Según una ONG, el presupuesto estatal para las infancias sufrió un duro recorte y es un 18% menor que el de 2023

A pocas horas de difundida la ultima encuesta de Unicef, que reveló que en Argentina un millón de chicos se van a dormir sin cenar, ahora la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló en un informe otros datos alarmantes que afectan de manera crítica a niños, niñas y adolescentes del país.

Según el documento de ACIJ, titulado “Menos presupuesto para infancias cada vez más pobres”, los recursos presupuestarios destinados a niñas y niños son un 18% menores respecto de 2023; las políticas alimentarias (incluyendo la Prestación Alimentar) disminuyeron un 29% respecto del año pasado y los programas de educación son un 43,7% menores en comparación a los primeros seis meses del periodo anterior.

Además, indicaron que el programa Abordaje de Curso de Vida -el principal en materia de salud-, es 12 veces inferior al ejecutado en 2021 y un 50% menos que lo ejecutado en 2023. Y aunque la AUH y la Prestación Alimentar cubrieron el 77% de una Canasta Básica Alimentaria en los primeros 6 meses de ese año, está alejada de los números de 2021, cuando abarcaron el 98%.

“La inversión pública en políticas que aseguren el bienestar de las infancias, especialmente en contextos de vulnerabilidad, es indispensable para su desarrollo integral”, aseguran desde ACIJ en la introducción del documento que muestra cómo la reducción del presupuesto los afecta de manera negativa.

La pobreza infantil es una de las principales deudas que tiene Argentina. La preocupación central actual y para los próximos años pasa por el aumento de la pobreza extrema y las repercusiones que eso tiene en la capacidad de alimentación de niñas y niños.

Según Unicef, en 2024, el 71% de los niños y niñas de Argentina son pobres y el 34% crece en condiciones de pobreza extrema (no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria), esto implica un aumento considerable respecto de 2023, cuando la pobreza general era 58% y la indigencia un 19 por ciento. En los primeros seis meses de este año, más de 1.5 millones de NNA se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes, según el informe de ACIJ.

“¿Cómo impacta esta situación? La falta de dinero en la alimentación genera inseguridad alimentaria (entendida como la reducción involuntaria de la porción de comida o experiencias de hambre por problemas económicos)”, advierten desde ACIJ y amplían: más de 4 millones de niñas y niños viven en hogares que no tienen dinero suficiente para acceder a una alimentación mínima (el 34%); los datos de Unicef y la UCA coinciden en que entre 1 millón y 1.1 millones de niñas y niños tienen que saltarse comidas todos los días por falta de dinero; Unicef alertó que en casi 3,3 millones de hogares, en donde viven más de 7 millones de niños y niñas, se dejó de comprar alimentos básicos y, según Unicef , al menos 6 de cada 10 hogares donde chicas y chicos se saltean comidas las familias pidieron dinero prestado a familiares, dejaron de comprar medicamentos y dejaron de ir al médico. Todo para comprar alimentos.

Para remediar esta situación, el Estado cuenta principalmente con dos políticas: la Asignación Universal por Hijo (AUH), desde 2009, y la Prestación Alimentaria, ambas fundamentales para reducir la pobreza extrema infantil.

Para saber si tanto la AUH como la Prestación Alimentaria alcanzan para cubrir una alimentación mínima, se compara su valor con la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, ya que estos son los valores que determinan la pobreza y la pobreza extrema.

“En los primeros 6 meses del año, la AUH tuvo un aumento en valores reales que permitió mejorar la situación respecto del 2023 y acercarla a lo que ocurrió en 2022. Para el segundo semestre del año, el Estado aumentó los recursos disponibles para esta partida presupuestaria. Hoy la AUH, que alcanza a más de 4 millones de NNA, cubre el 46% de lo que necesita un niño o una niña para comer. Para quienes tienen hasta 14 años, si se junta con la Prestación Alimentaria alcanzó un 77% en el primer semestre. En 2021, cubrían un 49% y un 98% respectivamente. Por eso, todavía se encuentran lejos de asegurar que niños y niñas coman lo necesario”, acusa el informe.

La Constitución Nacional Argentina y la Ley 26.601 obliga al Estado Nacional a invertir recursos económicos en los derechos de NNA. La Oficina Nacional de Presupuesto identifica, desde el año 2021, un conjunto de programas presupuestarios y actividades que los benefician, como la protección social, salud, educación, entre otras. Esto incluyen a unos cuarenta programas del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, dividido en más de 10 ministerios.

¿Qué dicen de la inversión en derechos de NNA hoy? Los recursos que se les asigna, en valores reales, disminuyeron de forma constante: el 2024 tiene la menor asignación de todo el período, cuyo crédito vigente es un 18% menor al crédito devengado del año pasado; los recursos ejecutados por el Estado a junio de 2024 ($4.484.688 millones) son un 26,3% menor que para junio de 2023 ($6.082.245 millones).

En ese contexto, la AUH es la principal política priorizada ya que tiene un crédito vigente de $3.321.574 para 2024, el más alto desde 2021. Esto equivale a un 48% más que lo ejecutado en 2023 y es una de las principales líneas presupuestarias dirigidas a NNA (casi el 35% de los recursos destinados a este grupo) y explica, en buena medida, que la inversión no haya caído en mayor porcentaje, según se desprende el informe de la ACIJ.

En tanto, en materia de políticas alimentarias, se observa una caída del 29% respecto de 2023: la Prestación Alimentar (línea más financiada del programa de políticas alimentarias con $1.813.290 millones) está destinada a transferir recursos a familias con niñas/os de hasta 14 años que cobran AUH. Lo que indica una disminución del 20% respecto del año pasado.

El resto de las actividades alimentarias están destinadas a asegurar recursos o alimentos a sectores vulnerabilizados, lo que plantea dos problemas, a consideración de la organización apartidaria, sin fines de lucro, y dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina.

“La desfinanciación interanual (el crédito vigente es el más bajo desde 2004 y muestran un recorte del 55,7% en relación a 2023) y la subejecución (durante los primeros 6 meses del año solo se ejecutaron un 34,5% de los recursos disponibles)”, indica.

Ese “resto de actividades” incluyen: apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio Sanitaria, Asistencia a Prohuerta y Proyectos Especiales, Comedores Comunitarios y Merenderos, Complemento Alimentario, Proyectos Focalizados - Situación de Vulnerabilidad Social. Además, para una comparación más precisa se incluyó la actividad de Comedores Escolares (que formó parte entre 2004-2023) aún cuando al momento depende del programa de Gestión de Políticas Educativas y Socioeducativas.

En tanto, la Secretaría de Educación, que tiene a su cargo programas dirigidos a NNA, posee un presupuesto de 43,7% menor que en 2023, explica el informe y detalla: los recursos ejecutados por el Estado a junio de 2024 ($1.522.436 millones) son un 31% menor que para junio de 2023 ($2.204.699 millones); los recortes se explican en el desfinanciamiento del Programa Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas.

“En particular, señalamos algunos desfinanciamientos muy preocupantes: se han ejecutado cero pesos para actividades de Gestión del Nivel Inicial y Secundario, Educación Sexual Integral, Reinserción Escolar y acompañamiento a trayectorias. Ello con el objetivo de beneficiar una nueva actividad de Vouchers Escolares”, señalan.

En ese mismo punto advierten que se han disminuido considerablemente los programas de Becas Progresar (-54,7%), Construcción de Jardines Infantiles (-43%) e Infraestructura Escolar (-63,5%) y que “la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tiene previstos los fondos más bajos de todo el período (2016-2024) con fondos un 32% menores que el año pasado”. Además, indican que la ejecución de los fondos a junio de este año ($20.196 millones) son un 38,4% menos que en junio del año pasado ($32.796 millones).

Para la ACIJ, fundada en 2002 con los objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, respecto a la temática de salud, el principal programa destinado a NNA es el de Abordaje del Curso de Vida (que incluye actividades vinculadas al programa 1000 días, de salud infantil, en la adolescencia y vinculadas a la nutrición).

“El programa presenta tres problemas: la desfinanciación interanual (el programa presupuestario es 12 veces inferior a lo ejecutado en 2021 y un 50% menos que lo ejecutado en 2023) el ajuste en 2024 (el Poder Ejecutivo decidió achicar el presupuesto este año en un 17%) y la subejecución (durante el primer semestre del año se utilizaron solamente el 13% de los recursos disponibles —810 millones de los 6.251 millones vigentes—).

La Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que las infancias y adolescencias son un grupo vulnerabilizado en sus derechos y obliga al Estado a tomar acciones positivas para su protección (art. 75.23). Además, la ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

“En contraposición a ello, las infancias y adolescencias crecen en condiciones críticas desde hace años. En un contexto de profunda crisis económica, es urgente que el Poder Ejecutivo tome medidas para aumentar los recursos que garantizan los derechos de este grupo para que puedan crecer y vivir en condiciones dignas”, finalizan.