Un comité de la OEA manifestó preocupación por garantías de las mujeres en Argentina

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron los ataques contra las defensoras de derechos humanos en Argentina y manifestaron su preocupación por las garantías para la protección a las mujeres.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte. Es un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El MESECVI ya había alertado sobre la violencia política contra las mujeres políticas y periodistas de Argentina y la reducción de las instituciones destinadas a luchar contra la violencia de género y la desigualdad estructural.

El pronunciamiento se suma a otros llamados de atención del organismo internacional que vela por los derechos humanos de las mujeres y alerta sobre la seguridad de las mujeres que luchan por los derechos humanos en Argentina. El comunicado se emitió desde la ciudad de Washington, en Estados Unidos, el 10 de abril del 2024. Es una instancia global y regional que marca un punto de preocupación por las garantías democráticas para las defensoras de los derechos humanos.

El comunicado se realizó a partir del ataque a la integrante de H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). La agresión se produjo el 5 de marzo. La denuncia policial se realizó el 6 y se comunicó el 21 de marzo. El MESECVI se había pronunciado ese día en la red social X (ex Twitter) pero, el 10 de abril, elevó el pronunciamiento a nivel oficial.

“No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso”, le dijeron dos hombres que la maltrataron y la agredieron sexualmente y dejaron una pintada en su casa con la sigla “VLLC” en referencia a “Viva La Libertad Carajo”. Le ataron los pies con alambre, la golpearon en la boca, la enmudecieron con una funda de una sábana, le vendaron los ojos y la manosearon y agredieron sexualmente con un arma mientras le apuntaban a la cabeza. “Este atentado contra la vida de nuestra compañera es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista”, sentenció el cominicado de HIJOS.

En la radio El Destape, el periodista Ari Lijalad entrevistó a la denunciante que contó: “Me insultaron, me amenazaron, me torturaron durante 20 minutos, me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar y que no hablara nunca más. Sacaron las armas y me apuntaron y pensé que mi vida iba a terminar ahí”. “La discusión tiene que estar siempre en el marco de la democracia”, resaltó ella.

En este contexto, el comunicado del MESECVI manifestó su “preocupación por los incumplimientos en las garantías de protección a los derechos de las mujeres frente a la violencia y la discriminación. La joven fue atacada en su casa por dos individuos armados que, en días previos, habían hecho averiguaciones sobre ella en la zona. Los atacantes dijeron haber sido pagados para matarla, abusaron sexualmente de ella y dejaron pintada en una de las paredes de su casa la consigna “VLLC” (Viva La Libertad, Carajo), frecuentemente usada por el presidente de la Nación”.

El Comité y la Relatora destacaron que “observan una proliferación de discursos, incluidos aquellos emitidos por las autoridades del Estado, que ponen en cuestionamiento los derechos humanos de las mujeres. Esto, unido al hecho de eliminar o rebajar de categoría a las instituciones o mecanismos de género, como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, envía un mensaje descalificador que puede impulsar este tipo de ataques”.

El Comité de Expertas y la Relatora, además, enfatizaron la importancia “que el hecho se produjera días antes del 24 de marzo, Día de la memoria por la verdad y la justicia, fecha nacional que recuerda los derechos humanos, donde las organizaciones de todo el país se manifiestan con la consigna: Memoria, Verdad, Justicia. Argentina cuenta con un extenso ordenamiento jurídico para proteger los derechos de las mujeres y adhiere a diversos compromisos internacionales en la materia”.

El Comité resalta que Argentina ratificó la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a implementar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer (en el artículo 7) y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y que la Convención tiene un mandato claro para los Estados parte: “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”

El MESECVI destacó que “el Estado debe garantizar una investigación adecuada, medidas de protección, reparación a la víctima, y sanción a los responsables. De igual manera, debe fortalecer las políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia y atender a las mujeres y niñas víctimas de ella, así como garantizar que ningún funcionario/a se manifieste de manera equívoca con relación a los derechos humanos, especialmente, al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.

El Comité de Expertas y la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres reclamó “que las investigaciones en curso se realicen de manera rápida y exhaustiva, identificando a los culpables y sancionándolos adecuadamente según los más altos estándares de los derechos humanos”. Y también destacaron que “consideran importante que todo el arco institucional sea contundente en su condena a los hechos”.

El 22 de febrero el Comité de Expertas ya había expresado su preocupación por retroceso en la institucionalidad de las mujeres en Argentina y lamentaron la decisión de “degradar” el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad al rango de Subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano y que lamentaron que “la nueva institucionalidad establecida en su reemplazo no cuente con las partidas presupuestarias necesarias para desarrollar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

En ese momento advirtieron su “preocupación por el discurso emitido desde las más altas autoridades, acompañado de varias iniciativas impulsadas desde los poderes públicos, que suponen un retroceso en los marcos legales e institucionales desarrollados por el Estado argentino para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

“Este Comité reconoce el extenso ordenamiento jurídico establecido por el Estado argentino para proteger los derechos de las mujeres, así como los compromisos internacionales adoptados que permanecen vigentes, y su participación activa en diversos foros e iniciativas relativas a los derechos de las mujeres. Sin embargo, ciertas propuestas impulsadas en recientes semanas generan inquietud, por cuanto suponen echar atrás los avances logrados por el país en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres”, subrayaron.

“El Comité de Expertas observa con inquietud, e interpreta como un retroceso, los intentos legislativos de cerrar instituciones y recortar el alcance o derogar las normativas que garantizan los derechos de las mujeres”. Además, el comunicado, “insta a las autoridades argentinas a no solo garantizar la continuidad de las instituciones, normas y mecanismos que protegen a las mujeres, sino a continuar fortaleciendo la institucionalidad de género en el país en cumplimiento con sus obligaciones internacionales”.

Por otra parte, también subrayaron que “en medio de un clima de crispación en torno a estas medidas, se hace un llamado a garantizar un debate plural, democrático y libre de violencias, en especial contra las mujeres con voz pública que son objeto de ataques basados en su género”.

El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité de Expertas del MESECVI también realizó un alerta sobre la situación de un país que había tenido una luz verde en avances para las mujeres y la diversidad sexual y que ahora encuentra una luz roja de parte de un organismo clave en la región. El MESECVI hizo foco no solo en las violaciones de derechos humanos sino en el retroceso en la cobertura periodística esencial para la libertad de expresión y las garantías democráticas.

“El Comité de Expertas del MESECVI reitera su preocupación por la situación de las mujeres periodistas en Argentina. Como pudo constatar este Comité en la visita realizada a la Argentina en marzo del 2023, los retrocesos en el ejercicio de su labor, la perdida de apoyos, la precarización laboral y los ataques de los que son víctimas, incluyendo amenazas contra sus vidas, han llevado a un proceso amplio de inhibición y autocensura”.

El retroceso de las periodistas y mujeres con voz pública es un alerta para el organismo de la OEA. “Periodistas y defensoras de derechos humanos son sometidas a hechos sistemáticos de violencia, lo que les obliga en muchas oportunidades a renunciar o apartarse de sus cargos, con el costo del silenciamiento de su voz y su mensaje y la limitación en el ejercicio libre de la profesión de informar sin ser víctimas de violencia”.

El Comité alertó sobre un mapa de una reacción que incluye violencia política, violencia sexual, violencia física, violencia mediática y violencia simbólica contra las mujeres en la primera línea de la información y del conocimiento público. Por eso, resaltaron: “En Argentina las mujeres lideresas políticas desde las más altas jerarquías hasta las mujeres que disputan liderazgo a nivel territorial; las periodistas que ponen en la agenda pública los temas de género; las sindicalistas y las defensoras de derechos humanos que defienden a mujeres, se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, frente a graves amenazas, violencia y obstáculos a los que están sujetas por el ejercicio de sus funciones o por la labor de informar sobre temas de género, pero sobre todo por el hecho de ser mujeres”.