El niño estadounidense que espera justicia por un abuso sexual y la nota de la embajada para la Corte Suprema tucumana

“Me enteré que quieren que no valga el juicio del año pasado y que se haga todo de nuevo. Eso me hace sentir horrible. Desde hace muchos años que estuve esperando que se haga ese juicio y que él (Memo) vaya a la cárcel. Odio tribunales porque casi siempre recibo cosas malas de ahí y no puedo creer que lo quieran deshacer. También me enteré hoy que los mismos jueces de la corte dijeron que lo dejen libre sabiendo todo lo que hizo…”

El párrafo anterior es una pequeña parte de la carta que escribió B., un chico que hoy tiene 14 años, el 27 de marzo de 2022. Una década atrás, su abuelo materno, Guillermo Ernesto Gray, “Memo”, fue denunciado por Nicholas, el papá de B. (un ciudadano estadounidense) por abusar sexualmente de su hijo. Gray, que hoy tiene 67 años, en ese momento era el director de Obras Públicas de Tafí del Valle, en Tucumán, bajo el gobierno de José Alperovich.

Luego de siete eternos años, el 4 de mayo de 2021, la Sala 1 de la Cámara Penal de Tucumán condenó a 10 años de prisión a Gray luego de hallarlo culpable del delito de abuso sexual agravado por el parentesco y la convivencia. En vez de ir a prisión, permaneció en una celda de la Comisaría de Barrio Norte de Tucumán durante unos seis meses antes del traslado a la penitenciaría.

Parecía que pese al trauma de su primera infancia, B. podría encarar el resto de su vida en paz, con la tranquilidad de que su agresor estaba detrás de las rejas. Pero no.

La defensa de Gray interpuso un recurso de Casación. Y el 27 de diciembre de 2021, en una polémica decisión, la Sala en lo Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que preside Daniel Leiva e integran además Antonio D. Estofán y Daniel Oscar Posse, decidió declarar la nulidad de la sentencia condenatoria. Y pedirle a la Cámara Penal del Centro Judicial Capital que dictara un nuevo pronunciamiento. No por la cuestión de fondo (el abuso sexual), sino -dice el escrito- “porque la sentencia exhibe un vicio grave e insubsanable que la descalifica… al inobservar una formalidad esencial de su estructura”.

Según ellos, uno de los tres jueces del tribunal que condenó a Gray, Emilio Páez de la Torre -que votó en minoría-, “omitió expedirse sobre la calificación legal y la pena aplicable al imputado”. A partir de ese momento, Guillermo Ernesto Gray -vale reiterar: un hombre condenado por abusar sexualmente de su nieto- volvió a estar en libertad.

Esto provocó la reacción de la querella, representada por el dr. Juan Pablo Gallego, un abogado con experiencia en casos de abuso sexual, que llevó adelante la acusación contra el padre Julio César Grassi, por ejemplo. El letrado interpuso un recurso de queja que la justicia tucumana desestimó en forma “bastante arbitraria”, según él.

Entonces, con el apoyo de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de la doctora Marisa Grahan; el Comité Argentino de Derechos del Niño, presidido por Estela Carlotto; el Ministerio de Justicia de la Nación y el Observatorio de Víctimas de Delitos recurrió al máximo tribunal del país, la Corte Suprema de la Nación, que lo consideró procedente. Ésta lo envió al Procurador General, dr. Eduardo Casal, que fue lapidario con el tribunal tucumano: “En particular cabe poner de relieve el deber de los jueces de adoptar las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito y procurar que el daño sufrido por la víctima no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia…”.

“Casal dictaminó en forma contundente que debía hacerse lugar a mi recurso, lo cual finalmente hizo la Corte Nacional” le explicó Gallego a Infobae sobre el documento firmado el 29 de agosto de 2023 por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que desestimó la nulidad que decidieron Leiva y compañía. Para Gallego, en Tucumán, “por una cuestión formal casi hicieron desaparecer el juicio. La Corte hizo lugar a nuestro recurso en forma unánime y anuló la decisión anterior en términos muy duros. Pero ya pasaron seis meses de eso. Cuando un tribunal superior revoca una decisión de otro inferior, lo que debe hacer éste es cumplir lo que le indican en un tiempo razonable. Creemos que la Corte tucumana busca por todos los medios favorecer al acusado, que no llegó a cumplir ni un año en prisión”.

El letrado cuenta que el plazo que tiene la corte tucumana para tomar una decisión con respecto a Gray es el 1 de marzo. Queda menos de una semana. Y existe una inquietud. ¿El máximo tribunal de la provincia podría pedir que el juicio se hiciera de nuevo? Responde Gallego: “Es una posibilidad, pero sería un disparate enorme”.

Esa falta de resolución y la libertad del abusador ya condenado escaló a un nivel que, seguramente, la justicia tucumana jamás imaginó. Como el niño B. tiene ciudadanía estadounidense por parte de su padre, la embajada de ese país se introdujo en la discusión. Y envió una nota fechada el 1 de febrero de 2024 al ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que encabeza Mondino. Allí, con tono diplomático pero firme, le pide explicaciones en referencia a la causa Nro. 19837/2013 (la que terminó condenando a Gray) y los recursos extraordinarios que presentó el padre del niño ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la misiva, señalan: “La Embajada acompaña las inquietudes de la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y otros organismos argentinos en cuanto a las largas demoras en búsqueda de justicia y responsabilidad por el delito cometido. La Embajada respetuosamente expresa su interés en este caso y confía en que la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán facilite la aplicación de justicia al tiempo de garantizar la protección de los derechos y bienestar del niño ciudadano estadounidense”. Además, solicitan que la corte tucumana “dé respuesta a la presente Nota Diplomática”. Por último, señalan que tanto la Argentina como los Estados Unidos suscribieron a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, cuyo artículo 5 señala que una de las funciones que tienen es “proteger los intereses de sus nacionales” y “representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor”.

El 22 de febrero de 2024, el Presidente de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva -que hace poco más de tres años fue denunciado por prevaricato al solicitar a un colega de primera instancia que “lleve un poco lento” un expediente contra el legislador Ricardo Bussi- le respondió con otra nota y en forma escueta a la Cónsul a cargo de la Sección Servicios al Ciudadano Estadounidense en la Argentina, Lea Rivera. El magistrado, que hace y defendió el rol del tribunal: “Lo actuado respeta los estándares nacionales e internacionales vigentes en materia de debido proceso, los cuales protegen los derechos de todas las partes involucradas en el juicio, garantizándoles magistrados imparciales, independientes y libres de injerencias indebidas”.

Este lunes 26 de febrero, los querellantes de Gray, con el dr. Gallego a la cabeza harán una presentación ante la Cancillería argentina.

Los hechos que denunció el padre de B., según la causa, sucedieron en Tafí del Valle entre abril de 2013 y abril de 2014. Quien se dio cuenta fue el padre del niño, que notaba marcas de golpes cada vez que su hijo regresaba de la casa del abuelo. La madre, por increíble que parezca, se puso de parte de Gray -su padre- y participó de su defensa.

Las pruebas contra Gray se acumularon, Los signos compatibles con abusos fueron confirmados por el Hospital de Niños y los médicos forenses de la Policía en abril de 2014. Una pericia médico-legal desarrollada por el perito Pascual Rousse comprobó las lesiones en las partes íntimas del niño.

En un audio del año 2017, B. pide que no lo vinculen más con su abuelo: “Ayer por la noche me enteré de que la jueza ordenó que vuelva a Tucumán por una visita. No, no quiero eso. (...) Memo es una persona muy mala. Me hacía cosas muy malas. Me retaba, me metía el dedo en la cola, me apretaba el brazo, me ponía de plantón, espantoso. Por eso me quiero quedar a vivir con mi papá”.

El Dr. Gallego señaló entonces que “el relato en la Cámara Gesell del niño es clarísimo y abrumador. Describe al abuelo como el agresor, describe la escena del crimen, el domicilio del abuelo materno, describe los lugares”.

En el expediente quedó asentado que Gray le “pegaba”, lo “retaba” y hasta lo “amenazaba con tirarlo dentro de volcanes”. Uno de los dibujos hechos por el menor durante los peritajes lo reflejó casi de manera exacta.

También la actitud del Poder Judicial hacia el chico fue condenable. Lo citaron 37 veces a declarar. Según el abogado querellante, “lo revictimizaron incansablemente”. El propio B. envió una carta escrita de puño y letra en la que expresó su malestar por los constantes llamados para que repita lo que dijo una y otra vez: “Me enojó bastante que me sigan llamando después de que ya me hayan llamado miles de veces y cada vez que voy ni siquiera me escuchan o no les importa mi opinión. Yo ya dije mil veces lo que me hizo mi ex abuelo”.

En la carta que escribió en marzo de 2022, el chico pide: “Quiero que me ayuden todos los que puedan ayudarme acá en Argentina y también en Estados Unidos, porque me dieron la ciudadanía y fueron muy buenos conmigo. Espero que me puedan ayudar porque ya quiero olvidar todo esto y vivir tranquilo”.