Marcha universitaria: rectores y docentes explican por qué un presupuesto insuficiente es una mala inversión para el país

En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la más antigua de la Argentina y una de las primeras de América, hay docentes jóvenes que empiezan a cambiar horas de enseñanza al frente de un aula por horas dedicadas a otros trabajos. Es porque, a cambio de diez horas semanales junto a los alumnos -y todas las horas invisibles que lleva preparar una clase, seguir formándose, corregir lo que haya que corregir- perciben entre 150.000 y 225.000 pesos mensuales, según el cargo que ostenten.

En esa misma institución, un profesor adjunto de dedicación exclusiva -es decir, sin posibilidad de complementar ese salario con otro- y veinte años de antigüedad cobra alrededor de 1.300.000 pesos. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), un docente de veinte años de antigüedad de un puesto intermedio en el escalafón docente y de dedicación simple -es decir, de diez horas semanales en el aula- puede cobrar entre 200.000 y 300.000 pesos.

En la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) hay docentes que enseñan pero ya no investigan porque la institución tuvo que recortarles las horas asignadas a esa actividad científica por falta de presupuesto. Sus salarios se deterioran por dos vías: la de la disminución de tareas y la del achicamiento del poder adquisitivo, consecuencia de una inflación que, aunque se desacelera, impacta mes a mes.

En el Hospital de Clínicas, el mayor centro de salud de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hay veinte quirófanos. Catorce están inutilizados: no alcanza el dinero para medicamentos quirúrgicos y material descartable. El hospital, que atiende a unas mil personas por día, funcionará en lo que queda del año a menos del 50% de su capacidad si las partidas presupuestarias se mantienen como hasta ahora.

Más que en otros momentos de su historia, el Clínicas ve cómo varios de los residentes que se presentan para formarse allí renuncian un tiempo después porque sus salarios oscilan entre los 983.000 y los 1.029.000 pesos, según si se trata alguien que transite el primer o el cuarto año de su residencia. No tienen margen para sumar otro ingreso: son puestos de dedicación exclusiva.

En todo el país, este miércoles la Marcha Federal Universitaria ocupará las calles para oponerse al veto a la Ley de Financiamiento Universitario que el presidente Javier Milei ya anunció que ejecutaría -y para lo cual tiene tiempo hasta este jueves. El epicentro nacional de la movilización será a las 17 en la Plaza de los Dos Congresos y la geografía no es casualidad: expresarse frente al Palacio Legislativo es una forma de instar a sus representantes a que rechacen el veto presidencial y a que peleen por las partidas que las 57 universidades nacionales de la Argentina piden de cara al Presupuesto 2025.

La de este miércoles no es una marcha más: es una especie de secuela de la Marcha Federal Universitaria que sacudió a la Argentina el 23 de abril y que es, hasta ahora y por la masividad que sorprendió hasta a los propios organizadores, la mayor manifestación en contra de las políticas del gobierno de Milei desde que asumió la Presidencia. De cara a esta nueva edición, que se llevará a cabo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, el foco central del reclamo es la recomposición salarial de los docentes del nivel superior -que son alrededor de 190.000 en total- y un presupuesto para el año que viene que garantice el funcionamiento habitual de las universidades.

“Al día de hoy, no se reparó el impacto del salto inflacionario de diciembre y enero en nuestros salarios. En la última reunión paritaria, (Carlos) Torrendell -el secretario de Educación- y (Alejandro) Álvarez -subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación- propusieron un 6,8% de recomposición respecto del último ajuste y, a la vez, reconocieron que existe el desfasaje originado en diciembre y enero, pero no dieron señales concretas sobre cómo se resolverá eso”, describe Federico Montero, secretario de organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). La acumulación inflacionaria de diciembre 2023 y enero 2024 fue del 51,3%.

“El presupuesto presentado por el Presidente ante el Congreso da cuenta de que perderemos aún más. Ese escenario en el futuro próximo y nuestra actualidad salarial nos han llevado a una situación crítica, y por eso es importante estar en esta marcha”, suma Montero. Según explica, Conadu representa al 42% de los docentes universitarios afiliados a alguna organización sindical. Justamente serán los docentes quienes, junto a los no docentes, los referentes del movimiento estudiantil y los rectores estarán al frente del escenario en la Plaza Congreso y desde allí leerán un único documento consensuado.

Rubén Soro es rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene 30 sedes en 13 provincias y que será parte de la marcha en varios puntos del país. “Lo que las universidades pedimos para funcionar en 2025 son 7,2 billones de pesos, y lo que está previsto según el presupuesto elevado por el Ejecutivo es 3,8 billones de pesos. Es un poquito más de la mitad de lo que solicitamos, que es simplemente lo que venimos usando, ajustado por inflación”, describe, y suma: “Estamos pidiendo recursos que llegarían al 1% del PBI, cuando en Sudamérica, en promedio, el presupuesto universitario alcanza el 1,5% del PBI de los países. Estamos viviendo una pesadilla y ajustar por esta vía impacta en los más necesitados”.

“El gobierno nacional denosta cada vez más a la universidad pública, que por otro lado es una de las instituciones más legitimadas por la sociedad. La marcha del 23 de abril fue muy masiva y muy conmovedora, la expectativa es alcanzar esa masividad. La sociedad tiene que entender que todo el sistema universitario está en riesgo, que la mayoría de los docentes y no docentes perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, y que la respuesta que otorgó la Nación tras la marcha de abril fue sobre los gastos de funcionamiento, es decir, sobre menos del 10% de la composición presupuestaria que tenemos”, explica Soro.

“Desfinanciar a las universidades, desproteger el salario de los docentes, tiene un costo altísimo en el mediano y largo plazo. Si esos docentes se dedican a otra cosa, si las universidades pierden capacidad no sólo de enseñar sino también de investigar, se pierde la capacidad de que la producción de conocimiento sea pública. En el horizonte, lo que se está discutiendo es el arancelamiento de la universidad, una cuestión relevante para este gobierno. Detrás de esa discusión hay algo todavía más importante, y es qué rol se le va a dar al Estado y a lo público en la capacidad de crear conocimiento”, describe el referente de Conadu.

Para el rector de la UTN “está clarísimo que el oficialismo quiere terminar con la universidad pública; para eso la previsión que tienen es provincializar la educación e ir camino al arancelamiento”. Soro explica: “Está bien el déficit cero, pero eso no se consigue con menos educación, sino con más. La educación crea conocimiento y eso contribuye directamente en la economía de un país”.

Jhon Boretto, rector de la UNC, explica que esa institución con alrededor de 140.000 estudiantes implementó fondos de emergencia para poder sostener el funcionamiento -aunque sea al mínimo de sus capacidades- de las investigaciones que venía desarrollando. “Tenemos fondos para el funcionamiento durante seis meses. Esperamos que en ese tiempo se regularicen los recursos que deben recibir el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ahora mismo ese dinero es para insumos, materiales y combustibles fundamentales para mantener nuestros laboratorios en funcionamiento”.

Ahora mismo, la universidad cordobesa lleva adelante investigaciones sobre medicina y odontología para resolver distintos escenarios de salud, y experimentaciones químicas y agropecuarias que apuntan a hacer más eficiente al sector productivo argentino.

“El conocimiento que se crea en las universidades tiene impacto directo en el propio desarrollo de la vida universitaria, en la que se renuevan las generaciones de docentes e investigadores, y también tiene impacto en el desarrollo de la economía de un país a través del sector privado. Si la universidad pierde todo lo que invirtió en la formación de su capital humano porque es tan malo su escenario que ese capital humano se va a otros sectores, estamos ante un desperdicio de recursos que va a impactar en nuestras aulas y en nuestros laboratorios en el corto plazo, y en la sociedad y la economía en el mediano y largo”, asegura Boretto.

Franco Bartolacci, rector de la UNR a la que acuden unos 85.000 estudiantes, asegura: “Lo que hay que advertir para aprovechar que todavía estamos a tiempo es que el escenario más complicado se presentaría el año que viene, dado el presupuesto presentado por el Ejecutivo, que cubre alrededor del 50% de lo que necesitamos para funcionar”.

En esa ciudad, la matrícula creció un 25% entre 2023 y 2024 por la incorporación de las carreras de diseño gráfico, de indumentaria y textil y de una tecnicatura en Inteligencia Artificial. “Nunca habíamos pegado un salto tan grande, y nunca hubo tanta distancia entre lo que el sistema universitario necesita y lo que el Gobierno está dispuesto a destinar”, asegura Bartolacci.

El rector, politólogo de formación y a cargo de la UNR desde 2019, no duda en definir: “La columna vertebral de la Argentina es la escuela pública, y nuestro sistema universitario es una herramienta de movilidad ascendente excepcional. Es un error considerar como gasto y no como inversión los recursos que se destinan al sistema de educación superior y a la producción científica. La sociedad del conocimiento puede suponer un diferencial para crecer. Eso es lo que convocamos a defender a la sociedad argentina”.

Hace algunos días, en la previa de la marcha de este miércoles y en diálogo con Infobae, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, definió: “Es una situación dramática (...) Yo tengo la esperanza de que el Gobierno en algún momento recapacite y se dé cuenta de que no pedimos más plata: pedimos nada más poder sostener lo que ya teníamos para funcionar más o menos bien”.

En esa misma entrevista, Gelpi explicó: “Lo que yo veo es que si no aparece el dinero, nos vamos a ir cayendo en forma gradual. Se van a empezar a ir los docentes, los becarios, los investigadores, va a minimizarse el rol social de la extensión. Y va a llegar un momento en el que tendremos que dejar de funcionar”. En la Facultad de Agronomía, según Gelpi, desde fines del año pasado se fueron unos 40 docentes por la destrucción de sus salarios. A esa destrucción se le suma un escenario prácticamente paralizado de la investigación científica.

“Nuestra expectativa es que esta marcha sea tan importante como la de abril. No es algo fácil porque lo del 23 de abril no lo esperaba nadie. En los últimos días el Gobierno hizo declaraciones impactantes para debilitar la marcha”, asegura Martín Kaufmann, rector de la Untref.

Entre esas declaraciones, cuenta la difusión por parte del Ministerio de Capital Humano del rechazo docente a un ajuste salarial del 6,8% -algo que nuevamente no contempla la pérdida del poder adquisitivo por el cimbronazo inflacionario de enero y diciembre- y los dichos de Torrendell, que aseguró que el número de estudiantes universitarios está “inflado” deliberadamente. Álvarez, a cargo de las Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, disparó en ese mismo sentido: “La UBA tiene sobre 320 mil alumnos, y hay 80 mil sin datos. Y no es la que peor situación está. Tenemos todos los alumnos documentados, pero no sabemos cuántas materias tienen aprobadas, está todo en blanco. No tienen actividad cargada”.

Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), no dudó en responder a través de declaraciones raiales: “La verdad que se hace un poco difícil opinar sobre conceptos que al menos tienen confusión, imprecisión, error. Yo creo que a diez meses de gestión del secretario de Educación ya es grave el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario público de educación superior”. Según explicó, tanto Torrendell como Álvarez desconocen la modificación de 2015 que cambió las reglas de cuándo un alumno universitario es considerado regular.

Es en medio de esas declaraciones oficiales y de esa depreciación salarial y presupuestaria que se llevará adelante esta tarde la Marcha Universitaria Federal. Frente al Congreso y con onda expansiva en decenas de ciudades argentinas. El objetivo es conmover a los legisladores que tendrán que revisar el veto presidencial y la Ley de Presupuesto 2025. Y volver a hacer sentir en las calles que la universidad pública es una de esas medallas que buena parte de la sociedad argentina se cuelga con orgullo, alegría y los libros apretados entre los dientes.