La crisis salarial en las universidades públicas y el choque frontal con el Gobierno, que anunció la intención de veto de la Ley de Financiamiento Universitario, derivó en una nueva marcha federal convocada para el próximo miércoles 2 de octubre a las 17 horas., frente al Congreso. Los rectores de las universidades estatales –nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–, junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) aglutinan la protesta ante la ley aprobada por el Congreso.
Vale recordar que el pasado 23 de abril se realizó una masiva movilización a Plaza de Mayo en defensa a la educación pública que, por el respaldo que recibió, derivó en una mesa de diálogo entre las autoridades nacionales y de la UBA para intentar destrabar el conflicto salarial. “Tenemos fondos para gastos de funcionamiento para llegar hasta fin de año”, dijo a Infobae, Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.
Ante este escenario, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo en diálogo con Radio 10, que espera “que los votos radicales estén garantizados para la ley de financiamiento educativo, el partido hizo lo que tenía que hacer con esos diputados que dieron vuelta su voto, los mandó al tribunal de disciplina de la Convención (en referencia a la ley de movilidad jubilatoria) y ojalá el resto de los partidos hubiesen hecho lo mismo”. Y afirmó: “Para los radicales no defender la universidad pública es como una traición a tu ADN”, expresó en alusión a la histórica Reforma Universitaria de 1918 impulsada por el gobierno radical del Hipólito Yrigoyen. Y agregó segundos después: ”La universidad pública es el lugar donde el código postal de la gente deja de tener su valor y empieza a tener valor el mérito para definir el futuro”.
Según Yacobitti, “lo que pasó con los jubilados fue una vergüenza, hubo 18 diputados que dieron vuelta su voto sin que nada cambie de la ley que se había aprobado. Yo no espero que Milei cambie de posición, porque él está haciendo lo que dijo que iba a hacer en su campaña electoral que era destruir el Estado porque lo considera una organización criminal. A los que nosotros tenemos que pedirles explicaciones es a los diputados que fueron electos y dijeron que iban a defender la universidad pública”, enfatizó. Y agregó que, en los últimos nueve meses, “un salario de los investigadores, los administrativos, asistenciales (no docentes) tuvo una caída en el valor adquisitivo de entre el 33 y 45 puntos según la categoría. Esto implica que el 60% de los docentes de las universidades públicas están bajo la línea de la pobreza”.
El ex legislador radical sostuvo que el desfinanciamiento de la parte salarial, “implica el 90% del presupuesto universitario“ y ejemplificó las consecuencias de ello. “Hoy tenés docentes que dejan de dar clases, ofertas académicas que hay que reducirlas porque muchos profesores no pueden ir a una sede o trasladarse, o aceptar ofertas laborales de universidades privadas que a veces son el doble y hasta el triple de lo que ofrecen las universidades públicas“, resumió.
La marcha del miércoles 3
La próxima semana, según Yacobitti, se “buscará una masividad similar o superior a la marcha del 23 de abril”. Por otro lado, el periodista y conductor del programa Conflicto de intereses, Juan Amorín, le preguntó si se puede interpelar a la sociedad, mantenerla en estado de alerta como sí se logró en aquella convocatoria. “Sí, y de ahí en más el Gobierno viene llevando adelante un plan sistemático para desgastar la calidad de las universidades públicas que es la base de sustentación del gran apoyo que tiene la sociedad con ellas”, contestó el exdiputado radical.
“La marcha es ahora al Congreso y no a la Casa Rosada, porque lo que necesitamos es el apoyo del Congreso para aprobar la ley. El Gobierno anticipó que va a vetarla, lo dijo el Presidente en sus redes, lo dijo el vocero presidencial. Planteamos que el Congreso tiene la potestad para ratificar esa ley que lo único que hace es actualizar por inflación los salarios de los trabajadores para que vayan a dar clases”, resumió el directivo educativo. No es una ley que le da algún privilegio o una excepción a los universitarios, es una ley que hace que no queden bajo la línea de la pobreza un docente, un profesor o un investigador o un residente médico”.