Uniforme para los presos en Santa Fe, continuidad de una polémica: del origen en EEUU a la abolición de Perón

Las personas privadas de su libertad que cumplen condena por delitos graves y son considerados de “alta peligrosidad” en unidades penales de la provincia de Santa Fe serán desde este lunes sujetos bien distinguibles dentro del universo carcelario: cuando tengan que salir de sus pabellones lo harán dentro de un llamativo uniforme de color naranja.

Con nueva disposición, promovida por el gobierno santafesino en letra de una ley aprobada en diciembre pasado, los presos uniformados arrastrarán con sus pasos uniformizados una larga historia que comenzó hace dos siglos y cuyos debates -sobre la conveniencia o no de asignarle vestimenta diferenciada a los reclusos-, está a las claras, no termina. De los presos en la vieja prisión de Auburn en Nueva York a los de la cárcel del Fin del Mundo, desde Roberto Pettinato (abuelo de Tamara y Homero) hasta los reiterados intentos de Patricia Bullrich en cada gobierno que integró.

Se estima que los presos que estrenarán el naranja estilo Guantánamo en Santa Fe son unos 60. Los considerados de “Nivel 1″, es decir máximo peligro. El gobierno de Santa Fe supone que así las autoridades penitenciarias podrán distinguir rápidamente a los reclusos según su perfil. Sería, según se anunció cuando se aprobó la ley, la primera de varias fases de señalización cromática para los privados de libertad.

Concretamente, la resolución 008/2024, publicada el 21 de agosto determina el uso de los “uniformes obligatorios color naranja” cada vez que el interno salga de su lugar de alojamiento, “sea un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria”, hasta que regrese. Y prohíbe que las visitas entren con prendas de esa tonalidad, para evitar la confusión.

“En general la legislación internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o está deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si él lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derogó hace muchas décadas en el país”, explicó a este medio Matilde Bruera, profesora titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario.

La idea de “marcar” a los reclusos con uniforme ya tiene 200 años. A mediados del siglo XIX, precisamente en 1820, en la ciudad de Nueva York, las autoridades penitenciarias de Auburn adoptaron la idea de vestirlos con trajes a rayas blancas y negras. No fue un cambio superficial. El acebrado se eligió por su alta visibilidad, lo que permitía identificar fácilmente a los presos, especialmente en caso de una fuga. Eran tiempos analógicos, no existían sistemas digitales de vigilancia ni portones automáticos ni luces infrarrojas.

Además de su funcionalidad, el diseño rayado tenía implicaciones simbólicas; representaban las barras del enrejado de las celdas, una imagen reforzada de confinamiento y castigo. Hasta ese momento, los presos vestían encerrados igual que afuera y las autoridades creyeron que era importante la transformación visual: despersonalizarlos.

Los uniformes eran parte de un cambio de paradigma que se implementaba en Auburn, donde se puso en práctica un nuevo sistema de tratamiento de los detenidos en el que los prisioneros trabajaban en grupos durante el día y se mantenían aislados totalmente durante la noche, con silencio forzado en todo momento. Prometía rehabilitar a los criminales enseñándoles disciplina personal y respeto por el trabajo, la propiedad y por otras personas.

Unas cinco décadas más tarde el Reino Unido también implementó las vestimentas distintivas para los reclusos. Un uniforme de camisa blanca, pantalones y sombrero que los presos usaban mientras se los mandaba a trabajar en obras públicas. Y que sumaba una flecha ancha en el pecho que simbolizaba la propiedad de la Corona. La idea fue introducida por primera vez por Sir Edmund Du Cane en la década de 1870 después de su nombramiento como Presidente de Directores de Convictos y Inspector General de Prisiones. El funcionario consideraba que la flecha ancha era un obstáculo para escapar y también una marca de vergüenza. Los convictos la detestaban.

A los enviados a prisiones de obras públicas además les entregaban botas. Un prisionero, Jeremiah O’Donovan Rossa, escribió en su libro Rebeldes irlandeses en prisiones inglesas (1882): “Catorce libras de peso. Me los puse y me sirvió para sujetarme al suelo. No fue solo eso, sino que la visión de la impresión que dejaban en la cuneta al mirar las huellas de los que caminaban antes que vos, infundía terror en tu corazón. Allí estaba la marca del criminal de la ‘flecha ancha’ impresa en el suelo con cada paso”.

En Argentina el traje a rayas se impuso en en 1924 en la Penitenciaría Nacional, levantada donde hoy está la Plaza Las Heras, en el barrio porteño de Palermo. Y poco después en el de Ushuaia, abierta desde 1902, a donde se mandaban a los delincuentes más peligrosos e indomables. El traje era a bandas horizontales pero negras y amarillas.

Roberto Pettinato, director general de Institutos Penales de la Nación Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableció en 1947, gobierno de Perón, el cierre de la cárcel del fin del mundo y, consecuentemente, el fin del traje a rayas en todas las cárceles argentinas. Los consideraba estigmatizantes. También impulsó la alfabetización de los detenidos y la reinserción de los liberados en la sociedad (en 1955, Pettinato también tuvo que exiliarse. La autoproclamada Revolución Libertadora reabrió Ushuaia para presos políticos). En un discurso, el entonces presidente Juan Domingo Perón ordenó que eliminaran los uniformes porque aquellos trajes de rayas horizontales atentaban “contra los propósitos de humanización y contra la dignidad humana”.

El paso del tiempo y los cambios en las políticas penales derivaron en una flexibilización del uso de los uniformes rayados, que empezaron a ser reemplazados primero, por diseños lisos de un solo color. El naranja, por ser fulgoroso, fue uno de los colores más elegidos y se mantuvo en algunos países, pero no en Argentina, donde en 1983 se dejó de usar en todo el país.

Sin embargo, la secretaria de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2000 -gobierno de Fernando De la Rúa- impulsó la vuelta de los uniformes como parte de una política de dureza contra los presos que incluía que los detenidos “más peligrosos” pasen 22 horas diarias adentro de sus celdas y que usen el teléfono (en aquel momento, un aparato público que había en cada pabellón) sólo una vez cada 15 días. La titular del área era Patricia Bullrich.

Lo llamó Programa de Tratamiento de Máxima Seguridad. Pensó en aplicarlo en un pabellón especial de la por entonces flamante cárcel de Ezeiza, un lugar para 120 presos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) consideraba como los de “peor conducta de la Argentina”.

La resolución ministerial, con un tono muy parecido al de Santa Fe 24 años más tarde, indicaba: “La administración penitenciaria proveerá al interno de indumentaria que tendrá obligación de usar toda vez que salga de su celda, la que a los fines de una clara distinción y eficacia operativa será color naranja”.

“Lo que queremos es cambiar el ambiente actual de las cárceles. Y para que este tipo de internos baje su nivel de agresividad, es necesario controlarlos muy de cerca”, afirmó en su momento Bullrich, cuando diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en política penitenciaria habían cuestionado la idea de uniformizar a los presos como en los siglos anteriores. La idea de Patricia no pudo materializarse porque antes fue elevada al rango de ministra de Trabajo y, poco después, el presidente De la Rúa abandonó el cargo en helicóptero.