ONGs que defienden a personas con discapacidad rechazan cambios en el sistema de prestaciones básicas

Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las personas con discapacidad expresaron su “preocupación” y rechazo ante la posible eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones básicas, una medida que está bajo análisis por el Gobierno nacional.

En una reunión encabezada por Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, las ONG’s señalaron que la eliminación del nomenclador permitiría que cada financiador de salud fije sus propios aranceles. Según este sector, esta situación “afectaría la universalidad y calidad de la atención”, además de contradecir el “principio de progresividad” establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los representantes de las entidades enfatizaron que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en las decisiones sobre políticas que les afectan. En el sistema vigente, estas resoluciones se acuerdan en el directorio de prestaciones básicas definido para tal fin.

La postura del sector quedó definida en un documento conjunto titulado “Organizaciones contra la desregulación del Nomenclador”, que incluye a 67 agrupaciones que integran personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de derechos humanos como ASDRA, CASPRE, APRESDI, ASAC, Hablemos de Autismo, Devenir, FATRADIS, entre otras.

El documento expresa el rechazo a la modificación del decreto 1193/1998, que apuntan a eliminar el nomenclador único. Afirman que “actualmente el sistema de salud, incluyendo prepagas, obras sociales, y entidades públicas como Incluir Salud y PAMI, está obligado a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación, con aranceles regulados y unificados”.

En contraste, la propuesta del gobierno nacional -señala el texto- establece que “cada financiador del sistema de salud tiene la potestad de estipular su propio nomenclador”, lo que otorgaría a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que regula a obras sociales y Prepagas, al PAMI y a Incluir Salud, a establecer los valores que están dispuestos a pagar por estas prestaciones.

Además, las organizaciones advierten sobre el contexto de “desfinanciamiento del sistema de salud”, el incremento de las cuotas de medicina prepaga, y el riesgo de “pérdida de políticas de inclusión”. Y solicitaron ser incluidas en todos los proyectos destinados a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones.

También instaron al Poder Legislativo a avanzar en la aprobación de un proyecto que incorpore el nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901, para garantizar la igualdad en la calidad de los servicios y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Organizaciones contra la desregulación del Nomenclador

Los abajo firmantes: personas con discapacidad, familiares, representantes de organizaciones sociales que nuclean este colectivo, organizaciones de derechos humanos e instituciones que brindan servicios asistenciales, expresamos nuestro rechazo a la propuesta de modificación del Decreto 1193/1998 elaborada por el Gobierno Nacional, que busca eliminar el nomenclador único del sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En la actualidad, las prepagas, obras sociales y sistema público (Incluir Salud y PAMI) están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad. Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean. Por lo tanto, la existencia de un valor universal iguala la calidad de servicios, siendo que las personas con recursos altísimos o muy bajos reciben la misma prestación.

En contraposición, la propuesta de las autoridades nacionales que trascendió mediáticamente establece que cada financiador del sistema de salud tiene la potestad de estipular su propio nomenclador. Es decir, faculta a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que regula a obras sociales y prepagas, al PAMI y a Incluir Salud, a establecer los valores que están dispuestos a pagar por estas prestaciones.

Vemos con mucha preocupación esta modificación en tanto abre la puerta para la existencia de prestaciones de diversa calidad para personas con discapacidad con diferente tipo de cobertura. No perdemos tampoco de vista que esta medida es puesta en consideración en un proceso de desfinanciamiento del sistema de salud, de aumento de las cuotas de la medicina prepaga y donde peligra la continuidad de muchas políticas de inclusión orientadas a este colectivo.

Por estos motivos, rechazamos la mencionada propuesta y solicitamos nos convoquen para poder participar de todos los proyectos tendientes a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Cabe recordar que el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inc. O, afirma: “que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente”.

Requerimos además al Poder Legislativo que se avance en la aprobación de un proyecto que incorpore al nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901.