Activistas trans presentaron un amparo para exigir una garantía de seguridad social para mayores de 50 años de su comunidad

• Trece personas trans y travestis, junto con el CELS y el Archivo de la Memoria Trans, presentaron un amparo en Argentina para exigir prestaciones de seguridad social.
  
• La demanda busca una prestación básica universal para mayores de 50 años, debido a décadas de exclusión y violencia institucional.
  
• Activistas como Lucía de la Vega y Quimey Ramos recalcaron la relevancia de esta acción para la memoria y justicia de la comunidad trans.
  

Lo esencial: en una demanda histórica, un grupo de personas trans y travestis en Argentina exige al Estado una prestación básica de seguridad social que compense la violencia institucional que sufrieron durante décadas, la cual les impidió cumplir con requisitos formales de jubilación. Representados por activistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Archivo de la Memoria Trans, el amparo demanda una reparación que permita a estas personas enfrentar la vejez con dignidad.

En un acto sin precedentes en Argentina, trece personas trans y travestis, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Archivo de la Memoria Trans, presentaron una demanda histórica para exigir la garantía de seguridad social para integrantes de su comunidad mayores de 50 años. Esta acción de amparo fue presentada en el CELS por María Belén Correa, Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia), Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chavez, Paula Ezkerra Rodríguez (T.A.E. Trans Argentinas Exiliadas), Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco), Ivana Tintilay (Puta Orgullosa), Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas (Históricas Argentinas Sobrevivientes), Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo.

El objetivo de la presentación, explicaron las referentes, es asegurar una prestación básica universal que reconozca la violencia institucional a la que fueron sometidas estas personas durante décadas, lo que les impidió, en muchos casos, cumplir con los requisitos formales para acceder a una jubilación.

La presentación de esta acción de amparo fue respaldada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Archivo de la Memoria Trans, quienes sostienen en el comunicado que el caso representa una deuda histórica de la democracia argentina con el colectivo trans y travesti. Según Lucía de la Vega, abogada del CELS, la acción busca ser “una medida transformadora que la sociedad y la democracia argentina les debe”, y representa una estrategia de defensa innovadora en favor de los derechos humanos. Para el CELS, este amparo va más allá de una reivindicación de derechos individuales, y señala una responsabilidad estatal que el país ha postergado durante décadas. En palabras de De la Vega: “Esta es una acción legal ofensiva, que tiene como novedoso el pedido de que el Estado garantice la seguridad social a mujeres trans mayores de 50 años”. Según ella, este tipo de violencia institucional sistemática requiere un acto de reparación integral para “permitirles enfrentar su vejez con dignidad, en reconocimiento a los daños sufridos por décadas”.

Quimey Ramos, integrante de la Agenda Transversal Feminista del CELS, agregó durante la conferencia de prensa que la presentación de este amparo refleja el compromiso del colectivo trans con la verdad y la memoria de sus historias de vida, que por años fueron invisibilizadas: “Llevamos el orgullo de ser trans, de ser trabajadoras de una organización de derechos humanos y de que estemos presentando esta acción a sala llena”. Según el comunicado, la acción se apoya en el principio de justicia y reparación para un colectivo que, históricamente, “fue perseguido y criminalizado por sus atributos personales” y que busca, finalmente, ver reconocido su derecho a una vejez digna.

Desde mediados del siglo XX, las personas travestis y trans en Argentina han sido perseguidas y criminalizadas de manera sistemática. Según el comunicado del CELS y el Archivo de la Memoria Trans, esta violencia institucional, que incluyó detenciones ilegales, torturas y tratos degradantes, afectó principalmente a adolescentes y jóvenes adultas. “En un año algunas tuvieron más de 40 detenciones, que son más de dos veces por mes. En los calabozos se encontraron entre ellas y muchas supieron por primera vez que no eran la única”, explica Quimey Ramos, de la Agenda Transversal Feminista del CELS, quien participó en la redacción de los hechos que vivieron las sobrevivientes. Esta persecución se produjo bajo el amparo de edictos y códigos contravencionales, “que permitieron a la policía detener y condenar a personas por períodos cortos a prisión sin mediar un proceso judicial”, facilitando, según el comunicado, un “ecosistema represivo” en el que “se las criminalizó por sus atributos personales y no por sus prácticas”.

A este contexto represivo se suma el uso de artículos legales que específicamente penalizaban a las personas trans y travestis por su forma de vestir y comportarse. “Se aplicaron edictos policiales que criminalizaban el simple hecho de ‘exhibirse con ropa del sexo contrario’”, señala el comunicado. En varias provincias, disposiciones como el artículo 92 del Código de Faltas de Buenos Aires penaban con multas a quienes se vestían o actuaban según el “sexo contrario”, lo que consolidó un régimen de hostigamiento y control hacia el colectivo hasta la derogación de dichas normas en 2012.

El comunicado del CELS y el Archivo de la Memoria Trans enfatiza el impacto devastador de la violencia institucional en la vida de las personas travestis y trans. “Durante décadas vieron cómo esas vulneraciones repercutieron en otros derechos: no tener las posibilidades para el libre desarrollo personal, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la educación y a una vida digna”, detalla el comunicado. Ivana Bordei, una de las peticionarias (cuyo legajo policial fue copiado y sirvió de escenografía a la presentación), relató que el proceso de recuperación de su expediente policial en 2018 fue un recordatorio de su historia de detenciones y abusos: “Tenía en memoria todas las comisarías por las que pasé detenida y todo lo que me había pasado”. Según el comunicado, este tipo de experiencias colectivas prueban cómo las afectadas “vieron su condición de sujetas de derecho suspendida, a veces parcial y a veces completamente”.

Por su parte, Belén Correa, activista y miembro del Archivo de la Memoria Trans, explicó que el acceso a la seguridad social permitiría, al menos en parte, resarcir el daño causado a tantas mujeres que vivieron en condiciones de extrema precariedad: “Nuestros cuerpos y nuestras mentes marcadas a sangre y fuego... estamos aquí representando aquello que ha pasado al olvido y no ha podido ser discutido dentro de la comunidad LGBTIQ+ con nuestra propia voz y en primera persona”. El comunicado recalca que la violencia institucional sufrida fue “el pilar fundamental de esta acción de amparo y la medida cautelar correspondiente” y resalta la importancia de este acto de reparación para las peticionarias.

La acción de amparo también busca el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en garantizar una reparación integral a las personas travestis y trans, en tanto que ellas fueron impedidas de acceder a una vida plena debido a la discriminación estructural. Según el comunicado, el pedido incluye “extender los alcances de la Ley 24.241 de ‘Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones’” para crear una prestación universal que permita una jubilación justa, en condiciones adaptadas a las realidades de quienes fueron empujadas a la marginalidad por el Estado. Para Lucía de la Vega, esta medida busca “un carácter de reparación integral” que reconozca la “deuda pendiente” de la sociedad y el Estado con el colectivo.

Lara María Bertolini, otra de las peticionarias y activista de Diversidad y Justicia, subrayó la urgencia de este reconocimiento estatal: “Las 13 sobrevivientes aquí presentes y aquellas que se encuentran exiliadas en diferentes lugares del mundo... estamos aquí para que nuestros propios archivos hablen, para que nuestras propias existencias hablen y para que nuestra venganza sea que estamos tratando de llegar a viejas y que lo hagamos con dignidad”. El comunicado subraya que este es un momento crucial para que el Estado argentino “reconozca el daño y actúe en consecuencia”.

El comunicado también contextualiza el cambio legislativo que representó la Ley de Identidad de Género de 2012, destacando que esta ley marcó “el fin de la persecución a las personas trans y travestis” mediante la derogación de normas y edictos que criminalizaban su identidad. Antes de esta ley, el artículo 92 del Código de Faltas de Buenos Aires penalizaba a quienes “en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario”, entre otros edictos aplicados en distintas provincias. Según Belén Correa, “la historia de nuestra persecución y resistencia es el pilar fundamental de esta acción de amparo”. Sin embargo, añade que la lucha no termina con esta ley: “Queremos enseñar lo que es el reclamo de la dignidad, estableciendo que la identidad es el principio de la dignidad humana”.