El drama de los presos de Bragado: un atentado horrendo, tres inocentes encerrados durante once años y una confesión tardía

En la casa del senador electo por el Partido Conservador José María Blanch había expectativa y curiosidad. Al mediodía del 5 de agosto de 1931 golpearon la puerta en la residencia de Almirante Brown 545, en la ciudad de Bragado. Traían una encomienda. Por las dimensiones similar a un cajón de manzanas, el envío debía ser importante, supusieron. El dueño de casa no estaba, pero su hija María Enriqueta y la cuñada de aquel, Paula Arruabarrena se dispusieron a abrir el paquete. Cuando levantaron la tapa se produjo una violenta explosión. Ambas mujeres murieron y Juana, la esposa de Blanch, resultó herida.

En el país gobernado por la dictadura del general Uriburu y donde imperaba el estado de sitio, hubo una conmoción. La policía no encontraba pistas. Como la víctima era un dirigente conservador, se pensó que los autores eran radicales, y detuvieron a dos referentes locales, Melchor Durán y a Juan Perutti, junto a otros, pero rápidamente quedaron libres de culpa y cargo.

Hasta que una denuncia anónima dirigió la pesquisa hacia tres anarquistas, a los que se identificó con nombre y apellido: Pascual Vuotto, un trabajador ferroviario de 26 años que vivía con Donatila Barrera, que había estado casada y que dejó al marido por los malos tratos que recibía. Ambos convivían en un campo en la localidad de Durañona, en la provincia de Buenos Aires. Allí el 16 de agosto a las 9 de la mañana, ante su sorpresa, tres policías de civil se lo llevaron detenido. Antes le requisaron todos sus libros y no le permitieron entrar a la habitación para cambiarse, sino que debió hacerlo en el patio. Tenía una hija, Themis, que había nacido el 4 de abril de ese año. Llevaba el nombre de la diosa que simboliza a la justicia.

Otro de los detenidos fue Reclús de Diago, un español un tanto receloso, y Santiago Mainini, un italiano de pocas palabras, ambos de 23 años y ladrilleros. También fueron detenidos Julián Ramos, ferroviario de Mechita y Juan Rossini, ladrillero en Castelar. Se descubrió que el 16 de julio habían participado, en una quinta en las afueras de Bragado, de una reunión clandestina. Para la policía allí habían planificado el atentado. No interesaron las explicaciones de los anarquistas que aseguraron que se habían reunido para recaudar fondos para editar un diario.

Hubo más detenciones. Algunos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo, otros encerrados en la comisaría de Bragado y hubo a quienes se les aplicó la ley de Residencia y fueron deportados. Era imperativo encontrar a los culpables para que no volviesen a repetirse hechos semejantes y para dar un mensaje contundente y aleccionador.

Las autoridades policiales, a cargo del comisario Enrique Williman, se propusieron entonces acusar y condenar de acuerdo a la ideología, sin prestar demasiada atención a las pruebas.

Cuando los tres anarquistas insistieron en su inocencia, llegó el momento de sacarle una confesión mediante torturas. A Vuotto lo ataron a una silla, los brazos en las espaldas, esposado y con una correa asida a las muñecas y a los pies. Con el cuerpo encorvado hacia adelante, se turnaban entre cuatro para pegarle en el pecho, a la altura del corazón. Cerca, un policía sentado en un escritorio, con papel y pluma, esperaba escribir la confesión.

Los golpes y las patadas en el vientre, mientras los ametrallaban a preguntas en jornadas interminables, lograron su cometido. Vuotto inventó un plan inverosímil que conformasen a los policías pero con los condimentos necesarios para que el juez lo rechazase por absurdo. Aun así negó haber despachado la encomienda fatal, lo que provocó que, esposado, fuera derribado a golpes de puño y arrastrado por el suelo tomado de los cabellos. Hasta le hicieron dos simulacros de fusilamiento.

Otro detenido, Rossini, para no ser torturado, trabó la puerta de la celda con sus propios dedos, destrozándose la mano. Y Juan Perutti, un dirigente radical, intentó cortarse la carótida con un pedazo de vidrio. Los vecinos que vivían en la manzana de la comisaría se estremecían por la noche al escuchar los alaridos de los torturados.

Los tres anarquistas fueron defendidos por Enrique Corona Martínez y por Carlos Sánchez Viamonte. El fiscal Juan Augé se había ensañado con ellos. Francisco Macaya, médico policial de 30 años -que vivía a la vuelta de la comisaría- tuvo la valentía de denunciar las torturas, luego de revisar a los detenidos. Pero el juez Juan Carlos Díaz Cisneros, recién ascendido y sin experiencia en justicia criminal, desechó su declaración, argumentando que había incurrido en falso testimonio.

Después de estar diez días en los sótanos del Departamento de Policía de La Plata, los trasladaron a la cárcel de Mercedes. Cuando denunció las torturas, un médico del penal le respondió que “alguien tiene que pagar el crimen cometido en Bragado”.

El ministro del Interior Matías Sánchez Sorondo expresó “¿quién puede creer que el general Uriburu, que los hombres que lo hemos acompañado en su gobierno, tengamos alma de torturadores?”

Mientras tanto, Vuotto le indicó a su esposa que con su hija Themis fueran a vivir con su madre, en la ciudad de 9 de Julio. Donatila ayudaba a su suegra en el amasado del pan, y recibía un peso por semana que le mandaba a su marido para su defensa. Cuando Donatila se repuso de una enfermedad que la mantuvo semanas internada, fueron a vivir a Flores, a la casa de una hermana de Pascual. Allí se ganaban la vida armando pantalones.

Nunca se pudo comprobar ninguna de las acusaciones que pesaban sobre estos anarquistas, ni apareció una sola evidencia. Si se comparan las confesiones de los detenidos -obtenidas mediante la tortura- no coinciden. Al mismo tiempo se puso en marcha una campaña de solidaridad en la que intervinieron sindicatos, centros culturales, partidos políticos de izquierda y otras agrupaciones que organizaron centenares de actos públicos y publicaciones denunciando la injusticia del caso.

El 31 de diciembre de 1934 fueron condenados a prisión perpetua, sentencia ratificada en diciembre del año siguiente. El 20 de mayo de 1941 la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó la pena y en diciembre de ese año la Corte Suprema de Nación dictaminó no intervenir.

Su esposa e hija vivieron en innumerables lugares, y Themis aprendió de muy chica a arreglárselas solas, ante las ausencias de una madre que se multiplicaba en los trabajos. La niña debió soportar, además, que en la escuela la señalasen como “la hija del asesino”.

Vuotto transformó su celda en una usina de comunicados, denuncias, panfletos y peticiones. A tal punto que cuando ya se hablaba del “proceso de Vuotto”, insistió en que se denominase “El proceso de Bragado”, porque sus compañeros también eran inocentes.

Cuando la campaña en favor de los anarquistas había crecido en el país y con repercusiones en el exterior -eran llamados los Sacco y Vanzetti argentinos- el gobernador Rodolfo Moreno decidió terminar con el asunto. Fue a su ministro Vicente Solano Lima a quien se le ocurrió la idea de conmutación de la pena a perpetua por la de 17 años de prisión, y brindarles libertad condicional y vigilada. El 24 de julio de 1942, después de once años de prisión, quedaron libres.

Fue en la ciudad de La Plata donde Themis pudo abrazar por primera vez a su padre en libertad. Vuotto, que había perdido la visión de un ojo a causa de las torturas, junto a su familia fue a vivir a Ciudadela y se empleó en Vialidad Nacional. Al tiempo su hija se independizó, se casó y tuvo hijos.

La cuestión se esclareció décadas más tarde, cuando un político conservador, Alfredo Chulivert, por entonces jefe de la estación Bragado confesó -antes de suicidarse- que había sido el autor del envío de la bomba.

Por iniciativa del diputado Guillermo Estévez Boero, el Congreso aprobó la ley 24.233 del 28 de julio de 1993, por la que desagravió los nombres de los tres anarquistas “por la injusta sentencia que recayera sobre ellos…” Vuotto no alcanzó a ver el resultado: falleció el 16 de febrero de ese año. Su esposa Donatila había muerto el 22 de febrero de 1988.

De Santiago Mainini dicen que luego se radicó por Pehuajó y que murió soltero y que De Diago vivió en Castelar.

Su hija Themis querelló por daños y perjuicios a la provincia de Buenos Aires, amparándose en la ley que establecía la injusticia de la sentencia. La justicia terminó concediendo a la mujer una pensión mensual equivalente a la que perciben los veteranos de Malvinas.

Themis, la del nombre que simboliza la Justicia, llegaba al fin de una larga lucha contra la arbitrariedad y el olvido.

Fuentes: Vida de un proletario (El proceso de Bragado), de Pascual Vuotto – Rodolfo Alonso Editor, 1975; El Proceso de Bragado, de Guillermo Estévez Boero – Cámara de Diputados, 1990; revista Caras y Caretas.