La pelea de los vecinos de un pueblo que buscan frenar las construcciones sobre las laderas de las sierras

El 26 de agosto pasado, las autoridades comunales de Los Hornillos hicieron oficial la Resolución 36/24, de fecha del 17 de mayo de 2024, que pone en vigencia al nuevo Código de Edificación, que habilita la construcción de viviendas al filo de las sierras y en zonas donde las leyes ambientales nacionales y provinciales lo prohíben.

La nueva propuesta permite construcciones en zona roja de bosques nativos, ubicadas a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, es decir en las sierras. Esto despertó la incertidumbre entre quienes habitan uno de los lugares más bellos de Córdoba, provincia que adhiere a la Ley de Bosques.

Según explicaron desde la Asamblea por el Ordenamiento Territorial Los Hornillos a Infobae, eso se haría “infringiendo las leyes ambientales provinciales, nacionales y las resoluciones anteriores, dejando así al pueblo sin zonas rurales, sin Reserva Natural, ni fuentes de agua”.

En ese contexto, y a fin de detener el impacto ambiental y las demás consecuencias a tiempo, se conformó la asamblea vecinal que pide la derogación de la Resolución 36/24, remarcando la necesidad de establecer un ordenamiento territorial participativo para todos los habitantes del pueblo, con técnicos especializados en la materia, mediante “un diálogo constructivo”.

“No es una negativa al progreso. Es medir las consecuencias ambientales que repercutirán directamente en nosotros. Por eso, pedimos que se haga un ordenamiento territorial participativo”, explica Lisandro Fernández. Fernández es vecino de Los Hornillos, profesor y biólogo del Conicet que trabaja en la zona y que habla como conocedor de las leyes ambientales y del impacto que la propuesta de reconfiguración de la localidad pueda tener.

Infobae consultó sobre este proyecto de Ordenamiento Territorial en Los Hornillos a la jefa comunal, Carolina Caballero (Juntos por el Cambio), que sólo respondió: “No estamos dando notas”, sin aclarar los motivos de esa negativa.

Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, en Los Hornillos, ubicado en el valle de Traslasierra, viven 1.900 personas. Unas 150 de ellas se agruparon en la Asamblea por el Ordenamiento Territorial de Los Hornillos (OTLH) al conocer que la Comuna aprobó “entre gallos y medianoche” un código de ordenamiento territorial que, de aplicarse, afectaría directamente a toda la zona y provocaría un impacto ambiental —con sus consecuencias sobre las personas, y las flora y fauna autóctona— que puede ser irreversible.

“Cuando se habla de ordenamiento territorial se refiere a cómo las personas de un determinado territorio definen las acciones a corto, mediano y largo plazo, de cara al futuro. Lo es todo. Por ejemplo: se determina si faltan más calles, cómo serán las casas a construirse, si habrá piletas o no, cómo serán las cañerías que lleven agua a los barrios, de qué material serán esas casas, qué lugares quedarán para el turismo, qué dirección se le dará al pueblo (si será netamente fabril, turístico, intermedio o lo que fuere). El ordenamiento territorial habla de cómo las comunidades de los distintos lugares se ordenan para que ante el avance demográfico natural puedan tener una dirección determinada. No es hacer casas en cualquier lado, porqué sí, por ejemplo. No se trata de una acción en particular sino de sentarnos como comunidad, de armar una mesa de debate junto a los expertos necesarios y con el fin de que este direccionamiento permita la sustentabilidad del sistema”, amplía Fernández.

Sobre esas leyes ambientales, agrega: “Están pensadas como funcionales al ser humano, pero también están modeladas, o influidas, por el extractivismo, por ciertos grupos poderosos que priman sobre los recursos naturales”. Para ponerle freno a ello, explica, que en el año 2007 llegó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Cuidado de los Bosques Nativos N° 26.331 que, entre otros puntos, determina que cada provincia debe hacer sus propios ordenamientos territoriales.

“En el caso de Córdoba eso demoró unos años. No obstante se convocó a los distintos interesados para poder hacer ese ordenamiento territorial: la Agencia Córdoba Ambiente (que hoy es Ministerio de Ambiente), la Universidad Nacional de Córdoba y el Movimiento de Campesinos. La Agencia se retiró al poco tiempo de la mesa de diálogo que se había conformado, y entre la Universidad y el Movimiento terminaron el documento que, tras un año de trabajo, fue rechazado. A último momento, la Agencia de Ambiente sacó su propia Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos de Córdoba, la N° 9.814, que es la que nos rige”, detalla el biólogo y de ese modo se introduce en la problemática actual de Los Hornillos.

Esa norma establece que cada cinco años debe reestructurarse su propia letra y pide que se sectorice el territorio a partir de los colores del semáforo. “La zona verde es de uso; la amarilla de uso sustentable y la roja es la zona de protección máxima”.

“Los Hornillos (tocado por ese ordenamiento propuesto por la Ley 9.814), tiene la característica de ser, quizás, el pueblo más alto de Traslasierra. Estamos muy pegados a la ladera de la Sierra Grande de Córdoba, que es el tanque de agua de la provincia ya que provee de agua, en forma indirecta, al 80% de la población cordobesa, lo que se traduce en varios millones de habitantes”, agrega el biólogo. Y sigue: “Este pueblo, por cuestiones de la pendiente, de las cuencas y los bosques nativos, es todo color rojo. Pero, tras las elecciones de diciembre de 2023, ha comenzado una historia de desarrollismo detrás de las sierras cordobesas, que tienen un valor turístico per se. Ya en los últimos 30 años ha sido objeto del mercado, del turismo de montaña y del recreativo. Sin embargo, desde la pandemia dejó de ser un lugar de turismo esporádico para convertirse en un lugar en el que vive más gente de forma permanente”.

En ese punto, asegura el biólogo, nace el inconveniente actual: “La nueva gestión comunal quiere hacer un nuevo Código de Edificación y ahí está la problemática porque propone, entre otras cosas, la posibilidad de lotear y hacer construcciones en el ejido, que es como un triángulo con una pendiente muy abrupta, desde el filo de la montaña y alrededor de los 2.600 metros en algunas partes. Querer urbanizar esa zona generó una fuerte polémica en la región, sobre todo, porque se pone en peligro las fuentes de agua, que es un bien común, y que es lo más valioso. Pero, además hay leyes que protegen ese sector porque se trata de una zona roja, según la mencionada ley”.

El docente suma información sobre la preocupación que aqueja a la comunidad: “Las autoridades dijeron que no se harían edificaciones sobre los 1.100 metros, como dice el documento. El problema es que tenemos la toma de agua a los 1.100 metros. O sea, que se puede urbanizar entre esa altura y los 750 metros. Eso no se permite acá desde el 2006. Pero, debajo de esos 1.100 metros, tenemos el arroyo y es sitio rojo, tampoco se puede hacer cambio del uso del suelo. Urbanizar, o por lo menos hacer el desarrollo, es extenderse sobre sitios rojos”.

Por último, concluye que para poner un freno a ese avance, los vecinos y vecinas se unieron en asamblea para pedir que se derogue la resolución y participar de las futuras modificaciones. Fernández dice que: “Hay leyes internacionales que obligan a la gestiones a hacer un ordenamiento territorial participativo. Creo que desde la Comuna se está pensando que cualquier tipo de acción que traiga dinero y recursos es la que la única salida viable para este pueblo. Tampoco se trata de prohibir todo, sino de ver de qué manera se remedian las acciones que el humano realiza. Desde ahí en más, pensar que puede haber otras alternativas, como de educación ambiental, que puedan entrar recursos y, a su vez, trabajar para el futuro de una manera mucho más coherente y comprometida”.

Cuando las y los vecinos supieron de ese nuevo proyecto y las inevitables consecuencias (sobre el agua, el suelo, la flora y fauna nativa), conformaron la Asamblea por el Ordenamiento Territorial de Los Hornillos (AOTLH).

“Decidimos reunirnos cuando se encendieron las primeras alarmas, cuando comenzaron a circular rumores de que se iba modificar la reglamentación de ordenamiento anterior: empezamos a recabar información, invitamos a las autoridades comunales a nuestras reuniones para que ratifiquen o rectifiquen lo que veníamos sospechando, pero sus respuestas se dilataron, así que elevamos pedidos formales de acceso a la información pública, que tampoco fueron contestados. Finalmente, presentamos un pronto despacho, que es una instancia prejudicial, cuando todas las instancias previas quedan agotadas”, resume el origen de las reuniones Diego Cherchyk, vecino e integrante de la AOTLH.

Al momento en que todas esas instancias administrativas se agotaron “recién se presenta en la asamblea la responsable del área de Infraestructura de la Comuna”, agrega el vecino. “Para entonces, no teníamos confirmación oficial de la resolución porque no nos habían dado una copia del documento, más allá de que sabíamos de su existencia, aunque no la totalidad de la idea. Recién en agosto, en una instancia pública forzada desde la Asamblea, la jefa comunal presentó el nuevo Código de Edificación, aprobado en mayo”, señala.

Cuando las y los asambleístas conocieron de qué se trataba, manifestaron su oposición basándose en que iba contra las leyes mencionadas.

“Se nos intentó imponer un Código de Edificación, medio en secreto, para permitir edificaciones en zonas donde la Ley Nacional de Bosques lo prohíbe. Cuando nos enteramos, no les quedó más que presentarnos la propuesta: dijimos que era una locura pretender edificaciones en zona prohibida, pero la jefa comunal argumentó que se trataba de errores de tipeo y que sería modificado porque decía 5000 metros, en lugar de 500, por ejemplo. Sólo modificaron unos números, pero no la resolución. Esto significa que se sigue permitiendo construir en zona roja. A partir de ahí, se habilitó una instancia pseudo participativa, a la que llega muy poca gente debido a que la convocan en días y horarios en los que estamos trabajando”, dice Cherchyk.

El integrante de la asamblea indica que: “Más allá de que la Comisión Comunal tiene la autonomía de legislar sobre su propio ejido, hay leyes nacionales que establecen que cualquier modificación respecto con el ordenamiento territorial debe darse mediante un proceso participativo de sus habitante porque se están modificando las reglas de juego para nuestra comunidad”.

Aunque ya existan viviendas construidas más allá de los 1.100 metros sobre el nivel del mar, desde 2006 no está permitido y lo que se busca es que no se siga construyendo en altura, no ir contra las casas existentes. “El reconocimiento de una irregularidad heredada, como lo es el avance inmobiliario sobre zonas de bosque nativo protegidas por leyes nacionales en donde no se tendrían que haber construido casas, es un gran avance. Pero la solución no puede ser la regulación en favor de futuras intervenciones similares. Ampararse en la autonomía local para regular permitiendo lo que leyes nacionales y provinciales prohíben taxativamente es exponer a toda la comunidad a futuras demandas”, dice en un comunicado la asamblea vecinal.

Además, rechazan las acusaciones recibidas en cuanto a cuáles serían sus reales intenciones: “La asamblea es popular, apartidaria y abierta a toda la comunidad de Los Hornillos y alrededores. Sólo persigue una intención política y esa es el cuidado integral de nuestra comuna, a la que consideramos nuestra casa común. Pedimos que la gestión comunal rompa el silencio formal y se exprese admitiendo la importancia del cuidado del ambiente, aunque nos siguen preocupando las maneras autoritarias y algunos criterios que no compartimos”.

“Estamos inmersos en un proceso que algunos lo llaman neo ruralidad —o de migración de las grandes urbes a sectores rurales— y un poco se relaciona con que las grandes ciudades están colapsando, en gran parte, debido a la falta de planificación en su desarrollo. Y lo que queremos hacer es evitar que eso ocurra aquí”, sostiene Cherchyk.

“Hacemos un llamado de atención para pensar y planificar a futuro el desarrollo de cada una de las localidades, sobre todo, pero también transpolarlo a la escala provincial y nacional. Entender cómo queremos desarrollarnos, qué entendemos por desarrollo, y que ese pensarnos abarque un amplio espectro, que no lo determine definiendo ni el mercado, exclusivamente, ni pequeños sectores de la sociedad”, finaliza.