Varias líneas de colectivos no salieron hoy a realizar sus recorridos habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una retención de tareas, en una medida que fue confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Lo único que podría evitar esta situación sería el depósito de las sumas que los trabajadores les reclaman a las empresas como parte de un aumento salarial. Sin embargo, los empresarios ya confirmaron que no están en condiciones de afrontar ese pago. En consecuencia, se concretó el paro de colectivos.
El vocero del gremio, Mario Calegari, explicó que “si aparece la plata, estamos dispuestos a trabajar”, en declaraciones a TN.
Desde la comisión directiva del gremio explicaron a Infobae que hay más de 400 líneas, gestionadas por empresas agrupadas en cinco cámaras, AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA. En ellas se trasladan 9 millones de pasajeros. Los choferes acudirán a sus lugares de trabajo, pero esperarán el depósito de las sumas que reclaman, de lo contrario, los recorridos no saldrán.
Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, ante la consulta de este medio, que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.
“Se informa al público usuario que la empresa pagó la totalidad de los salarios homologados y reconocidos por la resolución de costos 15/24. La abstención de tareas es una medida sindical que impide que el servicio se brinde de manera normal”, resaltó temprano esta mañana la empresa Moqsa en un mensaje en su cuenta de X.
Toda la situación derivó del último encuentro, vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí todos ratificaron sus posiciones.
“El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos, Nacional y Provincial, aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42%, y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, reza el documento que difundió la UTA a través de las redes sociales, mientras aún se desarrollaba el encuentro con empresarios y funcionarios de gobierno.
En consecuencia, el gremio adelantó que los choferes y empleados de las empresas de transporte se presentarán en la próxima jornada en sus puestos de trabajo, pero estarán aguardando que se les deposite las suman que reclaman. Pasadas las 16 horas la reunión concluyó y ambas partes mantuvieron su posición: los empresarios afirmando que sin mayores ingresos no podrán afrontar los ajustes salariales y el sindicato exigiendo que se cumplan los acuerdo previos. Volverán encontrarse el próximo lunes, a las 15 horas, nuevamente con el arbitrio de los funcionarios de la Secretaría de Transporte.
El sindicato sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos del mes de marzo, a cobrarse en abril.
Las empresas, en tanto, reiteraron que pagando $737.000 como básico por el mes de marzo, nada adeudan en materia salarial. En esa diferencia de $250.000 está el conflicto.
“Niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”, señalaron los dirigentes.
Sin embargo, las cámaras empresarias esgrimen que los costos de funcionamiento no les permiten afrontar esos pagos. y que la voluntad de asumir los aumentos estaba supeditada a los aportes del Estado. En esencia, los que dicen los propietarios de las empresas de transporte es que sus ingresos se han visto reducidos tanto por los subsidios que transfiere el Estado, como por las tarifas.
En la jornada del martes 9 de abril, por la tarde, hubo una reunión entre los referentes de las Cámaras empresarias y los funcionarios del área de transporte del gobierno de Javier Milei. Allí asistió el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro, quien afirmó que insistirán en que la tarifa vuelva a aumentar.
“¿Le han planteado a la Secretaría de Transporte que es necesario que vuelva a aumentar el boleto?”, interrogó una cronista al término de esa reunión en la Secretaría de Transporte. “Sí desde luego”, fue la respuesta de Fusaro. “No hablamos de números pero está claro que si el Estado está atravesando una situación muy difícil, y los colectivos tienen que salir a circular, de hecho el secretario fue claro, los servicios se tienen que prestar, alguien los tiene que financiar, lamentablemente las respuestas inmediatas no están sobre la mesa pero sí está claro que es necesario un aumento de tarifas, obviamente hay que evaluar cómo y cuánto”, explicó.
Además, el dirigente empresario aseguró cuál es la valor del boleto sin la asistencia de fondos públicos. “Un boleto sin subsidio es de 1200 pesos”, advirtió.