Usina de Justicia celebra sus diez años de existencia con un encuentro en el Salón Dorado del Teatro Colón el próximo 12 de noviembre. El orador principal del acto será el jurista Pierre-Marie Sève, director del Institut Pour La Justice, una asociación par de Usina. Sève disertará sobre las propuestas presentadas por su ONG a la Asamblea Nacional de Francia bajo la forma de un Libro Blanco: “24 Medidas para revolucionar la Justicia Penal”.
Asistirán magistrados, autoridades nacionales, provinciales y municipales, académicos y líderes de opinión.
Era el mes de noviembre de 2014 cuando un grupo de destacadas figuras de la sociedad civil, motivadas por la necesidad de defender la vida ante el flagelo de la criminalidad, se reunieron en un desayuno de trabajo en una librería del barrio de Palermo para debatir acerca de cómo enfrentar la desidia estatal en la materia y desarmar un relato que deslegitimaba la acción penal y desamparaba al ciudadano.
El divorcio entre la dirigencia y la sociedad, la degradación del poder judicial, la perversión del concepto de culpa, la confusión de autoridad con autoritarismo, la anomia generalizada que estaba destruyendo la convivencia: esos fueron algunos de los elementos que configuraron un primer diagnóstico. Y el qué hacer: la necesidad de reinstitucionalizar el país, librar la batalla cultural contra un “ideario invertido de víctima y victimario” y el “garanto-abolicionismo” en materia penal, respaldar a las víctimas que el Estado dejaba por completo desamparadas, interpelar a los funcionarios y a los candidatos y, finalmente, darle continuidad a esas reuniones.
Así nacía Usina de Justicia, por iniciativa de la filósofa Diana Cohen Agrest, que convocó a ese primer encuentro tanto a familiares de víctimas de la delincuencia criminal como a juristas, abogados, psicólogos y psiquiatras, entre otros.
Infobae fue el único medio presente en aquella reunión que marcó el inicio de una asociación que venía a llenar un vacío: el de la protección y los derechos de las víctimas directas e indirectas de la inseguridad, a las que Usina se propuso darles protagonismo.
En palabras de Diana Cohen Agrest: “Visibilizar a las víctimas y brindarles herramientas jurídicas, sociales y económicas reparadoras, que desalienten la impunidad”.
El contexto era el de un proceso de degradación de la Justicia por un sistema que se concentra primero en aliviar la pena cuando no en exonerar al delincuente, violador u homicida. Era el mecanismo perverso que Usina se proponía desmontar.
La asociación se planteó tres ejes de trabajo: acompañar a los familiares de víctimas de homicidio, brindándoles apoyo emocional y asesoramiento legal; promover los derechos y alentar la participación de las víctimas en el proceso penal y en la ejecución de las penas, en paridad de condiciones con las del imputado y el agente fiscal; e impulsar políticas públicas para mejorar la prevención de conductas delictivas graves.
Usina de Justicia se presentó oficialmente como un “foro ciudadano y apartidario por los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad”. “Somos un grupo de víctimas que han perdido un ser querido en situaciones violentas y profesionales de distintas especialidades que voluntariamente trabajan y apoyan nuestra labor”, dicen en su sitio web.
De aquel primer encuentro, el 27 de noviembre de 2014, a la actualidad, los logros de la asociación son admirables. La asociación no sólo tiene hoy un protagonismo destacado en la vida pública nacional sino que ha logrado incluso trascender nuestras fronteras.
Entre los principales hitos de esta década se destaca la sanción, en junio de 2017 de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, por la que Usina de Justicia abogó junto a otras asociaciones del sector. Gracias a esta norma, las víctimas pueden tener un rol más activo y ser oídas durante todo el proceso judicial.
Usina también participó en la comisión de reforma del Código Penal y de la ley de ejecución penal, y en más de 10 amicus curiae y en el observatorio de víctimas de la Ciudad de Buenos Aires. También incidió en la medida de prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles.
En estos años, Usina ha acompañado a más de 500 familias afectadas por la violencia criminal a las que ha asesorado acerca de sus derechos.
Otra faceta de su actividad es la formación, con la creación del único curso de Victimología Penal del país (“Las leyes de víctimas en el marco de la Victimología”, actualmente disponible en el campus virtual de la asociación) que es dictado a funcionarios y magistrados judiciales de toda Argentina. En el ciclo 2023, el curso tuvo más de 1000 participantes y a partir de 2024 el curso cuenta con la certificación oficial de la Procuración General de la Nación.
El 10 aniversario estará también marcado por la publicación de un primer libro, “Nuevos paradigmas para la justicia penal. Hacia una era con perspectiva de víctima” (Taeda 2024), una compilación de María Jimena Molina y Diana Cohen Agrest. La obra reúne diferentes artículos periodísticos e inéditos redactados por los profesionales que integran Usina de Justicia, y destinados no sólo a los profesionales del derecho sino también al conjunto de los ciudadanos que lidian con “una justicia lenta, burocratizada, anacrónica e ideologizada, que le presta una desmedida atención al delincuente, dejando de lado a quien padece el hecho delictivo”. Los trabajos apuntan a exponer las nefastas consecuencias de la doctrina del “garantismo” penal que Usina ha luchado por llamar por su verdadero nombre: “abolicionismo penal”.
En marzo de 2019, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaba por unanimidad la solicitud de la Asociación Civil Usina de Justicia para sumarse a las organizaciones civiles registradas en el organismo. “Pese a vivir en la región más violenta del globo, somos la primera organización de la sociedad civil con esta temática en ingresar a la OEA”, decía en aquel momento la directora de la asociación, Diana Cohen Agrest.
“Buscamos consagrar los derechos de las víctimas en todo el continente, luchamos por una región más segura y libre de violencia e impunidad”, decía Usina. Con esta finalidad, la asociación ha elaborado y presentado ante la OEA una Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos y batalla por su adopción por los estados miembros.
En palabras de la abogada Mariana Romano, representante de Usina ante la OEA, “la Convención busca consagrar una base de derechos para toda víctima de delito a fin de igualar su participación en un proceso penal y asegurar mecanismos estatales donde se le repare el mal sufrido”. Entre esas garantías, explica, está “el derecho a la participación activa y total en los procesos, a la información de forma gratuita, a ser oída, al lenguaje claro, a sentencias en tiempo razonable”, también de contar “con una defensa técnica pública y gratuita, además de recibir una debida reparación económica por el daño sufrido y asistencia por las secuelas psicológicas”.
En 2023, Donata Chesi, integrante de Usina, describía así la tarea cotidiana de sus miembros: “Cada mañana, sin descanso, y tragando la amargura que cada delito provoca, un grupo de personas, la mayoría víctimas que han logrado lamer sus heridas, luego de haber pasado el duelo casi siempre poco reparador, inician la búsqueda de datos, nombres, contactos para acercarse a las nuevas familias dolientes”. “Se sumergen en las redes sociales -detallaba-, contactan a los medios, llaman a las comisarias, y casi siempre, como sacando de una galera que sólo contiene lágrimas y dolor, consiguen algo: un primer hilo conductor que los acerca a las familias de los muertos. Esta rutina, con resultados inimaginables ha hecho que esta organización sea pionera en el doloroso ejercicio de acompañar” a las víctimas en los primeros momentos. “Una vez superado ese impresionante primer impacto, otro grupo de abnegados ‘Usineros”, habitualmente abogados, ofrecen su asistencia para orientar a los dolientes, explican con palabras claras lo que seguirá en el camino de la larguísima espera por justicia”.
Usina de Justicia se fundó como asociación civil en 2014 pero comenzó a gestarse tres años antes, cuando el hijo de la filósofa Diana Cohen Agrest fue asesinado por un delincuente que se encontraba en libertad condicional. Ezequiel Agrest tenía 26 años cuando fue ultimado, el 8 de julio de 2011, en una entradera. Tras vivir la experiencia del juicio y medir la soledad en que se encuentran los familiares de las víctimas, Cohen Agrest fundó Usina de Justicia para ayudar a las personas que atraviesan esa situación a obtener “una justicia justa”.
Gracias a un trabajo constante y calificado y a una incansable lucha conta la impunidad, Usina ha logrado convertirse en un referente nacional en materia de defensa de las víctimas del delito, cuya expertise ha trascendido incluso nuestras fronteras.
Además de llenar un vacío en materia de asistencia a las víctimas, la asociación ha contribuido a enriquecer el debate público sobre la problemática de la seguridad. Diez años que son todo un hito pero, para los objetivos que se ha fijado, Usina todavía tiene un arduo camino por delante. La asociación no recibe subsidio estatal, por lo que la sociedad civil debería sentirse interpelada por el compromiso de este puñado de ciudadanos que se ha puesto al hombro una altruista tarea que necesita -y merece- el respaldo de todos los argentinos de bien.