Arriesgándose a un dolor lumbar de esos que obligan a cuidar los próximos movimientos para no ver las estrellas, Luciana Veneranda se agacha con una tiza blanca y escribe en el asfalto de la calle Santiago del Estero al 1000 lo que hubiera escrito en el pizarrón de un aula de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que funciona en esa cuadra. Una bandera y una cinta plástica colocada por la Policía de la Ciudad la separan de autos y colectivos que circulan. La bandera dice “Facultad tomada” y es el botón de muestra del estado de alerta y conflicto que atraviesan las universidades nacionales luego de que la Cámara de Diputados confirmara el veto presidencial a la Ley de Financiamiento que hubiera acercado el salario de docentes y no docentes al salto inflacionario de diciembre de 2023 y enero de 2024.
Veneranda, trabajadora social y docente universitaria desde hace 34 años, explica a sus estudiantes cómo resolver algunos ejercicios de Metodología de la Investigación. Explica y les dice: “Es importante que entiendan bien cómo establecer las variables en una investigación porque de eso puede depender, por ejemplo, nada menos que una política pública”. En ronda sobre pupitres que sacaron del edificio a la calle, sus estudiantes escuchan, toman apuntes y le ponen garra a resistir los embates de los dos obstáculos principales de la jornada: el ruido que hacen el 60 y el 39 al doblar por Carlos Calvo y el sol del mediodía apuntando a sus cabezas.
A unos 50 metros y también en plena calle, Manuel Tufró les dice a sus alumnos, micrófono mediante, que “todo comunica”. Lo dice delante de otra bandera, todavía más grande que la de la esquina de Carlos Calvo, que insiste: “Facultad tomada”. Responde las preguntas de sus estudiantes y les da ejemplos de “indicios metacomunicacionales”. Este martes, a esta hora y sobre Santiago del Estero al 1000 se aprende Teoría de la Comunicación II, Sociología de la Educación, Derecho a la Comunicación y Metodología de la Comunicación.
El paisaje que habitualmente puebla las aulas -los cuadernos tamaño universitario, las dudas repentinas, los rodetes consolidados por una birome y las rondas de mate- ahora es callejero, como ocurre en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales.
Es que las circunstancias son extraordinarias: en abril, después de que las universidades denunciaran el congelamiento del presupuesto, se produjo la primera marcha masiva a nivel nacional para exigir su recomposición. Después de un incremento presupuestario restringido a los gastos de funcionamiento -que representa el 9% del total del presupuesto universitario- y del recrudecimiento del conflicto entre el Gobierno y las universidades, se produjo la segunda gran marcha universitaria. Ahora mismo esa comunidad reclama la recomposición salarial para docentes y no docentes, y un presupuesto 2025 que garantice su funcionamiento.
“¿Cómo podemos mostrar lo que hacemos si no es sacándolo a la calle?”, dice Veneranda, conmovida y después de la clase en la que arriesgó la cintura. Fue docente en la Universidad Nacional de Córdoba y llegó a Sociales de la UBA tras concursar su cargo. “Muchos piensan que un docente es docente en las dos horas que dura una clase. Pero un docente es docente en todos lados y todo el tiempo: cuando prepara la clase, cuando hace una capacitación para seguir formándose, cuando pasa horas corrigiendo, cuando investiga, cuando escribe un artículo y cuando ayuda a un alumno a entender un texto que no llega a comprender porque llegan con muchísimos problemas de comprensión. Hay una parte de la sociedad que entiende que el docente es todo eso y hay una parte que no, entonces dar clases en la calle sirve para visibilizar nuestra tarea”, reflexiona.
Esas dos partes de la sociedad de las que habla la docente, que tiene cuatro trabajos para completar un ingreso que le alcance, puede rastrearse en el tránsito de Carlos Calvo. Pasan autos que improvisan alguna melodía a bocinazos y agitan el brazo por la ventanilla en señal de apoyo. Pasa un taxista que grita “vayan a laburar, vagos”.
El patio que habitualmente es un espacio de distensión para la comunidad de Sociales es también un aula a cielo abierto en estos días de medidas votadas en asambleas de estudiantes y de docentes. Las mesas de las distintas agrupaciones políticas ofrecen desde apuntes para aquellos estudiantes que no pueden costearlos y reciben algún tipo de beca hasta termos y mates para prestar, con yerba disponible y una alcancía cerca, “a voluntad”. “Muchas veces hay alumnos que lo único que pueden consumir en todo el día fuera de casa es mate del que ofrecemos acá, por eso también lo hacemos”, explican desde una de las mesas.
Oscar es uno de los beneficiarios de la beca para apuntes y del termo prestado. Tiene 57 años, vive en Bernal y organiza su cursada con un eje principal: tener que pagar la menos cantidad de viajes en colectivo que le sea posible.
“Empecé a estudiar en los 90. Dejé porque le metí al trabajo y retomé antes de la pandemia, pero tuve que dejar porque no tengo computadora y no podía hacer virtual. Así que volví cuando todo volvió a abrir”, le cuenta a Infobae.
Trabaja en un restorán mexicano cercano a su casa por 12.000 pesos diarios pero, por la caída de la demanda, tiene cada vez más francos. Cuando no va al restorán, va a la estación de Bernal y vende panes rellenos que él mismo hace en su casa.
“A mí la carrera me importa y ahora le estoy metiendo. Cuando puedo pagar el bondi, meto cuatro materias por cuatrimestre”, dice Oscar, y suma: “¿Cómo va a ganar por debajo de la línea de pobreza un profesor, que tiene la responsabilidad de formar el intelecto de una sociedad?”.
“Estoy de acuerdo con las marchas, aunque no voy por miedo, y estoy de acuerdo con todas las medidas que sirvan para mostrar en qué situación está la universidad, excepto con tomas o vigilias”, cuenta Martín Otero en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Allí estudia Abogacía y en Filosofía y Letras, el profesorado de Historia.
“Lo más poderoso que podemos hacer es mostrar a la sociedad en general y al Gobierno que estamos enfocados en los estudios. Por eso para mí están muy buenas las clases públicas. La universidad pública es la única manera de crecer para mucha gente en la Argentina“, asegura. Él y su hermana son los primeros de su familia en poder asistir a la universidad.
Cerca suyo, en esas escalinatas en las que habitualmente hay runners autoexigiéndose, este mediodía hay una comisión de Contratos Civiles y Comerciales cursando al aire libre, de cara a la avenida Figueroa Alcorta. Alguien pregunta si los contratos se heredan, otra alumna se adelanta y responde antes que las profesoras.
“Mi estado y el de muchos compañeros es el de preocupación máxima. Yo soy de Castelli, muy cerca de Dolores, y tengo acceso a una de las mejores universidades de habla hispana. Y de repente sentimos que eso está en peligro, porque el escenario presupuestario es muy preocupante. Hoy un docente promedio cobra algo muy por debajo de la función que cumple, para sus alumnos y para la sociedad”, cuenta Franco, de 22 años.
Estudia Abogacía, fue a las dos marchas universitarias, y si hay tercera también irá. Como Martín, también es el primer estudiante universitario de su familia. “Si la universidad no fuera gratuita, no tendría manera de cursar. Mis viejos hacen un esfuerzo muy grande, tengo su acompañamiento, y sé que hay muchos chicos que la tienen más difícil”, suma Franco, que al dinero que ponen sus padres suma su sueldo como empleado.
El Centro de Estudiantes de Derecho, liderado por el reformismo en un frente que comparten Franja Morada y Nuevo Encuentro, decidió mediante una mesa de conducción de la que también participaron otras organizaciones estudiantiles y gremiales hacer una vigilia este lunes, entre otras medidas como clases públicas, radio abierta y adherir a las actividades que organicen la FUBA y la FUBA. “La facultad no está tomada”, asegura a este medio Celeste Villalba, presidenta del Centro.
Sin embargo, algunas organizaciones de izquierda con representación estudiantil allí y estudiantes autoconvocados votaron este lunes llevar adelante una toma. “No somos el organismo competente pero como el Centro no organizó una asamblea ni discutió la posibilidad de tomar, la llevamos adelante nosotros”, describe Camila Ludueña, del Partido Obrero.
En las escalinatas, como sobre el asfalto de Santiago del Estero, hay clases. Clases que salieron de sus aulas para avisarles a quienes pasen por ahí que las cosas no están como siempre dentro de las facultades. Que el escenario está atravesado por la tensión con el Gobierno, por la pérdida del poder adquisitivo -de los trabajadores y también de los estudiantes-, y por la decisión de que todo eso no pase desapercibido ante los ojos de esa sociedad que algunas veces insulta desde un taxi y otras varias toca la bocina para dar aliento.