El abuelo de Lucio inició una campaña para que la Corte revise la absolución de la jueza que le dio la tenencia del niño a su madre

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa por su madre y la pareja, inició una campaña de recolección de firmas a través de Change.org para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la decisión de la justicia pampeana que, a fines del año pasado, absolvió y restituyó en sus cargos a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores Elisa Catán. Ambas intervinieron en los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio, tramitados entre marzo de 2019 y noviembre de 2020, un año antes del crimen. Y son quienes, en el marco de la pandemia y pese a las denuncias de hechos de violencia, le habían otorgado la tenencia del menor a Magdalena Espósito Valenti, la madre, y a Abigail Páez, su pareja, quien actualmente cumplen la pena de prisión perpetua por el crimen del niño.

Al jury que terminó con la absolución de Ballester y Catán el 22 de diciembre pasado, (integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las diputadas provinciales María Larreta y María Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina Garro y María Gaccio), las funcionarias habían llegado acusadas de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

“Hago un llamado urgente para que nos ayuden a rectificar esa grave injusticia”, pidió el hombre, que hasta el momento recibió el apoyo de unas 40 mil personas.

En su petición, Ramón Dupuy señala: “En noviembre de 2021, la vida de mi nieto, Lucio Dupuy, fue cruelmente truncada. A sus cinco años, fue víctima de abusos y maltrato a manos de quienes debían protegerlo, su progenitora y su pareja, lo que culminó en su trágica muerte. Este horrendo crimen no sólo devastó a nuestra familia, sino que también despertó a toda la nación sobre las graves falencias en nuestro Sistema de protección infantil”.

“A raíz de su muerte, se promulgó la “Ley Lucio”, destinada a fortalecer los mecanismos de protección para nuestros niños. Sin embargo, la creación de esta ley no es suficiente si las estructuras de corrupción judicial siguen intactas, permitiendo que tragedias como la de Lucio puedan repetirse”.

“La jueza Ana Clara Pérez Ballester, responsable de supervisar el entorno de Lucio y quien desoyó múltiples advertencias sobre su condición de maltrato, fue sobreseída y exonerada de toda responsabilidad por sus acciones”.

“Hago un llamado urgente a cada persona, cada padre, madre, miembro de la sociedad civil y organización, para que nos ayuden a rectificar esta grave injusticia. Les solicito que firmen y compartan masivamente esta petición. Necesitamos que la Corte Suprema de la Nación argentina intervenga para revisar el caso y considerar la destitución de la jueza Pérez Ballester”.

El abuelo lanzó la petición (https://www.change.org/LucioDupuy ) al cumplirse cuatro meses de la decisión del Poder Judicial de La Pampa de restituir a ambas funcionarias en sus cargos. En este sentido, señaló que la decisión “no solo es una afrenta a la justicia sino que perpetúa un peligroso precedente de impunidad y corrupción que erosiona la confianza en el sistema judicial”.

El proceso judicial que involucró a ambas funcionarias se originó luego de la separación de Espósito Valenti y Christian Dupuy, padre de Lucio. Esta separación llevó a la necesidad de resolver la tenencia del niño, ya que la madre estaba desempleada y el padre trabajaba en Luján, Buenos Aires. A fines de 2018, se planteó la posibilidad de que Lucio viviera con sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, en General Pico, La Pampa, acuerdo al que llegaron todas las partes involucradas.

Espósito Valenti autorizó a los tíos de Lucio ante el Juzgado de Paz de Santa Rosa para que temporalmente se hicieran cargo de él. Más tarde, Hidalgo solicitó la guarda judicial, motivada por requerimientos del jardín de infantes del niño. Esto llevó a que, tras la evaluación de testigos y un estudio socio-ambiental donde no se verificaron indicadores de violencia, la jueza, con el consentimiento de Catán, el 2 de julio de 2019 otorgó la tutela a Hidalgo.

La situación se complicó cuando, meses después, la madre pidió recuperar la custodia de Lucio. Espósito Valenti solicitó la custodia de su hijo, argumentando ante la justicia que había formado una nueva familia con Abigaíl Páez, alquilado un apartamento y comenzado un negocio de venta de pasteles. Esta solicitud desencadenó disputas y episodios violentos con los Dupuy en el transcurso del tiempo.

Hidalgo detalló que Espósito Valenti la amenazaba, diciéndole que sufriría consecuencias graves. Además, dijo que Lucio no expresaba deseo de ir con su madre. Ante esto, tanto ella como su esposo se negaron a devolver al niño, lo que llevó a que Espósito Valenti los denunciara y la policía interviniera para retirar al niño del cuidado de los tíos.

El 5 de febrero de 2020, se inició un proceso legal sobre el cuidado del niño. La primera sesión de mediación estaba programada para el 13 de marzo, pero Hidalgo no pudo asistir debido a que había dado a luz gemelos días antes. A finales de junio, las partes acordaron un régimen de visitas que no prosperó. Posteriormente, el 17 de julio de 2020, la madre volvió a la justicia para solicitar la revocación de la tutela. En ese momento, la relación entre ella y los Dupuy estaba marcada por conflictos y acusaciones mutuas.

Durante la pandemia y con restricciones de movilidad, Magdalena llevó a Lucio a Santa Rosa y desde entonces el niño no volvió con sus tíos. Esta situación motivó una nueva intervención judicial para resolver el conflicto.

El 28 de agosto de ese año, se llevó a cabo una audiencia entre las partes involucradas en la disputa por Lucio. En este encuentro se alcanzó un acuerdo y Espósito Valenti obtuvo la custodia definitiva de su hijo. Los tíos explicaron que accedieron a esto porque no podían tolerar más la situación y querían proteger a Lucio, quien a sus cuatro años había presenciado eventos desagradables que involucraban la intervención policial.

El acuerdo fue revisado y aprobado por Catán, y finalmente, Pérez Ballester lo homologó el 4 de noviembre de 2020.

En la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, Lucio fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su novia, presentando múltiples lesiones graves. Su estado era crítico y casi no tenía signos vitales. Los médicos no lograron reanimarlo y su fallecimiento fue confirmado pocos minutos después. Las mujeres, se comprobó luego en el juicio que se les siguió, mintieron ante los médicos, asegurando que habían sido víctimas de un robo y que los atacantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa llevó al personal del hospital a contactar a la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue por una “hemorragia interna” causada por las agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño tenía lesiones tanto antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo presentaba golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.

Ambas mujeres fueron sometidas a juicio. El 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa compuesto por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié condenó a Magdalena Espósito Valenti -la madre- y Abigail Pérez -su pareja- a prisión perpetua. En el primer caso, por ser  autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. La segunda, por ser autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento y culpable, además, de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser la guardadora y porque su víctima fue un menos de 18 años de edad. El 26 de septiembre de ese año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y le agregó, a la madre el delito de abuso sexual. Ambas mujeres se encuentran confinadas en el Complejo Penitenciario I  de San Luis.

El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709) que tiene como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.