Este lunes se cumplen nueve años de la histórica movilización “Ni Una Menos”, realizada el 3 de junio del 2015, que cambió la historia de Argentina, América Latina y el mundo porque levantó la voz de las mujeres contra el abuso sexual, la violencia de género y el femicidio. Fue la marcha de la palabra porque nadie se quería ir de la plaza y las chicas, las grandes, las hijas, las nietas, las abuelas, contaban las historias que siempre habían callado y que, a partir de ese momento, formaron un huracán de relatos, protestas y demandas.
Después del enorme avance que implicó la masiva marcha, la conversación pública contra el acoso y la violación y el avance en leyes y programas, en el actual contexto se generó un enorme retroceso. El gobierno de La Libertad Avanza recortó un 33% el presupuesto de las políticas que apuntan a reducir la desigualdad de género, según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización feminista y apartidaria que trabaja promoviendo derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
Si una mujer está siendo golpeada y necesita pedir ayuda tiene que llamar para denunciar, solicitar refugio, pedir una abogada o acompañamiento psicológico. Pero ya no va a ser escuchada de la misma manera. Se redujo un 25,52% el presupuesto de la Línea 144. Si se tiene que ir de su casa para evitar ser asesinada, violada o pateada es fundamental que no esté sola. Sin embargo, el Programa Acompañar sufrió una caída del 80% en la ejecución interanual de su presupuesto. Salir de la violencia no es fácil. Y sin ayuda es casi imposible. No se trata de una política de ajuste o de austeridad. Se trata de dejar solas a las víctimas de violencia. La peor de las conclusiones: “Las mujeres en situación de violencia dejan de buscar ayuda”.
ELA estudió la implementación, a nivel provincial y municipal, de los principales programas que comenzaron a funcionar con el ya desaparecido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y que se encontraban vigentes hasta el 10 de diciembre del 2023. La conclusión es que se interrumpieron varios programas, se redujeron recursos humanos y financieros y que, además, faltan datos sobre el funcionamiento de la prevención de la violencia de género.
El principal problema es que las instituciones están gravemente afectadas para brindar atención y protección por falta de apoyo económico. En conclusión: si una mujer es golpeada y golpea puertas para dejar de ser golpeada se la cierran porque “no hay plata”. Y, lo peor, es que, con la puerta cerrada, tienen que volver al lugar donde las golpean y las pueden matar. Si hay inacción frente a la violencia de género hay responsabilidad por omisión.
Otro hit: aumentan los discursos de odio y la violencia hacia mujeres y LGBTI+. No es que es igual, es peor. No es que quedo afuera un Ministerio, es que se están quedando afuera las mujeres víctimas de violencia. No es que es inocuo: es un retroceso y un peligro para las mujeres que no pueden irse, tienen que volver a las casas donde las maltratan y suba el riesgo de femicidios. Por eso, ELA define la situación con un semáforo en rojo con la caracterización de “estado de alerta”.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir del decreto 86/2023 fue eliminado. Se creó la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género que fue paseada de cartera en cartera. En el sorteo de un área que se demuestra menospreciada, por la actual gestión, primero quedo en el Ministerio de Capital Humano y, a partir del 24 de mayo, en el Ministerio de Justicia, por el decreto 450/2024.
La responsable es Claudia Barcia que fue designada en febrero. Se publicitó que se trataba de un cargo ad honorem. Pero no es gratis. Ella era fiscal en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, no es que no cobra, sino que sigue ganando su sueldo y que pidió una licencia y un pase “en comisión”. Ya pasó el verano y el invierno es crudo, pero todavía no informa que programas van a continuar, con cuántos fondos y cómo se van a llevar a cabo. No da notas a la prensa y las reuniones con organizaciones dejaron un sabor amargo.
No hay estructura interna aprobada. La ley 26.485 estipula que se debe diseñar e implementar un Plan Nacional de Acción contra las Violencia para el 2024-2026. Pero no hay ni planes de plan. Ni respuestas a los pedidos de acceso a la información pública que son obligatorios de responder por el Poder Ejecutivo. Aunque los recortes, sí se notan. Todos los programas que pertenecían al Ministerio de Mujeres tuvieron una caída de, al menos, 50%.
El presupuesto nacional se redujo un 24,4%. Pero las políticas para las mujeres el doble. Si el país es una torta el gobierno de Javier Milei quitó un cuarto de fondos para solventar el país. Pero dejó sin la mitad de la torta (los fondos) para proteger la vida de las mujeres. Si todo lo que se hacía para frenar el gatillo machista contra las mujeres no alcanzaba, ahora directamente está paralizado el chaleco anti balas.
Las mujeres están más desprotegidas que antes de Ni Una Menos y más que nunca desde que la violencia de género es un tema de agenda pública. El programa “Acompañar”, creado por Decreto 734/2020, fue impulsado para fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género a través de apoyo económico y psicosocial. Se inició en septiembre del 2020 y, hasta noviembre del 2023, asistió a más de 352.000 personas de todo el país. Pero entre diciembre del 2023 y febrero del 2024 hubo, aproximadamente, menos de 8 mil incorporaciones.
Pero, además, Capital Humano (en crisis por la falta de reparto de alimentos) realizó los pagos del programa a 41.384 personas en enero y en febrero a 33.271 personas. ¿Hubo casi 10.000 víctimas menos o hubo un Estado que desamparó a casi 10.000 mujeres que contaban con ese recurso para salir de situaciones de violencia? En marzo todo empeoró: apenas recibieron el apoyo 25.013 personas. Ni pan, ni protección.
ELA apunta que hay una caída en la ejecución presupuestaria del 80% si se compara el primer cuatrimestre del 2024 con el del 2023 en valores reales. En entrevistas con funcionarias provinciales, de distintas fuerzas políticas, se informa que la comunicación oficial es que “la ayuda a las víctimas de violencia de género está frenada”. No se puede permitir un freno a la ayuda a mujeres que ya reciben golpes, cortes, insultos, abusos, empujones y descalificaciones. El freno no es freno, es un empujón al vacío.
Por otra parte, la organización Fundar expresó su preocupación, en el aniversario de “Ni Una Menos”, por “el congelamiento del presupuesto del programa Acompañar; el cierre del Programa Registradas, el achicamiento del equipo del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA); la eliminación de los proyectos de obra pública que impactan en el plan de creación de infraestructura de cuidados. Y que no existen datos actualizados del gasto público dedicado al cierre de brechas de género porque ya no se publica el presupuesto abierto”.
Amnistía Internacional también alertó sobre el riesgo del desmantelamiento de la prevención del embarazo adolescente: “A esto se suma la erosión del Plan ENIA que enfrenta recortes presupuestarios significativos. El Gobierno nacional desmantela una política efectiva que puso a las jóvenes en el centro con el acompañamiento de profesionales en centros de salud y en las escuelas y así logró la reducción de la tasa de fecundidad adolescente en un 49% y con ello combatir la reproducción intergeneracional de la pobreza”.
Además Amnistía sostuvo que “la falta de métodos anticonceptivos e insumos para acceso al aborto, ante la paralización de su envío por parte del Estado nacional, contribuye a profundizar la desigualdad entre las niñas y mujeres de nuestro país y pone en riesgo la salud, la vida y el futuro de las mujeres”. Y advirtió: “En contextos de crisis económica y social, la violencia de género se profundiza. Esta situación se ve agravada por narrativas que niegan la violencia de género, la falta de claridad sobre las políticas públicas y los recortes presupuestarios a programas necesarios”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina destacó: “Observamos con profunda preocupación cómo este gobierno, que es muy firme para tomar decisiones estructurales, con ese mismo énfasis corre del centro de la escena a las verdaderas protagonistas: las niñas y mujeres víctimas de violencia. A este diagnóstico se suma el aumento de discursos de odio y desinformación promovidos por autoridades nacionales”.
Ni Una Menos es Ni Una Menos. Ahora, el retroceso, desprotege a las que quieren salvarse, desalienta a las que quieren salir adelante, pone en riesgo a las que ya están en riesgo y es responsable de un aumento en la violencia hacía las mujeres. Por eso, es fundamental, que se escuche el grito que vuelve a pedir “Vivas nos queremos”.