A 30 años de la jura de la Constitución que, con aciertos y errores, incorporó nuevos derechos para los argentinos

Los 305 convencionales constituyentes comenzaron a discutir el 25 de mayo de 1994. Noventa días después, el 22 de agosto, concluyeron su trabajo. Y dos días más tarde, el 24 de agosto, se juró la Constitución Nacional, la reformada hace 30 años. Luego de 36 sesiones plenarias el país tenía una renovada Ley Fundamental.

La Constitución vigente era la de 1853 que había sufrido varias reformas pero ninguna había sido con el acuerdo de los partidos mayoritarios. En la de 1949 el radicalismo no participó. Y en 1957 -en época dictatorial- el peronismo llamó a votar en blanco en la elección para constituyentes.

La reforma de hace tres décadas nació con una doble marca. Fue producto de un acuerdo, pero secreto, entre el peronismo, encolumnado casi en su totalidad tras el entonces presidente Carlos Menem y el radicalismo encabezado por el ex presidente Raúl Alfonsín. Durante su presidencia, que se extendió entre 1983 y 1989, Alfonsín había echado a rodar la idea de una reforma constitucional. Pero la situación económica obligó a postergar ciertos planes de mediano y largo plazo.

Envalentonado por el triunfo en las elecciones parlamentarias de octubre de 1993 -respaldado por el un peso un dólar y la baja inflación y a pesar de la rotura del tejido social- Menem quería seguir en la Rosada. A tal punto estaba empeñado en permanecer en su cargo que el 22 de octubre de 1993 había convocado a una consulta popular “voluntaria” sobre la reelección que debía realizarse en 30 días. Se daban otros movimientos en el Congreso que indicaban que Menem se quería quedar más allá de 1995, cuando debía terminar su mandato de seis años.

Fue entonces que comenzaron las negociaciones. Y aquellas derivaron en una reunión secreta que tuvieron Menem y Alfonsín el 4 de noviembre. El encuentro tuvo lugar en la casa de Dante Caputo, ex canciller de Alfonsín, que vivía en Olivos. Por el lado del oficialismo estuvieron el presidente y Eduardo Bauzá -secretario general de la Presidencia-, Eduardo Duhalde, entonces gobernador de Buenos Aires -a quien le habían avisado a último momento- y Luis Barrionuevo, sindicalista gastronómico de fluido trato, acuerdos y convenios varios con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador todo terreno del radicalismo. A Alfonsín lo acompañaron Nosiglia y Mario Losada que era presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

Aquel inicio de tratativas entre Menem y Alfonsín para reformar la Constitución duró poco en secreto. El diario Ámbito Financiero reveló el 8 de noviembre lo sucedido y no hubo más remedio que exponerlo ante la sociedad. El 14 de noviembre se firmó un acuerdo en la Quinta Presidencial de Olivos. Como todo lo relacionado con la reforma había sucedido en esa localidad de la Provincia de Buenos Aires, así que fue llamado “El Pacto de Olivos”. La reunión en la que se selló el documento inicial es recordada a raíz de varias fotos de Menem y Alfonsín mientras caminaban por los jardines del lugar.

Entre el día de las fotos y el 13 de diciembre un grupo de juristas de los partidos mayoritarios pulieron el texto definitivo del corazón de la reforma que finalmente se firmó en la Casa Rosada.

Aquel día de diciembre asistieron a la rúbrica: Menem y Alfonsín como presidentes de los partidos. Junto a Eduardo Menem, Carlos Ruckauf, Jorge Matzkin, Eduardo Bauzá, Carlos Corach y Alberto García Lema por el justicialismo. En tanto Antonio María Hernández, José Genoud, Raúl Galván, Antonio Berhongaray, Ricardo Gil Lavedra, Enrique Paixao y Arnoldo Klainer asistieron por el radicalismo.

A fines de diciembre se aprobó -por dos tercios de ambas cámaras del Congreso- la Ley Declaratoria de la Necesidad de la Reforma. Solo faltaba elegir a los convencionales constituyentes en todo el país. La votación fue el 10 de abril de 1994 y de ese modo se decidió quiénes iban a ser los 305 encargados de reformar la Constitución. Ochenta de ellos eran mujeres.

En esas elecciones el peronismo logró una holgada victoria, aunque no pudo alcanzar la mayoría en la Convención. El escrutinio definitivo determinó que el Partido Justicialista obtuvo 137 representantes, la Unión Cívica Radical 74, el Frente Grande (encabezado por Carlos “Chacho” Álvarez) 31, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (liderado por el carapintada Aldo Rico) 21, la Unión del Centro Democrático 4, la Unidad Socialista 3, Fuerza Republicana 7, el Partido Demócrata Progresista 3 y la suma de los partidos provinciales 28.

En ese abril de hace tres décadas hubo algunos resultados llamativos: el justicialismo fue derrotado en Córdoba y la Capital Federal. Pero también sorprendió que ganara el peronismo en Santiago del Estero, donde la estructura partidaria estaba duramente afectada por los escándalos de la gobernación de los Juárez. Otro resultado inesperado fue la derrota de -el cantante popular llevado a la política por Menem- Ramón “Palito” Ortega en Tucumán.

Obviamente el peronismo, es decir Menem, apostó todo a la reelección porque hasta entonces la Constitución permitía sólo un mandato de seis años. El radicalismo, por supuesto, obtuvo concesiones.

La reforma del texto constitucional por cierto abrió la posibilidad de reelección de Menem y de los que vinieron después, pero también introdujo derechos de tercera generación -ambientales y de los consumidores- que no habían sido imaginados siquiera por los que escribieron la Constitución de 1853. “El Pacto de Olivos” había establecido un Núcleo de Coincidencias Básicas, que era lo central de la reforma y que quedó plasmado en el segundo artículo de la Ley que convocó a la modificación del texto constitucional.

En la Convención, que se realizó en las ciudades Santa Fe y Paraná, convivieron dirigentes que habían hecho carrera política en los años ´70 y ´80 y aparecieron algunas figuras que aún permanecen relacionados con la “cosa pública” de diferentes formas.

Quien encabezó la Convención fue Eduardo Menem, hermano de Carlos y a cargo del Senado de la Nación. Entre los convencionales peronistas estuvieron dos futuros presidentes de la Nación elegidos por los votos: Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, quien gracias a esa reforma pudo permanecer ocho años en la Casa Rosada. Fernández de Kirchner fue electa además vicepresidente de la Nación, al igual que otro convencional de 1994: Carlos “Chacho” Álvarez que representó al Frente Grande y luego integró la fórmula triunfadora en 1999 junto a Fernando De la Rúa.

Otros dos convencionales fueron presidentes -por poco tiempo- en los agitados días de finales de diciembre de 2001: Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá, quien durante la constituyente era el gobernador de San Luis. También participó de la reforma de la Constitución Eduardo Duhalde que fue electo presidente por la Asamblea Legislativa (igual que Rodríguez Saá) el 1 de enero de 2002. Su mandato se extendió hasta mayo de 2003. Dos de los convencionales del Justicialismo, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se pueden citar otros nombres de dirigentes importantes de la época que fueron convencionales. Entre los gobernadores además de Kirchner, Duhalde y Rodríguez Saá, estaban Ramón “Palito” Ortega, Rubén Marín, Horacio Massaccesi, Carlos Reutemann y Mario Moine. La presencia de los gobernadores fue fundamental para establecer la cláusula de “dominio originario de los recursos naturales” para las provincias.

Graciela Fernández Meijide, Carlos Corach, César Jaroslavsky, Antonio Cafiero, Alfredo Bravo, Elisa Carrió, Rodolfo Barra, Aldo Rico, Álvaro Alsogaray, Antonio Bussi, Gildo Insfrán, Fernando “Pino” Solanas, Elba Roulet, Augusto Alasino, Jorge Yoma, Jesús Rodríguez, Aníbal Ibarra, Enrique Paixao, Alicia Oliveira, Eugenio Zaffaroni, Alberto Pierri, María Cristina Guzmán, Alberto Piccinini, Héctor Tizón, Eduardo Valdés y Evangelina Salazar formaron parte de aquella asamblea constituyente de hace 30 años.

Todos los partidos, de diferentes ideologías estuvieron representados allí y se formaron 19 bloques. Hubo argumentaciones acaloradas, y debates punzantes. En un principio hubo una vehemente disputa para que la discusión se extendiera por fuera del Núcleo de Coincidencias Básicas que peronistas y radicales habían acordado en ”El Pacto de Olivos”. Los bloques más chicos, que fueron los que lo intentaron, no pudieron romper el trato sellado por Menem y Alfonsín. Aquella negociación siempre tiñó de críticas a la reforma.

A pesar de los cuestionamientos, la modernización del texto constitucional de 1994 introdujo cambios importantes. Uno de ellos es que se le otorgó jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Instauró nuevos derechos como son el del ambiente sano, los derechos de los consumidores, la protección de los datos personales, estableció la acción de amparo, el habeas data, la acción de clase, los procesos colectivos y el secreto de las fuentes periodísticas.

Fue en la Constitución del 1994 que se creó la figura del Defensor del Pueblo, se erigió la Auditoría General de la Nación y se le dio autonomía al Ministerio Público Fiscal. También se modificó el modo de selección y remoción de los jueces nacionales a partir de la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Desde la reforma de hace tres décadas se estableció el sistema de voto directo para la elección de presidente y vice: antes se designaba a un Colegio Electoral. También se eliminó la obligatoriedad de que quien ejerciera la presidencia fuera de religión católica. Y como se ha dicho se acortó el mandato presidencial de seis a cuatro años con una posiblidad de reelección. Fue en 1994 que se instauró el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros con la pretensión de atenuar el presidencialismo, algo que, tal como se ha comprobado, quedó en un enunciado de buenas intenciones.

Se reguló la facultad presidencial de dictar decretos de Necesidad y Urgencia -una discusión muy actual- y se señaló que el Poder Ejecutivo no podrá “emitir disposiciones de carácter legislativo que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”.

Se impuso la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, hecho que permitió que los porteños eligieran de forma directa a su Jefe de Gobierno. Hasta entonces el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires era designado por quien mandase en la Casa Rosada. Eso recortó el poder presidencial, permitió a los porteños autogobernarse y desde la CABA, luego de la modificación del modo de elección del Jefe de Gobierno se consolidaron liderazgos políticos con proyección nacional. También se instauró la elección directa de los senadores y de un tercero por la minoría, hecho que les otorga representatividad en el Senado a las segundas fuerzas políticas provinciales.

La reforma también abordó el espinoso asunto de la coparticipación federal. Dejó claro que todos los recursos de impuestos nacionales, directos e indirectos, son coparticipables y también aclaró que la distribución entre provincias puede responder a razones de equidad. Además garantizó que el gobierno central tiene que mandar los recursos coparticipables de manera automática para intentar evitar la extorsión a la mandatarios provinciales. También estableció que los cambios en la coparticipación requieren unanimidad para evitar la arbitrariedad del gobierno Nacional. Una deuda: la ley que rige la Coparticipación Federal fue promulgada en 1988.

Lo logrado

Eduardo Menem, que presidió la Convención Nacional Constituyente por el peronismo señaló: “Todas las normas constitucionales fueron sancionadas por amplias mayorías, comprendiendo 24 artículos nuevos, 20 reformados y 17 disposiciones transitorias. Tres normas fueron sancionadas por unanimidad: la de la defensa de la democracia (artículo 36); el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes (artículo 75 inciso 17) y la ratificación de nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas (cláusula transitoria primera) que fue aprobada por aclamación de los convencionales puestos de pie. Esta norma estableció una verdadera política de Estado para la recuperación de los territorios y espacios marítimos usurpados”.

Antonio María Hernández, constitucionalista radical y que fuera vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente de 1994, asegura que hay cuestiones que aún faltan implementar, sin embargo, concluyó que: “La reforma efectuada –con su legitimidad y grandes aciertos y algunas imperfecciones– produjo una modernización del texto constitucional, tanto en su parte dogmática como orgánica, sentando las bases para un desarrollo progresivo de nuestro derecho rumbo al siglo XXI”.

La constitucionalista María Angélica Gelli explicó: “Como quiera que sea, las enmiendas de 1994 se sancionaron con legalidad constitucional —obtuvieron las mayorías prescriptas en el artículo 30 de la Constitución Nacional, esto es, los dos tercios de los miembros que componían ambas Cámaras del Congreso— y legitimidad política y social. No hubo partidos políticos proscriptos, ni provincias ausentes porque todas estuvieron representadas y las personas elegidas como convencionales provenían de diversos orígenes, profesiones, empleos. Esa reforma logró, en consecuencia, unificar la legitimidad constitucional fracturada en nuestro país por pendencias, querellas armadas y gobiernos de facto que agobiaron a la Argentina e iniciaron un proceso de desconstitucionalización, no solamente en los hechos, mediante las asonadas militares, sino también jurídico. La Constitución Nacional reformada en 1994 —ni entonces ni después— pudo ser objetada por constituir el proyecto de una sola persona ni porque hubiera dejado de lado a las minorías políticas. La Constitución de 1994 no fue identificada con el nombre de presidente alguno”.

Aunque el proceso de reforma tuvo críticas desde el origen, tuvo blancos y negros, y hay cuestiones que no se han terminado de discutir, el 22 de agosto se aprobó el texto constitucional. El 24 de agosto de 1994, hace 30 años, fue la jura de la Ley Fundamental. La ceremonia se realizó en en el Palacio San José, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El periodista Marcelo Helfgot, que cubrió la Convención para el diario Clarín y que falleció en 2022, escribió una excelente nota en 2019, para recordar los 25 años de la finalización del proceso de reforma constitucional.

Aquel artículo comenzaba así: “Ante todo, la Convención Constituyente que concluyó hace exactamente un cuarto de siglo, tras 90 días de sesiones, fue una pieza incunable de convivencia. Dos episodios sirven de muestra. Raúl Alfonsín compartió la primera fila del acto inaugural con un militar que se alzó contra su gobierno, Aldo Rico. El sindicalista combativo Alberto Piccinini hizo las paces en un pasillo de la Universidad santafesina -el lugar de las sesiones- con Alberto Rocamora, el ministro de Isabel Perón que lo mandó a la cárcel, donde permaneció ocho años”.

El autor utilizó una palabra en desuso en los actuales tiempos políticos: “convivencia”.