Con reclamos al Gobierno, realizan una nueva marcha del Ni una menos: lugares y horarios

Hoy mataron a una mujer en Argentina. Mañana van a matar a otra. Y así cada 35 horas. Entre enero y mayo de este año ya fueron 127 las víctimas de femicidio. 152 días, 127 personas asesinadas por ser mujeres, por ser lesbianas, por ser travestis/trans, según el último informe del Observatorio de Femicidios que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Detrás de esos números hay historias de mucho dolor, hay familias destrozadas, hay hijos e hijas que quedaron sin mamá. Pero todavía más dramático es entender que, con algunas pequeñas altas y bajas, los números de muertas se mantienen estables desde hace por lo menos una década.

Así lo destaca el Registro Nacional de Femicidios que la Corte Suprema de Justicia difundió este viernes: “Los datos recolectados desde 2014 muestran una estabilidad considerable en las tasas de femicidios directos. De un inicial de 1,03 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en 2014, se pasó a una de 1,05 en 2023, sólo con niveles apenas menores en 2021 (0,99) y 2022 (0,96). Teniendo en cuenta los posibles subregistros de los primeros años y actualizaciones posteriores, en estos 10 años se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año”.

Los que matan, dónde y cuándo matan tampoco cambia. En el 88% de los femicidios ocurridos en 2023 la víctima conocía al agresor: en el 64% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 12% eran familiares ꟷpadres, padrastros, hermanos, suegros, ex padrastros, yernos, cuñadosꟷ, y también 12% tenían otro tipo de vínculo ꟷamigos, clientes, vecinos, compañeros de trabajo, empleadoresꟷ. Los fines de semana son los días más peligrosos para ser mujer: al igual que en años anteriores, casi todos los domingos de 2023 hubo un ataque femicida en algún lugar del país; y 3 de cada 4 tuvieron lugar dentro de una vivienda.

En diálogo con Infobae, la secretaria letrada de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, María Delia Castañares, comparte la complejidad del abordaje: “Con el Registro Nacional de Femicidios tratamos de brindar datos que puedan servir para la prevención. Por ejemplo, el hecho de que el 25% de los casos se perpetren con armas de fuego brinda un dato donde las agencias estatales pueden prevenir: proceder al secuestro de estas armas si una mujer denuncia que en los hechos de violencia son utilizadas es muy importante. Hacer estas preguntas al momento de tomar las denuncias también. Por otro lado surge que muchas medidas de protección no estaban vigentes. Contar, entonces, con patrocinios jurídicos especializados que sigan los casos una vez hechas las denuncias y hagan saber si el riesgo subsiste para prorrogar las medidas es muy necesario. Que los hechos mayormente ocurran los fines de semana por la madrugada y adentro de las casas nos habla de que todos como sociedad tenemos que estar atentas y atentos y no minimizar si escuchamos discusiones, gritos y que pidamos la intervención policial. Porque este es un tema donde la participación ciudadana sin dudas es tan necesaria como la acción estatal”.

Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), adelanta un panorama aún más desalentador: “Claramente, los números de femicidios todavía no reflejan un avance significativo. Pero hemos documentado y conocemos de manera directa cuántos casos sí se asistieron, cuántas mujeres sí pudieron salir de las situaciones de violencia, cuántas niñas y adolescentes crecieron en mejores condiciones. Lo que me resulta inexplicable es cómo imagina el Estado nacional que abandonando la gestión y el liderazgo de las políticas de prevención y atención de las violencias logrará un mejor resultado. La responsabilidad de las provincias y municipios no exime de responsabilidad al Estado nacional. Hace falta activar un plan de trabajo coordinado con las distintas jurisdicciones, con buena comunicación pública, dando a conocer el equipo de trabajo con el que cuentan y la planificación de las acciones que se propone para los próximos años de gobierno. La crisis económica sólo va a agravar la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres”.

Con el objetivo de conocer el estado actual de las políticas públicas contra las violencias por motivos de género, ELA investigó la implementación a nivel provincial y municipal de los principales programas que funcionaban con el anterior Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y que se encontraban vigentes cuando asumió Javier Milei.

Entre los resultados surge que: entre diciembre de 2023 y fines de febrero de 2024 hubo aproximadamente menos de ocho mil altas nuevas en el programa “Acompañar”, creado para fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género a través de apoyo económico y psicosocial; se redujo en un 25,52% la ejecución cuatrimestral del presupuesto vigente para la Línea 144, dispositivo que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas; y el actual Ministerio de Capital Humano no publicó hasta la fecha ninguna información sobre cuántas autoridades de cada organismo del sector público nacional realizaron la capacitación obligatoria en género y violencia de género que establece la Ley Micaela. El vocero presidencial Manuel Adorni, además, anunció la finalización de 619 contrataciones del Plan ENIA, la política pública que en tres años logró la disminución de casi un 50% de la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes.

Pero desde los movimientos feministas no sólo se rechaza que el Estado suelte la mano de las mujeres, de las lesbianas y de las travestis/trans. A nueve años del primer estallido social de Ni Una Menos, una de las grandes preocupaciones del momento son los repetidos ataques y ninguneos a la agenda de la igualdad de género por parte del Gobierno.

En el marco del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, Milei afirmó que la agenda del feminismo radical “solo devino en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico y darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad”; a fines de febrero se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en documentos de la administración pública nacional; la actual ministra Diana Mondino supo alguna vez comparar el matrimonio igualitario con tener piojos; y hace pocos días en conferencia de prensa Adorni caracterizó como “injusto” hablar de la agresión y crimen de odio de cuatro lesbianas en el barrio de Barracas “cuando la violencia es más abarcativa”.

Jesi Hernández es activista LGBT+ e integrante de Autoconvocades Lesbianes por Barracas, un colectivo que se formó luego de que Justo Fernando Barrientos prendiera fuego la habitación de un hotel familiar donde convivían dos parejas de lesbianas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron con el 75% de sus cuerpos quemados. Sofía Castro Riglos es la única sobreviviente de un acto motivado por el odio a su orientación sexual.

“La violencia hacia la comunidad LGBT siempre existió, pero en este tiempo se acrecentó porque tenemos personas en el poder que de alguna manera respaldan o fortalecen el pensamiento de odio hacia nuestra comunidad y así habilitan la agresión. Sentimos la violencia en las calles y se ve reflejado en nuestro cotidiano. Prenden fuego a cuatro compañeras por el simple hecho de ser lesbianas; en Catamarca tenemos el caso de Cucu, una lesbiana atacada a piñas por su jefe que terminó con el tabique desviado y pérdida de visión. No son casos aislados y provocan miedo porque lo primero que se me viene a la cabeza es que la próxima puedo ser yo. Que dormir con mi compañera se convirtió en un privilegio, que darse la mano o un beso en la calle también”, dice Hernández.

Hace años que Sandra Chaher sigue de cerca desde Comunicación para la Igualdad ꟷla organización que presideꟷ los vínculos intrínsecos entre los discursos de odio y la violencia física: “Los tratados de Derechos Humanos plantean que cuando hay un discurso de odio no necesariamente hay violencia física, pero que siempre la violencia física ꟷespecialmente si se trata de violencia hacia un colectivoꟷ está precedida por una estigmatización, por un discurso de odio anterior y estigmatizante. Otra variable importante es la posición del sujeto emisor. Así es que cuando Milei o uno de sus funcionarios hacen declaraciones públicas agresivas, el impacto social es muy alto porque precisamente legitiman la violencia”.

Una nueva convocatoria contra la violencia machista tendrá lugar este lunes 3 de junio a partir de las 16.30 horas en el Congreso, y durante todo el día en distintos puntos del país. La denuncia de desmantelamiento de las políticas de género, el pedido de justicia por la masacre de Barracas y el rechazo a la institucionalización de los discursos de odio figuran entre las principales consignas del noveno aniversario del Ni Una Menos, el grito social desesperado para que dejen de matarnos.