Tres años de aborto legal en Argentina: balance de una conquista amenazada

“¡Que sea ley!”, fue durante décadas la meta de lucha de los feminismos por conseguir el derecho al aborto para todas las personas gestantes en Argentina. Una meta que en algún momento rebasó el nicho para transformarse en mandato colectivo, en el reclamo urgente de una sociedad que ocupó las calles, las embadurnó de verde y gritó más fuerte: “iQue sea ley!”

El 30 de diciembre de 2020 a las 04.12 de la madrugada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, y luego de una votación de 12 horas, nuestro país finalmente despenalizó y legalizó la interrupción voluntaria de los embarazos (IVE). Se cumplen hoy tres años de la fecha histórica que culminó una historia de desobediencias.

Pero una vez que fue ley, ¿qué? ¿Cómo evitar que tremenda gesta quede en letra de molde? Es una ley que se acata pero no se cumple. Que se oculta bajo vericuetos falaces. Que va perdiendo fuerza a medida que nos perdemos en algún pueblito perdido. ¿Cómo se logra que la ley sea efectivamente ley?

“Uno de los aspectos relevantes en la provincia de Salta es la demanda sostenida de acceso a IVEs. Esto implica un esfuerzo enorme porque somos pocas personas a favor del aborto para satisfacer esa demanda. Surge así la urgencia por generar un montón de estrategias para encontrar la forma. Es un trabajo arduo. Y creo que esa demanda tiene que ver con una apropiación del derecho. Parte del feminismo y de las consignas que llevaron a la legalización de la práctica fue plantear que la ley venía a satisfacer una necesidad concreta. Y eso hoy está a la vista. Las mujeres y las disidencias acceden a la IVE, la demandan, piden información. No tienen ningún problema en hacerlo independientemente de sus preferencias religiosas o políticas”, señala Mariana Ortega, docente, activista de la organización de mujeres indígenas ARETEDE y habitante de Tartagal.

Tartagal es una ciudad al norte del norte, a 57 kilómetros de la frontera con Bolivia, y su hospital se llama Juan Domingo Perón. Ahí trabaja la doctora Miranda Ruíz, que el 3 de septiembre de 2021 terminó incomunicada en un calabozo de la cárcel de mujeres por disposición judicial tras la denuncia de familiares de una persona adulta que días antes había solicitado la interrupción de su embarazo. Más de un año después fue sobreseída porque según el juez “actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita”.

“La verdad es que finalmente la judicialización de Miranda sirvió para sensibilizar de alguna manera a la población y permitir que el aborto deje de ser un tabú y se ponga sobre la mesa. Actualmente estamos realizando unas 100 interrupciones voluntarias y legales por mes aproximadamente. Atendemos la demanda espontánea con un abordaje interdisciplinario”, cuenta Araceli Gorgal, médica residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria.

El “consultorio abortero” de Tartagal funciona los lunes por el trabajo en conjunto de psicólogas, trabajadoras sociales, médicas familiares, obstétricas y una única ginecóloga que hace las interrupciones legales —que superan las 14 semanas—. El área de acción abarca también al resto de las localidades del departamento cabecera: Embarcación, General Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza y General Ballivián.

“El problema más grande que tenemos en esta zona es que la mayoría de las ginecólogas son objetoras de conciencia y eso nos obliga a realizar solo dos interrupciones legales por semana. A veces es suficiente pero a veces no, y ahí empieza un conflicto con las derivaciones y la articulación con la provincia, la búsqueda de otro servicio de tocoginecología que se haga cargo, la movilización desde Tartagal que está lejos de todo... Esta es hoy una de nuestras principales barreras. Y una segunda situación emergente que estamos viviendo tiene que ver con recibir medicación a cuenta gotas. Últimamente llegan los tratamientos justos y a veces nos quedamos sin tratamientos. Eso es muy estresante para nosotras como trabajadoras de la salud y para las pacientes, que no tienen posibilidad de comprar una medicación que debe costar como 60 o 70 mil pesos en una farmacia”, continúa Gorgal.

¿Cómo se logra que una ley sea efectivamente ley sin insumos?

El reporte “Es mucho más que un aborto” publicado en el marco del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health que monitorea la implementación de la Ley 27.610, registra que entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo.

Hasta ahora, una fortaleza de la política de acceso al aborto seguro fue la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuyó a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol y el santafecino además produce mifepristona.

Para Florencia Fuentes, trabajadora social en el Servicio de Área Programática y Redes en Salud del hospital Mariano y Luciano de la Vega ─en el oeste del conurbano bonaerense─, uno de los logros de los tres años de implementación de la ley fue la incorporación del uso combinado de mifepristona y misoprostol.

“La aprobación y distribución de mifepristona cambió muchísimo la práctica y la posibilidad de ofrecer el tratamiento, porque la vivencia con el misoprostol solo, la experiencia de ese proceso venía acompañada muchas veces por la presentación de síntomas, de malestares y de tiempos que se agregaban a ese malestar. La mifepristona permitió el alivio de ciertos síntomas, la reducción de efectos adversos y en consecuencia planteó otra forma de acompañar y de atravesar esta situación. En las consultas donde explicamos con detalle lo que es esperable y lo que no de la práctica solía resultar incómodo anticipar un estado de malestar que venía como efecto del medicamento. El régimen combinado de mifepristona y misoprostol fue un avance que encima se incorporó súper rápido a los equipos profesionales”.

Pero a este progreso parece quedarle poca proyección con la puesta en marcha del reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU), número 70/2023, que desaparece las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado y deroga la Ley N° 27.113 que declaraba “de interés nacional y estratégica” la actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos y materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos.

¿Cómo se logra que una ley sea efectivamente ley si la falta de medicamentos ya no es problema de un hospital en Tartagal sino definición de un gobierno nacional?

Los datos del Proyecto Mirar informan que, a partir de la aprobación de la norma y hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Además, la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas hasta junio de 2023; el 92% de las cuales fueron sobre aborto.

No obstante, y aunque en el mejor de los casos se cuente con el compromiso de equipos y autoridades, todavía se observa una importante brecha territorial: las 1982 instituciones públicas que dan acceso al derecho están distribuidas desigualmente. Si se miden los servicios en instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa.

¿Cómo se logra que una ley nacional sea efectivamente ley si depende de vivir en una provincia o en otra?

Desde Santa Cruz comparte su balance Carla Micaela, integrante de la organización Socorro Rosa Rabiosa en Socorristas en Red (SanRed).

“Nosotras acompañamos abortos en el sur de Chubut, en Comodoro Rivadavia y en toda la provincia de Santa Cruz, y nuestra principal batalla es contra la violencia simbólica. Es decir, los malos tratos ejercidos por gran parte del personal de salud, que no involucra solamente a los médicos sino también a mesa de entrada y a enfermería por ejemplo. Resistencias individuales de personas individuales. Por eso, nos siguen llamando para solicitar el acompañamiento amoroso. Personas que van al hospital y después nos llaman para confirmar que lo que le dijeron es cierto o para recibir otra escucha o tener otro diálogo porque les resultó muy frío el intercambio en el hospital. Buscan un trato digno y amoroso”.

¿Cómo se logra que una ley sea efectivamente ley si su aplicación genera violencia?

Precisamente de situaciones violentas puede dar cátedra Soledad Deza, abogada tucumana, presidenta y fundadora de la Fundación Mujeres x Mujeres.

“La implementación de la IVE avanzó muy bien en Tucumán, pero a propósito de un par de casos descubrimos los `nacidos vivos de ILE´, que es una sofisticación perversa de la objeción de conciencia que se da en el Hospital Eva Perón, conocido popularmente como Hospital del Este. Son pocos casos pero trágicos porque tienen a niñas de protagonistas”.

`Los nacidos vivos por ILE´ es el nuevo horror que los sectores conservadores enquistados en el sistema de salud de Tucumán inventaron para obstaculizar derechos. Esta vez, la receta incluye inducir partos sin consentimiento ─en lugar de garantizar una interrupción legal del embarazo─ para entregar criaturas en adopción. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la existencia de al menos cinco `nacidos vivos por ILE´ de alrededor de 26 semanas.

Deza trata de explicar el espanto: “Aprendimos a ver cómo la objeción de conciencia se va sofisticando. Entonces, en vez de negar abiertamente la práctica del aborto se empiezan a tomar comportamientos más dañinos. Porque la negativa abierta de una práctica es más fácil de contrarrestar en términos de daño: alguien te niega una prestación pero podés acudir a una red, te pueden derivar… se abren puertas. Ahora están ocurriendo otras cosas: brindan información falsa, te someten a comités de ética y bioética, estiran los plazos para colocarte por fuera de la ley, y acciones más maléficas que es lo que nosotras llamamos la `objeción de conciencia encubierta´. Esto sucede cuando llegan al hospital niñas o adolescentes embarazadas, en general en una etapa tardía y en general producto de abusos sexuales, registran la ILE en la historia clínica pero provocan un nacimiento con vida. Es decir, promueven una vida extrauterina de manera artificial, con medicación para desarrollar la capacidad pulmonar, etc, para ingresarlos inmediatamente al sistema de adoptabilidad”.

Entre los disparates que intentan argumentar semejante cosa surge la idea de que interrumpir un embarazo no es necesariamente provocar un aborto.

“Técnicamente interrumpen un embarazo pero si no provocan la muerte intrauterina no tuviste un aborto. Ahí está el problema. Interrumpen el embarazo pero generan esos fetos, esas personas de pocas semanas de desarrollo con un montón de patologías… que solo dejan la vida biológica como dato de la personalidad y no sé si es un rasgo que alcance”, se pregunta Deza. Y la mera pregunta aterra.

¿Cómo se logra que una ley sea efectivamente ley si se crean maneras despiadadas de esquivarla?

El aborto transformó la vida social, política y sanitaria de la Argentina. En concreto, reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y en la política pública. Hace tres años la sociedad gritó más fuerte “¡Que sea ley!” y logró la legalidad total de la práctica. Fue la conquista histórica de una historia de desobediencias. Que así sea. Que así siga.