La Asociación Argentina de Psiquiatras salió a respaldar la reforma de la Ley de Salud Mental que pretende realizar el gobierno de Javier Milei al considerarla “un avance de enorme importancia”.
El proyecto de ley “Fundamentos y Bases para la Libertad de los Ciudadanos Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus, propone cambiar 8 artículos de la actual Ley de Salud Mental y así hacer lugar al reclamo que vienen realizando no sólo los profesionales sino también los familiares de los pacientes.
Las enfermedades mentales y adicciones no sólo afectan al paciente. En todos los casos, los alcances y las consecuencias cotidianas de estos trastornos impactan con fuerza en las madres, padres, hermanos y familiares que también le “ponen el cuerpo” a la enfermedad de sus seres queridos. Y más aún en casos de brotes, episodios agudos o situaciones extremas en las que, muchas veces, es difícil que un paciente se deje asistir o acceda voluntariamente al tratamiento médico.
“Nos encontramos frente a la oportunidad de establecer el debate de ideas que se evitó en forma aviesa en su momento, y lograr de esta manera una normativa verdaderamente consensuada que incluya los aportes y consideraciones de todos aquellos involucrados y con conocimientos actualizados en tema”, remarcaron los psiquiatras en un comunicado, aludiendo entre otras cosas al hecho de que las asociaciones de psiquiatría no fueron consultadas para la elaboración y aprobación de la norma.
La Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones fue promulgada en diciembre de 2010 y desde su entrada en vigencia planteó claroscuros. Los dos puntos más discutidos por los familiares desde hace años son las internaciones involuntarias -fuertemente trabadas por una serie de requisitos poco razonables- y la pretensión de cerrar los hospitales psiquiátricos o centros de internación de salud mental, disponiendo la internación en hospitales generales -no siempre preparados para recibir ese tipo de pacientes-, y la creación de dispositivos intermedios, que no se concretó en estos años en la medida necesaria.
El espíritu de la normativa vigente es la antimanicomialización, un punto de vista que buscó proteger los derechos del paciente en el sistema de salud, pero que, además de anacrónico porque no se corresponde con la realidad de los establecimientos especializados de hoy, en la práctica no sucedió porque no se crearon los dispositivos alternativos necesarios para que se volviese efectiva, ni tampoco se dispuso dónde ubicar a este tipo de pacientes en internaciones de tratamiento prolongado.
“La denominada ‘lógica manicomial’ solamente está en cabeza de aquellos que, sin ninguna experiencia ni conocimiento, consideran a priori la hospitalización como un avasallamiento de los derechos de la persona, cuando en realidad es la medida que brinda la medicina para salvaguardar los derechos y la integridad del sujeto arrasado por la enfermedad mental”, explicaron los profesionales.
El escrito, que lleva las firmas de los directivos de las Asociación Argentina de Psiquiatras (los doctores Fernando Taragano, Marcelo Cetkovich y Ricardo Corral), adhiere a la necesidad de la existencia de alguna instancia que permita supervisar que el tratamiento se administre en las condiciones adecuadas.
“Una visión voluntarista y pueril pretende reemplazar la instancia del tratamiento agudo con abordajes comunitarios, de enorme importancia, pero en una instancia ulterior, una vez superada la emergencia; por las características de los cuadros mentales, los mismos no se resuelven en pocos días, sino que su tratamiento agudo requiere muchas veces varias semanas para su estabilización, razón por la cual las salas de Salud Mental en Hospitales Generales sólo serán útiles en casos muy particulares”, señalaron.
Y agregaron: “La respuesta adecuada es una red asistencial con niveles primarios y secundarios y en la cual la alta complejidad -nivel terciario- está representada por los hospitales especializados, los cuales deberán estar dotados del presupuesto y equipamiento de recursos humanos y médico tecnológicos, acordes a los tiempos actuales”.
Entre las modificaciones más destacadas que plantea el proyecto de Ley Ómnibus del presidente Milei, se propone autorizar a los jueces a facilitar la hospitalización involuntaria en ciertos casos, y elimina la prohibición de crear nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos.
Los psiquiatras hicieron hincapié en que los hospitales especializados en psiquiatría se centran exclusivamente en la atención de personas con enfermedades mentales y ofrecen programas específicos para cada patología, basados en la evidencia empírica y científica. “Esto garantiza que los personas reciban el tratamiento más adecuado y actualizado, mejorando así su calidad de vida y su capacidad para reintegrarse en la sociedad”, enfatizaron.
Incluso, recordaron que a su reclamo se sumaron en forma creciente, las voces de las familias de las personas con enfermedad mental o con problemas de adicciones, que vieron cómo la ideologización de la práctica profesional dificulta el acceso a un tratamiento adecuado. “Ellos merecen recibir la mejor atención posible por parte de profesionales altamente capacitados en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de trastornos”,. sentenciaron.
Por otro lado, dijeron que la nueva normativa debería reconocer que los médicos especialistas en psiquiatría son los que están capacitados para diagnosticar de manera precisa y diferenciar los síntomas psiquiátricos secundarios a otras enfermedades.
“El campo de la salud mental es un territorio en el cual el desconocimiento y el prejuicio son la materia prima para el estigma ya discriminación de las personas afectadas. Y esto involucra también a los abordajes terapéuticos, que con frecuencia son objeto de ideas erróneas acompañadas de recomendaciones que agravan la situación”, explicaron.
Al igual que en cualquier otra especialidad médica, los psiquiatras remarcaron que la atención especializada es crucial para garantizar la máxima eficacia y resultados positivos en el tratamiento de los enfermos mentales.
“La psiquiatría moderna se ha ganado, a través de décadas de investigación y perfeccionamiento de los recursos terapéuticos, el lugar de ser considerada a la par del resto de las especialidades. Nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en lograr una norma superadora para beneficio de toda la Sociedad”, concluyeron en el escrito.