Casas sin terminar, contaminación y obras paralizadas: el reclamo de Villa Jardín, uno de los barrios populares más antiguos

En la junta vecinal de Villa Jardín, un barrio popular ubicado en Lanús Oeste, los habitantes se reúnen todos los jueves a tomar mate y discutir los problemas que ven y viven en la zona. Muchos de ellos nacieron en el barrio y nunca se fueron. De hecho, algunas de sus familias han vivido allí durante generaciones, desde el momento en que Villa Jardín se comenzó a formar en 1940.

Un tema de conversación central de sus charlas semanales es la situación habitacional que se vive en el barrio. Muchas personas viven en casas de chapa, sin servicios básicos como agua potable, luz, o una red cloacal eficiente. Otros viven en pasillos, callecitas estrechas que separan las viviendas, y donde frecuentemente existen bocas cloacales y se acumula la basura comunal.

“La salida del agua la limpiamos nosotros mismos, pero igual se junta”, contó una madre joven, acompañada por su bebé. “Cuando llueve se va todo para dentro y revientan los baños”.

Otro vecino asintió con la cabeza y agregó: “Se vive mal. Hay que hacer el aguante porque aparecen olores muy feos. No se pueden poner caños grandes porque hay poco espacio”.

La sensación general de la charla es de indignación y de rechazo hacia las condiciones habitacionales en las que viven los vecinos. Entre todos, comparten un deseo profundo de poder urbanizar el barrio donde se criaron y donde muchos decidieron criar a sus hijos.

La situación en Villa Jardín es particularmente agravada por su ubicación geográfica, dado que queda a pasos de la Cuenca Matanza-Riachuelo, un río reconocido por su grado alarmante de contaminación. De hecho, desde la década de 1970, el río constituye uno de los problemas ambientales más grandes del país, afectado por los desechos industriales depositados en él, la acumulación de aguas residuales como consecuencia de la falta de redes cloacales, y el depósito de residuos sólidos urbanos de origen domiciliario provenientes de las áreas urbanas que lindan con el río.

La degradación ambiental del río es el producto de “un proceso de desarrollo no planificado que trajo a su vez como consecuencia un crecimiento urbano incompatible con su entorno inmediato, desde las primeras poblaciones hasta la actualidad”, informó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un organismo interjurisdiccional que se creó en 2006 para atender a la preocupante situación ambiental de la cuenca y su entorno.

El problema ambiental se agrava por la expansión de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que abarca una superficie de alrededor de 2.047 kilómetros cuadrados y es una de las áreas más densamente pobladas de la Argentina, con casi cinco millones de personas, más del 10 por ciento de la población del país. El río atraviesa 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.

Los vecinos de Villa Jardín vienen esperando una reurbanización del barrio desde hace décadas. Alfredo Verthi, un vecino de 50 años que participó de la charla vecinal, nació y vivió toda su vida en Villa Jardín, y actualmente vive a una cuadra del Río Matanza-Riachuelo explica un poco la situación.

“La promesa de urbanización de Villa Jardín fue desde siempre. A partir de la gran inundación que hubo acá en el ‘67, se empezó a hablar de la relocalización de la villa”, contó Verthi. “Entonces siempre estuvo presente la idea de que en algún momento iban a venir y te iban a sacar para llevarte a otro lado. En un momento, eso se estancó y no se hizo realidad, el barrio empezó a crecer, y los vecinos empezaron a construir casas más grandes, hacia arriba”.

El nivel de contaminación del río llegó a su punto de culminación en 2004, cuando un grupo de vecinos del barrio Villa Inflamable, ubicada en la localidad de Dock Sud, en Avellaneda, presentaron una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y una compensación económica por los daños y perjuicios provocados.

La profesional que encabezó la acción judicial, Beatriz Mendoza, era psicóloga social y prestaba servicios en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda y en distintas unidades sanitarias del área contaminada. Mendoza, junto a los demás profesionales implicados, presentó niveles elevados de fenoles y de ácido hipúrico en su orina, dos indicadores de exposición a solventes químicos que, aún en baja cantidad, son perjudiciales a la salud. Según el expediente, Mendoza presentaba “irritación ocular con edema de párpados e irritación de vías aéreas superiores, cefaleas, sinusitis, caída de cabello desde 2001. También descamación de uñas, descamación furfurácea de piel, parestesias de miembros superiores e inferiores, trastornos de memoria y poca concentración. Se asigna su cuadro a intoxicación con hidrocarburos”.

La demanda judicial original que se presentó ante la Corte Suprema en 2004

Entre los vecinos afectados de Villa Inflamable y mencionados en el expediente, varios eran menores de edad. La mayoría de ellos presentaron niveles elevados de plomo en sangre, contaminación de hidrocarburos, intoxicaciones crónicas, entre otros severos trastornos de salud –a veces irreversibles– producidos por la exposición prolongada a la contaminación de la cuenca.

“Los vecinos le demandan a la Corte que intervenga frente a esta situación prolongada en el tiempo que venía desde hace muchos años, sobre todo de profundización de la contaminación, especialmente por la serie de empresas contaminantes que se ubican en los márgenes de este río”, contó Leonel Bazán, abogado especialista en derechos humanos y políticas públicas que participó en una investigación de la Universidad Nacional de Lanús que evaluó la implementación de los mandatos de la Corte en Lanús y en Lomas de Zamora. “La cuenca a su vez tenía un efecto especialmente grave para todos los barrios populares que se encontraban, muchos de ellos, prácticamente en la orilla del Río Matanza-Riachuelo y que se veían especialmente afectados en su salud por estar expuestos a todos los agentes contaminantes de la cuenca”.

En el 2008, en lo que se vino a conocer como la “Causa Mendoza”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico reconociendo el reclamo de las familias afectadas y ordenó a la Nación, la Provincia y la Ciudad el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

“La Corte en esa decisión los considera responsables de la contaminación y de la vulneración de los derechos a estos actores estatales de las diferentes jurisdicciones y los condena a que tomen cartas en el asunto”, agregó Bazán. “Establece una serie de mandatos fundamentales que se deben cumplir, entre ellos tomar las medidas necesarias para avanzar en mejorar la condición de vida de estas personas y adoptar todas las políticas necesarias para revertir la situación de contaminación ambiental de la cuenca, tanto en materia de limpieza de los márgenes como en avanzar también en programas y políticas para dotar de servicios esenciales de saneamiento para que el río tampoco funcione como el lugar del desagüe cloacal de los barrios populares”.

Un pilar fundamental de este plan de saneamiento fue la relocalización de los vecinos inmediatamente afectados y la urbanización de los barrios populares en estrecha proximidad de la cuenca. Fue así que se firmó también el Convenio Marco “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo” en el 2010 donde todas las partes involucradas en la Causa Mendoza acordaron definir el plan general de urbanización de las zonas directamente afectadas.

De acuerdo al Convenio Marco, se determinó que se reubicarían y urbanizarían un total de 27 barrios en siete partidos de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown (8), Avellaneda (3), Esteban Echeverría (3), La Matanza (3), Lanús (7), Lomas de Zamora (1) y Merlo (2). En Lanús, esos barrios son Villa Jardín, Villa Talleres, La Maquinita, Barrio Néstor Kirchner, 10 de Enero, Fabricaciones Militares y ACUBA.

En el 2010, la Corte Suprema ratificó que la competencia en los casos donde se reclama el daño socioambiental de la cuenca era del Juzgado Federal de Quilmes. En ese momento, se decía desde la Defensoría General de la Nación que bajo dicho juzgado hubo un grado muy bajo de participación de parte de los vecinos, provocando un fuerte movimiento entre los habitantes afectados.

En 2012, la competencia de la causa fue trasladada al Juzgado Federal Nº2 de Morón y, bajo éste, hubo un cambio de paradigma donde se los empezó a involucrar más a los vecinos en el proceso de urbanización de sus barrios.

Dos años después, la Defensoría General de la Nación creó el Equipo de Trabajo Río Matanza-Riachuelo para garantizar un acceso integral a la justicia de las personas que deben relocalizarse o que su barrio se encuentra en proceso de urbanización en el marco de la Causa Mendoza.

Villa Jardín, Fabricaciones Militares y el Barrio Néstor Kirchner son barrios vecinos. En enero de 2017, y como parte de la ejecución de la sentencia de la Causa Mendoza, se relocalizaron 174 familias que vivían sobre la ribera de Villa Jardín al predio lindero de Fabricaciones Militares, de acuerdo a la Defensoría General de la Nación. Hoy, todavía faltan relocalizar en dicho predio al menos 355 familias de dos sectores de Villa Jardín una vez que se terminen las obras comprometidas por el Marco Convenio del 2010. A su vez, más de 200 familias de otros dos sectores de Villa Jardín deberán mudarse al Barrio Néstor Kirchner.

Bajo el Convenio Marco, también se estableció que se relocalizarían a 28 familias del barrio San Francisco, también de Lanús. Se determinó que se mudarían al Barrio Néstor Kirchner, un predio proyectado para la construcción de 249 viviendas. Sin embargo, debido a problemas contractuales del municipio con la constructora, la obra estuvo paralizada durante cuatro años luego de la entrega de las 28 viviendas. Como producto de la paralización, se generó un abandono completo del predio. En el expediente judicial que presentó la Defensoría General, los vecinos expresaron lo siguiente:

“Desde que fuimos relocalizados en el marco de la Causa Mendoza, venimos padeciendo necesidades básicas insatisfechas tales como problemas de abastecimiento de agua corriente; el colapso de la planta de tratamiento cloacal por falta de mantenimiento; el deterioro absoluto del espacio público por abandono de materiales de obra, falta de fumigación y cortado del césped (causal principal de la presencia de roedores y otras plagas); problemas graves de seguridad en el predio y la falta de transporte público debido a que las líneas no respetan la parada que existe en la puerta del barrio”.

Por último, en el predio de Fabricaciones Militares, que está ubicado en Villa Jardín, el Convenio Marco destinó la construcción de un total de 529 viviendas. De las 174 familias que fueron relocalizadas al predio desde Villa Jardín en el 2017, a partir del primer día de mudanza, casi la totalidad de las familias relocalizadas realizaron reclamos por desperfectos en sus viviendas. Desde la Defensoría General, se solicitó la reparación de dichas fallas constructivas estructurales y en el 2019 el juzgado dio lugar al pedido de las reparaciones.

“En los últimos cinco años, estuvieron casi todas las obras paradas”, contó Mariano Gutiérrez, abogado y líder del Equipo Riachuelo de la Defensoría General de la Nación. “Un problema con el cambio de gestión en el 2016 fue que el gobierno municipal cortó los contratos con las empresas anteriores. Eso paralizó las obras por mucho tiempo, después no hubo financiamiento, y después cuando el financiamiento post-pandemia reapareció, ya los contratos estaban caídos, o el municipio le había cortado el contrato, la empresa estaba en juicio contra el municipio por falta de pago, y entonces se estuvo durante mucho tiempo en un gap de falta de obras”.

Verthi participó de manera activa a lo largo de todo proceso de urbanización de Villa Jardín. Estuvo presente en las audiencias públicas organizadas por ACUMAR y por el Juzgado Federal, reclamando la lentitud del proceso de construcción de las obras y la falta de servicios básicos que siguen existiendo en el barrio.

“Se ven viviendas que en cierta forma se están haciendo, pero están estancadas y no se entregan”, agregó. “Tampoco hubo un cambio dentro del barrio, que continúa siendo la misma villa de siempre con sus pasillos, con sus ratas, con sus desagües a cielo abierto, con sus basurales, en ese sentido no hubo ningún cambio”.

En el 2022, se aprobó un convenio tripartito entre ACUMAR, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y el Municipio de Lanús para la instalación y operación de un sistema de tratamiento cloacal en el Barrio Néstor Kirchner, donde ya estaban en marcha las obras de construcción de 249 viviendas para los vecinos de Villa Jardín.

En ese momento el barrio contaba con un sistema de plantas desvinculadas que impedían el correcto funcionamiento de las cloacas.

“Como no llegaban las redes de cloacas acá, el juez anterior había prohibido que se hagan plantas desvinculadas porque habían funcionado muy mal, siempre se desbordaban. Pero en este caso el municipio le pidió como favor especial al nuevo juez de Morón un permiso para hacer una planta de tratamiento cloacal para el Barrio Néstor Kirchner así podía avanzar con esa relocalización”, contó Gutiérrez. “Hicieron la planta cloacal, efectivamente nunca anduvo, siempre desbordó heces fecales y aguas cloacales, siempre estuvimos litigando para que la arreglen y siempre era un problema. Entonces el Barrio Néstor Kirchner tiene este problema de que encima de ser pocas las familias que se mudaron, hay casas vacías sin entregar y sin construir, y conviven con una planta cloacal que no cumple su función y que desborda”.

Verthi vive a pocos metros del Barrio Néstor Kirchner, y su fe en que se completen las obras se ve cada vez más disminuida.

“El barrio ese hace años que le llevan un camión cisterna, le llenan un tanque y ese tanque le provee agua. Estoy casi seguro de que todo va a seguir en la nada”, expresó. “También pusieron una grasera que está pegada al proyecto de viviendas del fallo Mendoza. Entonces por un lado te sacan de la contaminación del Riachuelo, y por otro lado te habilitan una fábrica que contamina que está pegada a las viviendas. Es muy contradictorio”.

Desde la Defensoría confirmaron que recién el año pasado comenzaron obras de refacción para remediar los problemas cloacales que existen en el Barrio Néstor Kirchner. Antes de que llegar este momento, los vecinos ya habían pasado diez años sin servicios cloacales.

Cuando Infobae se comunicó con AySA para conocer el estado actual de las obras, la empresa contestó que “es una obra bajo el sistema de construcción de Obras por Cuenta de Terceros (OPCT), que está llevando a cabo el Municipio de Lanús. AySA solo recibe la obra una vez finalizada, para su operación y puesta en servicio. Cualquier información relacionada a la misma, deberá solicitarla a la Municipalidad”.

Al contactarse con la Municipalidad de Lanús, Infobae no recibió respuesta alguna sobre la cuestión.

Bajo el Convenio Marco de 2010, el predio de la ex-empresa de Fabricaciones Militares fue destinado para la construcción de viviendas para los vecinos de Villa Jardín. Hoy en el predio se ven varias viviendas casi completadas, pero vacías.

“Son obras que están con convenio vigente y están adjudicadas, con lo cual, si bien el gran problema que venía manifestando el municipio de la empresa era la vandalización de las obras, eran obras que tienen primero, seguridad de gendarmería, y después como son obras adjudicadas, la seguridad está a cargo de las empresas que a su vez contratan seguridad privada”, contó Agustín Garone, integrante del Equipo Riachuelo de la Defensoría General de la Nación. “Entonces, está de alguna forma contenido. Si existieran los fondos, son casas que se pueden reactivar rápidamente. Depende un poco de la voluntad y del flujo de financiamiento”.

De todos modos, hay un consenso general entre los vecinos de Villa Jardín y el Equipo Riachuelo que el predio de Fabricaciones Militares fue mal aprovechado por varias razones.

“Desde el municipio, se acuerda poner a disposición en conjunto con Nación, esas tierras de Fabricaciones Militares para llevar adelante el proceso de integración socio-urbana del barrio Villa Jardín”, contó Bazán. “Pero como nosotros pudimos ver en la investigación, eso enfrenta una serie de inconvenientes, demoras y suspensiones que fueron objeto incluso de reclamos judiciales por parte de los vecinos”.

Uno de los inconvenientes más grandes fue la construcción del Puente Lacarra-Olímpico, que hoy conecta a Lanús con la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo que sucede es que en 2016, se enteran los vecinos y vecinas por los medios de comunicación que se preveía utilizar parte de esas tierras linderas al barrio, no solo para construir las viviendas que ya estaban en proceso de ejecución, sino también para hacer la bajada del puente”, agregó Bazán.

La plausible construcción del puente no era una noticia nueva. De hecho, se venía hablando del proyecto desde la época del ex-intendente lanusense Manuel Quindimil, quien dejó su cargo en el 2007. El puente original iba a estar a unos 400 metros del predio de Fabricaciones Militares, más cerca del lado de Lomas de Zamora donde se empalman las arterias principales, explicó Garone.

Esta noticia provocó un fuerte rechazo de parte de los vecinos, que venían esperando la entrega de las viviendas desde el 2010. A través de la Defensoría General, iniciaron una acción judicial solicitando una medida cautelar, donde plantearon no solo que la obra afectaba el derecho al hábitat digno de las familias, sino que la construcción del puente produciría una dispersión de los contaminantes que genera la remoción de barros del lecho del Riachuelo. Pese al esfuerzo, el pedido fue desestimado por el juzgado de ejecución.

“Finalmente se construyó el puente, se inauguró, y la bajada del mismo justamente fue realizada en parte de estos terrenos de lo que fue la ex-Fabricaciones Militares, a pesar de la resistencia vecinal”, concluyó Bazán.

Indignado, Verthi agregó: “Son muchos los temas que por decisión política se conjugaron para perjudicar a Villa Jardín. Todos estos planteos que estoy haciendo ahora se los hicimos en su momento, y así todos decidieron hacer cosas en perjuicio de los vecinos, y el barrio sigue siendo lo que siempre fue”.

Otro tema fue la inauguración del Polo Educativo en octubre de 2017, también ubicado en Fabricaciones Militares. En la página web de la Municipalidad de Lanús, explican que el polo incluye sectores educativos para jóvenes y capacitación en oficios para adultos, y que uno de los objetivos principales del espació será “asociar educación y trabajo mediante más herramientas para los jóvenes y adultos de Lanús; de esta manera, podrán reinsertarse en el mundo laboral y acceder a distintas oportunidades que mejorarán su calidad de vida”.

Aunque los vecinos de Villa Jardín reconocen la importancia del acceso a la educación y aprovechan de los servicios que les brinda el Polo Educativo, muchos rechazaron su construcción en el terreno destinado a la construcción de viviendas bajo el marco de la Causa Mendoza. Cabe señalar que en Villa Jardín no hay una escasez de institutos educativos. De hecho, hay dos escuelas en el barrio ubicadas a tres cuadras del Polo Educativo.

“En principio el barrio no lo necesitaba porque en una circunferencia de cinco cuadras podías encontrar seis colegios, privados y estatales, jardines de infantes– no había una necesidad de un polo educativo. Si había una necesidad, era de urbanización; de relocalización de viviendas”, contó Verthi, quien estuvo entre los vecinos que se movilizaron para protestar el proyecto. “Entonces por eso nos oponíamos, aunque parecía un desacierto oponerse a una escuela. Sin embargo, hoy la mitad de lo que es Fabricaciones Militares está ocupado por establecimientos educativos y canchas de fútbol y no hay posibilidad de que se pueda hacer una vivienda más a la gente que sí lo necesita– y como se ve, hay muchísima gente que sí lo necesita”.

Gran parte del problema que genera la dedicación del territorio de Fabricaciones Militares a proyectos no relacionados al hábitat no solo tiene que ver con el incumplimiento de la entrega de viviendas en el marco de la ejecución de la Causa Mendoza, sino que también está implicada la densificación de la población de Villa Jardín a lo largo de los años.

“La cantidad de viviendas que se había previsto originalmente ya no resultaba suficiente porque imaginemos entre que se dictó la sentencia de la Corte en 2008, entre que se suscribe el convenio de la construcción de viviendas en 2010, y cuando se desarrolla el conflicto del Puente Lacarra, habían pasado muchos años y se había dado un incremento poblacional, entonces la cantidad de viviendas ya no era suficiente”, explicó Bazán. “Demandaban que se utilice justamente esas tierras de la ex-Fabricaciones Militares para complementar con nuevas viviendas las que ya estaban previstas”.

Un componente fundamental de la urbanización de Villa Jardín era la erradicación de los pasillos estrechos que dividen las casas para poder lograr una apertura de calles. Estos pasillos dificultan el acceso de ambulancias, camiones de bomberos y recolectores de residuos, paralelamente incrementando el riesgo ambiental y sanitario para las personas que ya viven en situación de pobreza.

“Lo que contemplaba el proyecto era que se abriera la calle y que hubiera acceso para servicios. Si tenés acceso mediante una calle, todo eso tiene solución. A raíz de que sacaron esas viviendas, hoy ya no hay cambio para la villa, la villa va a seguir siendo villa. Va a seguir teniendo sus pasillos, va a seguir teniendo sus desagües a cielo abierto. No influye en nada lo que se está haciendo, porque se dejó pasar mucho tiempo”, lamentó Verthi. “Hoy la gente creció hacia arriba y donde había una vivienda ahora hay tres. Hoy el barrio tiene alrededor de 20.000 habitantes. Las viviendas que se prometieron en Fabricaciones Militares hoy simplemente cubren la necesidad de la mitad de la gente, entonces hay una mitad de gente que se queda sin vivienda por la densificación poblacional que hubo en este barrio durante los últimos 15 años”.

Una vecina que participó de la charla organizada por la junta vecinal contó que vive sobre una calle con esquina a un pasillo. “A nosotros nos prometieron desde hace años que nos iban a sacar los pasillos y que íbamos a ser frentistas. Quedó en la nada. No pude edificar por el miedo a malgastar plata”, contó.

Hoy por hoy, esa vecina y su hijo se quedaron sin la vivienda que les fue prometida hace años.

“Si tenés que abrir calles para poder reurbanizar un barrio, lo que hay que hacer es relocalizar las viviendas que están ocupando ese imaginario trazado de calle. Para esas viviendas, les tenés que encontrar un nuevo lugar para vivir– cerca preferiblemente”, agregó Gutiérrez.

En 2018, la Corte Suprema advirtió que el nivel de cumplimiento a ocho años de la firma del Convenio Marco del 2010 era alarmantemente bajo, llegando tan solo —y sin considerar el crecimiento poblacional— al 22 por ciento del total de las soluciones habitacionales comprometidas.

“Se está incumpliendo el fallo”, acertó Gutiérrez. “De hecho, hace un par de años, el Juzgado Federal Nº2 de Morón le ordena a la Nación que un tercio de todo el presupuesto dedicado a obras de vivienda en la cuenca sí o sí tienen que ir para las casas del Riachuelo. hasta donde sabemos, tampoco se cumplió eso”.

El financiamiento de las obras ordenadas en el marco de la Causa Mendoza proviene de la Nación, pero es responsabilidad del Municipio de Lanús organizar la ejecución de las obras y la utilización de los fondos.

“El circuito general en la Causa Riachuelo es directo de Nación a municipio. El Convenio Marco, lo que hacía era delegar en los municipios, primero la elección de en qué barrios iban a intervenir y de cuál era el destino del barrio, si era relocalización, reurbanización, etc.”, explicó Gutiérrez. “Eso quedó liberado en la decisión de los municipios. El municipio le va mandando los papeles a la Nación, la Nación le baja los fondos, el municipio contrata a empresas, después se van dando informes de avance de obra, y a medida que esos informes se mandan, Nación le sigue girando fondos”.

Desde la Defensoría, aclaran que en muchos casos el estado inconcluso de las obras de construcción no es por falta de fondos.

“Muchas veces las trabas no son del orden financiero sino de la implementación de ese circuito. Por ejemplo, en los últimos dos años, las viviendas de Villa Jardín tuvieron financiamiento disponible y no avanzaron en su ejecución al ritmo al que tenían que haber avanzado. Otras veces está disponible el financiamiento y avanza muy lento o es muy engorroso el proceso administrativo”, aportó Garone. “La mayoría de las veces se traba a nivel municipal, o a nivel de discusiones entre el municipio y Nación sobre si el municipio le está mandando los planos bien, las cuestiones técnicas, el apto de la obra, todo eso”.

Ahora el panorama volvió a cambiar, dado que hubo cambios de gestión a nivel municipal y nacional.

En noviembre de 2023, el entonces presidente electo Javier Milei advirtió que una de sus intenciones sería avanzar hacia un modelo de iniciativa privada “a la chilena” y recortar el gasto en la obra pública. De todos modos, fuentes cercanas al actual ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, le confirmaron a Infobae que, aunque habrá una revisión integral, “la premisa es cumplir contratos, moverse dentro del parámetro legal. Que sea todo por ley. No es momento para contestar cualquier cosa porque hay que sentarse a revisar y analizar todo”.

“Supuestamente, las obras que ya estaban comenzadas y tenían los contratos en ejecución, van a seguir. Si eso es cierto, por lo menos se va a terminar esta tanda de viviendas en Fabricaciones Militares, no lo sabemos. No soy particularmente optimista porque siempre estuvo muy trabado”, contó Gutiérrez. “Estamos esperando cómo camina todo el circuito administrativo de financiamiento de las obras y de ahí depende toda la continuidad. Si la Nación no libera los pagos para las empresas, las empresas no trabajan”.

En cuanto al Municipio de Lanús, hubo un cambio de gestión en diciembre de 2023 cuando asumió Julián Álvarez como el nuevo intendente.

“Recién tiene un mes la gestión municipal, por lo que todavía no hubo una mesa de trabajo, que es la instancia formal que se tiene que dar en la Causa donde participan los vecinos, ni tampoco hubo audiencias judiciales que sería la otra instancia formal donde por ahí nos vemos cara a cara con los funcionarios”, contó Garone. Vale aclarar que por orden judicial, las mesas de trabajo deben realizarse cada dos meses.

Cuando Infobae se contactó con el Municipio de Lanús para conocer cuales serían los pasos a seguir en cuanto a la construcción de viviendas, no obtuvo respuesta.

En Lanús, no solo hay un déficit de viviendas, sino que también existe una escasez de suelo urbano. Esto es especialmente cierto en Villa Jardín, uno de los barrios populares más antiguos del país, cuya conformación data desde la década de 1940. Para entender el déficit territorial que existe hoy, hay que volver atrás en el tiempo, explicó María Cristina Cravino, antropóloga investigadora del CONICET y autora de la investigación “Los mil barrios informales: Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

“La década del ‘30 que fue una década de crisis mundial y ahí en los primeros asentamientos eran inmigrantes europeos. Cuando no había forma de acceso a la vivienda, la gente ocupó lugares intersticiales y desocupados y ahí aparecen los primeros indicios de las villas”, contó. “Después, ya en la década del ‘40, hay un proceso de importaciones y de inmigración rural-urbana, dado que hubo por un lado una expulsión de mano de obra del campo porque se empezó a tecnificar, y por otro lado una atracción de mano de obra a las grandes ciudades por una industrialización”.

Hasta la década de 1970, existió en la Argentina un sistema de loteos populares. Los agentes inmobiliarios solían subdividir una parcela rural para luego vender los lotes en cuotas, con una baja tasa de interés. Esto significó para los inmigrantes internos la posibilidad de adquirir un terreno asequible para luego construir sus viviendas. Aunque los terrenos se encontraban en condiciones deficitarias de infraestructura y servicios, los sectores de trabajadores encontraron un espacio donde instalarse.

Villa Jardín era hacia mediados de los años ‘50 uno de los barrios populares más poblados de Buenos Aires, de acuerdo a un estudio realizado por Adriana Laura Massidda, investigadora del CONICET. La investigación también reveló que en 1958, de acuerdo al diario de la época Nuestra Palabra, había sólo 27 canillas para todo Villa Jardín, funcionando únicamente de noche. Para una población de 35.000 personas, esto significaría una canilla por cada 1.300 habitantes.

El estudio también destaca que la expansión y consolidación de este barrio tiene gran cantidad de puntos en común con la historia de la mayoría de los barrios de emergencia de Buenos Aires: crecimiento poblacional como consecuencia de migraciones internas, en suelo no urbanizado, cerca de fuentes de trabajo; terreno inundables y la escasez de agua potable como los problemas más apremiantes; y la transformación del suelo a través del trabajo colectivo vecinal.

Lanús Oeste, donde se encuentra Villa Jardín, estaba compuesto mayormente por villas surgidas de loteos suburbanos. Villa Jardín fue la única que se había originado por ocupación, según las fuentes históricas disponibles. Los terrenos sobre los que se asentaba el barrio eran en su mayor parte privados y habían sido puestos infructuosamente en venta a principios de siglo, sin haber encontrado compradores, de acuerdo a Massidda.

Cuando inicia el período de la dictadura militar en 1976, el acceso sustentable al suelo urbano se terminó con el Decreto-Ley 8912/77, que le puso fin a la política de de loteos a bajo precio. Cuando empiezan a sentirse los efectos de su aplicación, los sectores populares, cuyas condiciones económicas se vieron golpeadas por las condiciones del período, se encontraron casi imposibilitados de acceder al suelo urbano.

“Esa idea del abuelo que construyó su casa es irreplicable en ese contexto; fue un ciclo que se cerró con la dictadura. Fue por eso que también se inició un ciclo de mayor crecimiento de ocupaciones, porque se cierra la puerta de posibilidad de acceder sobre todo al suelo– lo que demanda la gente más que vivienda, es el acceso al suelo”, reflexionó Cravino.

Crédito de las fotos de Villa Jardín en la actualidad: @dezpinosa