este tipo de delitos.

Según el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut, la actividad del día comenzaría a las 8.30 “con la incorporación de prueba documental”, para “dar paso a los alegatos de parte: 40 minutos acusadores y una hora para el defensor”. Sin embargo, al inicio se tomó la determinación de ir a un cuarto intermedio por incorporación de pruebas.

A las 9.40, se expidieron sobre las convenciones probatorias, donde la fiscalía señaló que, en el primer allanamiento, se realizó un secuestro de pruebas como “un vallado metálico de 4.66 metros de color blanco y naranja y un trozo de cordón sintético y metálico del mismo color, de 3,42 metros”. Estos elementos generaban una división de la colonia del pingüino de Magallanes, “sumado al cordón que conectaba con el boyero eléctrico”.

Además, la fiscal, Florencia Gómez, dijo que se acreditó la compra de una retroexcavadora por parte de La Regina. Y sumó, con base en las declaraciones del acusado: “También se realizó la compra de un camión y una máquina, a los cuales son determinados para uso exclusivo para poner en valor el campo, con la intención de poner el mismo a producir, ya que el campo heredado no posee ni casco ni camino ni tajamares, cuyos trabajos se están realizando yendo permanentemente con mi padre al mismo”.

Por su parte, La Regina declaró: “Mi intención es, más allá de este caso, conseguir que se use la tierra de forma correcta y llegar a proteger a los pingüinos y que me permitan trabajar en mi actividad tranquilamente. Mi objetivo, más allá de lo que surja de esto, es eso”. En la primera jornada, la defensa de La Regina, encabezada por Federico Ruffa, había propuesto evitar el proceso a través de la suspensión de juicio a prueba y ofreció la donación de 500 hectáreas de terreno al Estado. Pero desde la fiscalía y los querellantes rechazaron la propuesta por considerarla tardía y puntualizaron que el juicio debía realizarse.

Luego de un nuevo cuarto intermedio, la fiscal abrió la etapa de alegatos y confirmó que pedirán la condena de La Regina, ya que consideran que se acreditaron “la materialidad de los hechos como la autoría de los mismos”.

“Acá se hizo desaparecer, se inutilizó y se destruyó el hábitat del pingüino de Magalles, se desmontó, 2049 metros cuadrados”, acusó Gómez. Y señaló que hay zonas que fueron “totalmente decapitadas y compactadas”, que se arrastró “huevos, pichones y pingüinos que se encontraban dentro de sus nidos empollando”; y que finalmente dichos espacios son “irrecuperables”, en lo que conlleva a que hubo “un desprecio total sobre la biodiversidad”.

También argumentó: “Todo lo que dañó el imputado no le correspondía, no era de su propiedad. Toda propiedad privada tiene límites morales y legales. Acá nunca se debatió el derecho a la propiedad, el eje fue que la flora y la fauna no le pertenecen al imputado, le pertenecen al Estado y a la sociedad entera”. Y señaló que La Regina conocía el ciclo reproductivo de las especies, ya que vivió allí. Y que inclusive, según declaraciones del acusado, “participó en trabajos con distintos biólogos en el lugar”.

Por parte del productor ganadero, Ruffa indicó: “No hay un pingüino muerto, no hay un pingüino lastimado, no hay un huevo roto. Nadie los vio, nadie los informó y ningún testigo de la fiscalía se animó a decir nada. Ninguna de las acusaciones se animaron a preguntarle a un testigo si habían visto un pingüino muerto, lastimado, electrocutado, dañado o alguna de las diferentes cosas que se hicieron correr en las acusaciones y medios públicos”.

En ese sentido, recordó que varios expertos en todo el país participaron de la investigación, pero que fueron “a buscar drones” y que “nadie agarró una pala”, con el objetivo de buscar algún vestigio de algún pingüino dañado. Y criticó: “Esto porque no les convenía para la tesis que venían planeando”.

“Estamos en presencia de una clara maniobra de intentar expandir un tipo penal hacia no sabemos donde porque se han topado con la realidad porque no solo no hay pingüinos muertos, sino que no hay nada dañado”, añadió. También manifestó que la investigación se basa en una investigación, realizada por el experto Pablo Garcia Borboroglu, al que acusó de invadir propiedad privada. Y que concluyó en una “fake news y una posverdad”.